CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peruano Francisco Eguiguren Praeli, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó de “extremadamente preocupante” la confirmación de que un celular del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sufrió tentativas de infección con el malware Pegasus, y demandó al gobierno mexicano que garantice la “independencia e imparcialidad” en la investigación sobre las “supuestas acciones de espionaje”. Según AFP, Eguiguren exigió que la indagatoria “establezca las responsabilidades, tanto materiales como intelectuales”, de las tentativas de espionaje contra activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos mexicanos, así como contra expertos del GIEI que laboraron en México bajo el mandato de la CIDH. En marzo de 2016, previo a la publicación de su último informe sobre la investigación que realizaron las autoridades mexicanas sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los expertos del GIEI recibieron mensajes de texto que contenían enlaces infectados por Pegasus, el programa espía que la empresa israelí NSO Group vende exclusivamente a gobiernos y agencias públicas de seguridad. Esto fue confirmado por Citizen Lab, institución académica adscrita a la Universidad de Toronto, en un informe que publicó esta mañana. En lo que va del año, este organismo publicó cuatro informes que exhibieron cómo en 2014 y 2015 el gobierno mexicano trató de infectar los dispositivos móviles de distintos periodistas, activistas y políticos mexicanos. Estas revelaciones derivaron en el escándalo bautizado en las redes sociales como #GobiernoEspía y provocaron la pérdida de confianza de la sociedad civil hacia el gobierno federal, lo que generó que organizaciones no gubernamentales abandonaran la Alianza por un Gobierno Abierto (AGA), hasta que las autoridades esclarezcan el uso de los programas espías. El tema del espionaje gubernamental ilegal presuntamente operado por el gobierno de Enrique Peña Nieto se tocó en el 163º periodo de sesiones de la CIDH, el pasado jueves 6, y culminó durante la audiencia sobre el mecanismo de seguimiento a la investigación del caso Ayotzinapa. Durante la sesión, el comisionado James Cavallaro informó que los integrantes del GIEI le hicieron llegar una carta en la que indicaban que, durante su misión en el país, recibieron mensajes idénticos a los que fueron usados para infectar los celulares de periodistas, activistas y políticos. En la sala se encontraban Mario Patrón y Santiago Aguirre, director y subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), respectivamente, quienes forman parte del grupo de personas que fueron víctimas de intentos de espionaje gubernamental. Patrón lamentó que el gobierno mexicano gastara recursos para espiar a los activistas en lugar de destinar sus esfuerzos para dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. La delegación de representantes del gobierno mexicano encabezada por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob), se vio acorralada por los señalamientos, tanto de los comisionados de la CIDH como de los activistas. En esa ocasión los funcionarios mexicanos aseveraron que la Procuraduría General de la República (PGR) había abierto una investigación para identificar a quienes utilizaron el sistema Pegasus para espiar de manera ilegal a los ciudadanos mexicanos. Semanas antes, el 22 de junio, la diputada panista Brenda Velázquez presentó una denuncia ante la CIDH contra el gobierno mexicano por los casos de espionaje revelados por Citizen Lab.