TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Activistas y afiliados a una red de 35 organizaciones civiles demandaron al gobierno estatal y federal la desarticulación de un grupo armado que opera en la región de Venustiano Carranza y que mantiene bajo amenaza a residentes de las comunidades de Cruztón y Nueva Libertad, donde al menos ya causaron un asesinato. Los integrantes de los colectivos, organizaciones adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, arribaron a esa zona el domingo pasado en el marco de una caravana de solidaridad para documentar la violencia que viven los habitantes de los poblados de Cruztón y Nueva Libertad, del municipio Venustiano Carranza. Los habitantes, señalaron los activistas, viven amenazados por un grupo armado denominado Nuevo Guadalupe Victoria, quienes portan armas de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano y actúan en total impunidad. Los miembros de la caravana dijeron hoy que el pasado 22 de mayo el grupo armado actuó con la complicidad del gobierno y perpetró un ataque armado contra residentes de las comunidades de Cruztón y Nueva Libertad, cuando éstos se encontraban en el cementerio, resguardando y limpiando el lugar sagrado que han poseído desde hace más de un siglo. Días atrás, el 10 de mayo, el grupo armado había llegado a la zona para profanar las tumbas de los habitantes del lugar. En esa agresión perdió la vida Rodrigo Guadalupe Huet Gómez. Las ONG denunciaron que los pobladores de Cruztón y Nueva Libertad siguen con el temor de un nuevo ataque, pues han estado exigiendo que se investigue, captura y sancione a los responsables del crimen que cometieron en la zona. El mismo grupo armado cortó el suministro de agua a las 60 familias de Nueva Libertad, desde el martes 18, lo que representa para ellos una crítica situación de subsistencia. Los presuntos paramilitares reclaman las tierras que poseen los habitantes de Cruztón y Nueva Libertad, sin embargo, éstos alegan que es falsa la exigencia, pues las tierras les pertenecen desde sus antepasados. Los activistas y la red de organizaciones civiles exigieron al gobierno que realice una investigación exhaustiva e imparcial para dar con los responsables materiales e intelectuales de este ataque, así como “evitar que el asesinato del compañero Rodrigo Guadalupe Huet Gómez quede en la impunidad”. Demandaron también investigar, desarmar y sancionar al grupo armado que opera en la zona. Entre las organizaciones que respaldan a los afectados destacan Semilla Digna, Koma Ilel, Casa Gandhi, Red Contra la Represión y por la Solidaridad (RrvR), Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (Elcor), Grupo de Trabajo no estamos todxs, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC (CDMCH), Centro Digna Ochoa, Salud y Desarrollo Comunitario AC (Sadec), Centro Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y colectivos de diferentes países con presencia en México y en Chiapas.