COLIMA, Col. (apro).- El retraso de más de dos años en la emisión de la Alerta de Violencia de Género en la entidad es una muestra de “la violencia institucional de la que hemos sido objeto las mujeres al negar información y no dar cumplimiento a los plazos y compromisos adquiridos”, denunció el Frente de Asociaciones, Colectivos y Organizaciones en Defensa de las Mujeres en Colima. No obstante, consideró un logro que finalmente la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) anunciara su procedencia, dado que las instituciones gubernamentales “ya no pueden negar el incremento de violencia” contra las mujeres, así como “la necesidad de desarrollar una serie de medidas inmediatas para disminuir en el corto y de erradicar en el largo plazo esta violencia que afecta a la sociedad en general”. A través de un pronunciamiento en el que aparece como responsable la activista María del Carmen García García, las agrupaciones consideraron un error que en la declaratoria no se incluyera a todos los municipios y, más grave aún, que se dejara fuera a Manzanillo, al que sólo se hace alusión en el documento mencionando que habrá “acciones específicas”, cuando ahí se han encontrado 15 cuerpos de al menos 27 feminicidios cometidos de enero al 27 de junio de 2017. El frente exigió a los tres poderes del estado que pongan en práctica las acciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), consistentes en seguridad, prevención, justicia y reparación y visibilización de la violencia de género, así como un mensaje de cero tolerancia para lograr un antes y un después en el entorno socio-cultural del estado. “La AVGM debe considerarse política pública prioritaria que exprese la voluntad de eliminar la violencia contra niñas, niños, mujeres y mujeres transgénero y transexuales”, puntualizó. Y señaló que de acuerdo con el Resolutivo III de la declaratoria, “el gobierno debe dar cumplimiento cabal e inmediato a las propuestas y conclusiones emitidas en el informe elaborado por el grupo de trabajo que analizó la violencia contra las mujeres en la entidad”. De igual manera, consideró imperante que mandos medios y superiores de los gobiernos municipales y el estatal se capaciten en aspectos referentes a feminismo, perspectiva de género y derechos humanos, además de que las unidades de género estén encabezadas por personal cuyas funciones sean específicas y cuenten con presupuesto claro y declarable para lograr cambios sistemáticos. Según el Frente, la declaratoria de alerta demanda de las instituciones de gobierno estar a la altura de la gravedad del problema de violencia de género, y en particular el Instituto Colimense de las Mujeres (ICM) como organismo rector de la política pública de género en el estado. En ese sentido, apuntó, “es responsabilidad del Estado gestionar y administrar con transparencia los presupuestos destinados al cumplimiento de todas las acciones de esta AVGM, por lo que es inadmisible el argumento de la inexistencia de recursos”. Las organizaciones se comprometieron a colaborar desde la sociedad civil para que la AVGM logre prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y que contribuya a que Colima deje de ser uno de los estados más violentos del país. El frente está conformado por el Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez, A.C. (CAM), Promotores de Derechos Humanos, Proceder A.C., Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Colima, Fundación con Equidad A.C., Mujeres en Alerta, Colectivo Rebeldía Violeta, Colectivo Rosas Rojas A.C., Calle sin Acoso Colima, RAZO, Atención Integral y Colectivo Inclusión.