CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día antes de vencer el plazo legal para responder a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) aceptó la Recomendación 4/2017 “en todos sus términos” por el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte. Se trata de las diversas observaciones y sugerencias que el organismo le hizo el pasado 21 de junio sobre los feminicidios de la modelo colombiana Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete Avilés, y la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez; así como el homicidio del fotoperiodista Rubén Manuel Espinosa Becerril, registrados el viernes 31 de julio de 2015. En un comunicado emitido la tarde del martes, la dependencia encabezada por el encargado de despacho, Edmundo Garrido, informó que “respetuosa en todo momento de los derechos humanos, previstos en los instrumentos internacionales y en nuestro orden jurídico, ha decidido aceptar en todos sus términos, los puntos recomendatorios de dicho Instrumento”. La Procuraduría añadió que realizará “las acciones pertinentes” para cumplir las recomendaciones. Entre ellas, mencionó “revisar los protocolos de investigación en la materia para armonizarlos con el Sistema Procesal Acusatorio; fortalecer la capacitación del personal ministerial y policial, así como agotar las líneas de investigación que resulten necesarias”. Aunque no lo mencionó en su comunicado, la dependencia también deberá presentar -en no más de 90 días- un plan integral de investigación para subsanar las omisiones que quedan pendientes de resolver y emitir una ruta de acción para tomar en cuenta que las víctimas podrían pertenecer a más de un grupo en situación de vulnerabilidad. Tampoco refirió que deberá indemnizar a la familia de las víctimas, dar acompañamiento psicológico a quienes lo requieran y disculparse públicamente con ellos. Lo que sí destacó la PGJ es su “preocupación (porque) en el quehacer cotidiano de los servidores públicos que la componen, se guie por un objetivo esencial: el respeto y protección de la dignidad de toda persona”. En la Recomendación 4/2017, la CDHDF determinó que tanto la PGJ-CDMX, como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) incurrieron en múltiples omisiones, errores e irregularidades que violaron los derechos humanos de las personas asesinadas y de sus familiares. Tal situación ocurrió mientras Rodolfo Ríos Garza era procurador y Edgar Elías Azar presidía el Poder Judicial de la capital del país. El primero renunció el pasado 24 de junio -tres días después de la Recomendación-, mientras que el segundo lo hizo el pasado 30 de marzo para, un mes después, ser nombrado embajador de México en los Países Bajos. La Comisión presidida por Perla Gómez destacó que, tanto la Procuraduría como el Tribunal, carecieron de “una investigación adecuada, dirigente, integral, oportuna, eficaz y exhaustiva” del caso. No fue todo: ninguna actuó conforme a los protocolos de investigación para cada delito ni establecieron una línea de investigación que considerara que el crimen pudo estar motivado por alguna característica particular de las víctimas, como el género, el ejercicio periodístico o la defensa de derechos humanos. Hasta la noche de este martes, el TSJ-CDMX, presidido por Álvaro Augusto Pérez Juárez, no se había pronunciado si aceptaba o no la Recomendación de la CDHDF.