TOLUCA, Edomex (apro).- El gobernador Eruviel Ávila desacató la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal promulgada en 2008, porque no destinó el presupuesto correspondiente para capacitación y certificación, y no se ha dado seguimiento a la operación del sistema adversarial, acusatorio y oral. Así lo aseguró José Humbertus Pérez, líder del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna A.C (FMVD), quien se encuentra recluido en el penal de Chiconautla desde el 4 de noviembre de 2015 por denunciar la corrupción de políticos en el sector inmobiliario. En entrevista, destacó que el nuevo sistema obligaba la capacitación y certificación de los involucrados a más tardar al 18 de junio de 2016, cuando entró en vigor, para garantizar el correcto funcionamiento. No obstante, a través del oficio 202N10002/UIPPEIMSJ/030/05/17 del 15 de mayo de 2017, el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ) admitió que “no ha certificado a integrante alguno de las instituciones de seguridad pública de la entidad”. Al dar respuesta a una solicitud de información de Pérez Espinoza, la titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del IMSJ, María del Carmen Peralta Guzmán, manifestó que la institución fue creada el 18 de octubre de 2011 para ocuparse de la capacitación policiaca pública y privada. Desde entonces, refirió, “(el Instituto) no fue beneficiado con recursos necesarios para la implementación de la reforma del sistema de justicia penal”. Conforme a los Presupuestos de Egresos del Estado de México, en 2012 se asignaron al IMSJ 164 millones 980 mil 673 pesos, un año después los recursos ascendieron a 170 millones 049 mil 209 y para 2014 le fueron destinados 177 millones 103 mil 059 pesos, mientras que en 2015 recibió 330 millones 051 mil 930, en 2016 el presupuesto subió a 338 millones 221 mil 377, y para este año alcanzó 356 millones 627 mil 301 pesos. Por ello, el presidente del FMVD solicitó al Instituto de Transparencia (Infoem) de la entidad que pida detalles sobre el destino de los recursos a José Manzur, secretario general de Gobierno; Damián Canales y Eduardo Valiente, responsables de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), y al fiscal Alejandro Gómez, en su calidad de presidente y vocales de la Junta de Gobierno del IMSJ, respectivamente. Estos funcionarios, expuso, son los responsables de la aplicación correcta o, en su defecto, de las anomalías en el manejo de los recursos públicos asignados a la institución. Para el activista, la respuesta del IMSJ acredita que durante el sexenio del gobernador Eruviel Ávila no se instaló el sistema de justicia penal acusatorio, oral y adversarial, por lo que incumplió con el artículo Octavo Transitorio de la reforma federal de 2008. Esta disposición ordena a las legislaturas de las distintas entidades destinar los recursos necesarios para garantizar su total operatividad en un plazo de ocho años contados a partir de entonces. Como resultado, advirtió Pérez Espinoza, el nuevo sistema de justicia no se instaló ni consolidó, “teniendo como resultado graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias para simular que las conductas delictivas se realizaron en flagrancia, la fabricación de carpetas por falsos delitos y el aumento de casos de tortura”. Las modificaciones, insistió, obligaban a las entidades federativas a etiquetar desde 2009 recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y la Ciudad de México (FASP), a fin de operarla. “Los gobernadores Enrique Peña y Eruviel Ávila debieron destinar y etiquetar recursos para la constitución y consolidación del (nuevo) sistema de justicia, hecho que no aconteció y que tanto el titular del Ejecutivo como las legislaturas omitieron”, subrayó. De acuerdo con los Presupuestos de Egresos correspondientes, desde 2009 el Estado de México dispuso de más de 5 mil millones de pesos del FASP para poner en marcha el nuevo sistema de justicia. Ese año le fueron asignados a la entidad más de 550 millones de pesos para tal fin, una cantidad equivalente del FASP en 2010; un año después se presupuestaron 566.5 millones; en 2012, 587 millones 984 mil; en 2013, 606 millones; en 2014, 645 millones; un año después, 620 millones; en 2016, 554 millones 919 mil, y este año 492 millones de pesos. Además, refirió el activista, en lo que va de su administración, el gobernador Eruviel Ávila ha dispuesto de más de un billón 377 mil millones de pesos, “recursos suficientes para haber instalado y consolidado el sistema de justicia adversarial, acusatorio y oral, cuyo término constitucional feneció el pasado 18 de junio de 2016”, sin que eso haya ocurrido, por lo que se encuentra en falta.