CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Por mayoría de votos y a petición de la bancada del PRI, el Congreso del Estado aplazó la aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Ante la decisión, el secretario de Gobierno, César Jáuregui Robles, pidió a los legisladores que están en contra de decir abiertamente el porqué de su negativa, pues consideró que la iniciativa del Ejecutivo da más poder a la ciudadanía y al mismo Legislativo. No obstante, advirtió que, con ley o sin ley, el combate a la corrupción que emprendió el gobierno de Javier Corral Jurado continuará. Actualmente, hay 12 exfuncionarios del gobierno de César Horacio Duarte vinculados a proceso en el fuero común y otros más en el federal, mientras que el exgobernador se encuentra prófugo de la justicia. El pasado 4 de julio, Javier Corral envió la iniciativa que incluye varios mecanismos de participación ciudadana desarrollados en siete mesas plurales en la que participaron magistrados, expertos y ciudadanos, además de que hicieron modificaciones propuestas por representantes de la ONU en materia de anticorrupción, por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el experto Eduardo Bojórquez. “Envío esta iniciativa con el compromiso de edificar en Chihuahua un esquema a la altura de las aspiraciones sociales y del cambio democrático que impulsó el pueblo de Chihuahua. Con esta propuesta se inicia una reforma institucional para evitar que otro César Duarte vuelva a saquear el estado”, agregó el panista acompañado de todo su gabinete. Sin embargo, este lunes en sesión extraordinaria, la diputada priista Isela Torres, exsubsecretaria de Educación en Juárez durante el gobierno duartista, pidió quitar la votación del SEA. “Tengo muchas dudas”, justificó y encontró respaldo en otras fracciones. El PAN solicitó un receso para analizar el tema y finalmente, éste fue eliminado del orden del día por unanimidad. Previo a esa decisión, los legisladores también quitaron del orden del día la aprobación de la reestructura de la deuda bancaria que pidió el Poder Ejecutivo, que busca obtener 20 mil millones de pesos para pagar deudas con siete instituciones bancarias y buscar tasas más económicas, ya que actualmente es una de las deudas más caras de las entidades federativas. El diputado del Movimiento Ciudadano, Miguel Vallejo, apoyado por el PAN, pidió bajar la iniciativa porque aún quedaban dudas, pero el PRI insistía en votarla para echarla abajo, ya que los panistas no habían logrado los votos suficientes para su aprobación. Falta análisis Este martes, en conferencia de prensa, el secretario César Jáuregui, -acompañado de su homóloga de la Función Pública estatal, Rocío Stefany Olmos Loya, y el director de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Eduardo Fernández Herrera- advirtió que en el gobierno continuarán combatiendo la corrupción, con o sin la votación del Congreso del Estado, ya que se empeñan en obstaculizar la iniciativa, a pesar de que ésta da mayores facultades a los legisladores. “Nos parece que quienes hoy están en desacuerdo no han acabado de analizar al detalle de lo que es esta iniciativa”, dijo. Abundó en que el sistema propuesto por el Ejecutivo va dirigido a la observancia, vigilancia, fiscalización de los recursos, programas, licitaciones, financiamientos y en general, a la forma en cómo se maneja el dinero en las administraciones públicas, es decir, en los gobiernos ejecutivos. “Este sistema viene a fortalecer a los órganos fiscalizadores, la participación ciudadana, al empoderamiento de la sociedad”, insistió en varias ocasiones. El Poder Legislativo tendría un papel preponderante porque ese sistema le da atribuciones con mayor detalle y profundidad, como la designación del fiscal anticorrupción que, a diferencia de otros estados, se pasa totalmente al Congreso del Estado para ser votado por dos tercios del pleno, agregó. Además, la Auditoría Superior del Estado, que es un órgano del propio Legislativo, tendrá más posibilidades de actuar en los programas aún dentro del ejercicio fiscal. “Pareciera ser que alguien que está desde el Congreso en contra de un sistema anticorrupción. Estaría escupiendo para arriba y esa situación se debe corregir a cabalidad”, criticó Jáuregui. El secretario recordó que tienen como plazo para armonizar el marco jurídico adecuado hasta el 18 de julio, porque así está establecido a nivel federal. “Se vale estar en desacuerdo por ser oposición, pero que se diga. También existen ocasiones que las iniciativas se rechazan por ignorancia”, abundó. La encargada de la Función Pública, Stefany Olmos Loya, refirió que la encuesta de calidad de impacto gubernamental realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reflejó que la segunda causa de preocupación de los ciudadanos de Chihuahua es la corrupción. En esa encuesta, Chihuahua quedó en tercer lugar a nivel nacional, con una tasa de 36 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. La encuesta nacional de calidad regulatoria arrojó que 84% de los chihuahuenses opina que la corrupción es una situación frecuente o muy frecuente en la entidad. “La presentación del Sistema Estatal Anticorrupción es de gran relevancia, porque buscamos que estos hechos no vuelvan a repetirse en Chihuahua”, explicó. La iniciativa, dijo Olmos Loya, deja claro qué conductas no serán toleradas y no podrán quedar en la impunidad, cuando se cometan actos indebidos. Lamentó que, en la entidad, en años anteriores fallaron los pesos y contrapesos, porque hubo alguien que no hizo su función, ni en la Contraloría, ni en la Auditoría. Con la iniciativa presentada, siguió, existirá un sistema que contempla un comité coordinador, el auditor, fiscal anticorrupción, secretario de la Función Pública, una sala de justicia administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), el presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip) y un representante del Consejo de la Judicatura, y ese comité será presidido por un ciudadano. A decir de la funcionaria, los titulares de organismos autónomos como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el Ichitaip, el Instituto Estatal Electoral (IEE) y el Tribunal Estatal Electoral serán nombrados por el Congreso y se pondrán reglas a nivel constitucional, que deben cumplir quienes sean contemplados para desempeñar esta función. Un ejemplo es que, en los cinco años previos, quienes aspiren a esos cargos no pueden haber sido dirigentes o candidatos de algún partido político. “Quien va a ser revisado no puede nombrar a su contralor, la lógica es que haya un tercero nombrándole contralor para que esta figura realmente funcione como contrapeso”, añadió y explicó que se conformará un panel de expertos, para definir una terna que será presentada al Congreso para diversos nombramientos. El SEA va acompañado de una serie de reformas, como una al Código Penal, para incrementar las sanciones a funcionarios públicos que cometen delitos, toda vez que actualmente no están considerados como delitos graves. Ese es sólo el primer paso para avanzar en esta materia, anunció, pero se requiere la aprobación de la propuesta enviada al Congreso, ya que se propondrán reformas al Código Penal del Estado, que determine a la corrupción como delito imprescriptible en la entidad y se perseguiría de oficio. Asimismo, formularán reformas en materia de traslación de dominio y aumento de delitos graves en materia de corrupción. En la presentación de la iniciativa, el gobernador Javier Corral dijo: “Con esta iniciativa iniciamos en Chihuahua el Sistema Estatal Anticorrupción que ofrecimos, que será la instancia de coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno estatal y municipal, competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas, hechos de corrupción, fiscalización y control de recursos públicos”. Dicha propuesta, aseguró, responde a los principios de transparencia y máxima publicidad, porque establece que las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés de los funcionarios, sean públicas y susceptibles de verificación, sujetas a la excepción que marque la ley”. Urgen reestructuración de deuda En la conferencia, el director de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Eduardo Fernández Herrera, explicó que la actual administración heredó 48 mil millones de pesos de deuda en tres componentes: 20 mil 400 millones con bancos; dos mil 500 con Banobras y la deuda más grande, adquirida con emisiones bursátiles. Según dijo, el gobierno anterior no consideraba deuda la bursatilización, pero ahora buscan ser transparentes y por la Ley de Disciplina Financiera, están considerados y contabilizados a la deuda de Chihuahua, por lo que suman 48 mil millones de pesos y están en posibilidad de reestructurar el bloque de lo que deben a siete bancos. “Es una de las deudas más caras, es el sexto estado más caro (por la deuda), empezamos a trabajar en el proceso de reestructura (...) Es el tercer estado con deuda más alta y la sexta deuda más cara, es una combinación explosiva que cuesta a las finanzas del estado de Chihuahua”, insistió. Jáuregui recordó que Chihuahua tiene el primer lugar en deuda per cápita. Fernández Herrera agregó que el crédito que piden que se apruebe es por 20 mil 400 millones de pesos, para llevarlos a una tasa menor. “Es posible porque en los bancos y en el país tienen confianza en el gobierno actual, no es una cuestión política, sino económica. Los bancos se basan en la seguridad de gobierno y conforme se vio el desmoronamiento del gobierno anterior, puso sobretasas más altas, esa puede ser una explicación”. Actualmente, añadió, los bancos los ven con “buenos ojos” por los ahorros y medidas de austeridad que han tenido. “Hemos tenido acercamiento con los bancos a los que se les debe y a los que no, y la mayor parte de ellos están interesados en prestarle al estado de Chihuahua, con mejores condiciones a como fueron contratadas”. Insistió: “El crédito nuevo es para pagar exactamente los 20 mil 400 millones de pesos que se les deben a siete bancos, la intención es con menores condiciones, menor tasa de interés y menos garantías, sobre los tres ejes fundamentales en los que se reestructura un crédito, pensamos que podemos obtener mejores condiciones y lo estamos solicitando con urgencia”. Y es que, dijo, los chihuahuenses pagan intereses todos los días que costarán alrededor de dos mil millones de pesos al año. “Podemos pagar menos intereses para pagar cuestiones más importantes. La Ley de Disciplina Financiera indica que los que ahorros que se hagan en cualquier tipo de ejercicio presupuestal y principalmente en deuda, tendrán que ser aplicados a la inversión pública o a sanear las finanzas del estado. Por ley no pueden ser desviados a otros conceptos, no se pueden ir a gasto corriente o para contratar más gente, todos los ahorros serán destinados a inversión pública”, explicó Fernández Herrera.