Relatoría de la CIDH exige a Peña transparentar sus políticas de espionaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La relatoría especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió hoy al gobierno mexicano a que transparente sus políticas de espionaje y le recordó que las tentativas de infecciones ilegales de los celulares de periodistas, activistas y políticos con el malware Pegasus deben ser “drásticamente sancionadas”.

Además, pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto que investigue la “posible vinculación de entidades estatales” en los intentos de espionaje que documentó el Citizen Lab desde febrero pasado, por lo que insistió en la necesidad de dedicar “todos los mecanismos legales e institucionales” para garantizar la independencia y la imparcialidad de la investigación.

A medida que se intensifica el escándalo del presunto espionaje gubernamental –bautizado #GobiernoEspía en las redes sociales–, el relator de la CIDH insistió en que corresponde al gobierno federal informar al público sobre los “programas de vigilancia o espionaje, su alcance y los controles existentes”.

“Esta obligación abarca la información sobre su marco regulatorio, los contratos para la adquisición de estos programas, los protocolos y procedimientos de autorización, de selección de objetivos y de manejo de datos, así como información sobre el uso y control de estas técnicas”, abundó.

Esta recomendación forma parte de las demandas de las organizaciones que interpusieron una denuncia ante la PGR el pasado 19 de junio para que esta dependencia investigue qué agencia del gobierno mexicano operó los intentos de espionaje contra 19 civiles, entre ellos un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un órgano que operó en México bajo mandato de la CIDH.

En un comunicado, la relatoría de la CIDH también subrayó que, “bajo ninguna circunstancia, los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que difundan información sobre este tipo de programas de vigilancia, por considerarla de interés público, pueden ser sometidos a sanciones ulteriores”.

Las organizaciones que denunciaron los intentos de espionaje, entre ellas Artículo 19, Centro ProDH y Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), exigen al gobierno de Peña Nieto que transparente todos los contratos que las agencias de seguridad celebraron para la compra de malwares espías como Pegasus.

Además, reiteran los llamados a la administración actual para que un grupo internacional supervise la investigación de la PGR, con el afán de garantizar que ésta se lleve a cabo de manera exhaustiva.

Cabe recordar que, según la escasa información pública disponible, la PGR, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob)– y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compraron paquetes de infecciones de Pegasus y actualizaciones del mismo sistema en los últimos dos años.

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