CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Reducir la pobreza y mejorar los servicios básicos son dos fines loables para dirigir el desarrollo y el crecimiento económico sostenibles. Si además se piensa en un lugar como la región del Río Sonora, devastado por el peor derrame tóxico de la historia de la minería, añadir a aquellos objetivos los de la reactivación económica y la expansión de oportunidades para vidas saludables y productivas, nos llevan a pensar que la creación de Zonas Económicas Especiales es positivo. Sin embargo, mucho depende de los medios empleados para conseguir dichos fines, puesto que el fomento de las inversiones, el impulso a la productividad, así como la promoción de la competitividad y el empleo, no necesariamente conllevan una mejor distribución de ingresos entre la población. A veces, lamentablemente las más de las veces en México, los apoyos a tales inversiones se disponen para favorecer a las personas que más tienen, ocasionando por resultado la ampliación de la brecha entre quienes nada tienen y quienes acaparan cada vez más poder. Por eso mismo es determinante incidir en la orientación de las Zonas Económicas Especiales. En ello se juega que se conviertan en un instrumento democrático de mejora de la justicia social o, por el contrario, en un medio más para que las instituciones de gobierno se coloquen al servicio de las élites. Nuevamente, para el caso del Río Sonora conocer el fin real que está detrás de la creación de su Zona Económica Especial hará más visible esta dicotomía, ya que si los incentivos que genere son en beneficio del mismo sector que causó el derrame que la motivó en primer lugar, se sabrá que constituye una afrenta más que usa la desgracia de la gente, no para reparar sus afectaciones, sino para profundizar en las injusticias. Por tal razón, vale la pena colocar la mirada pública en lo que sucede con la Zona Económica Especial para el Río Sonora. El 20 de febrero fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la ley que la crea, misma que entró en vigor al siguiente día. Noventa días más tarde, la titular del Ejecutivo debía emitir su reglamento. En igual plazo debían quedar establecidas una Comisión Intersectorial y un Consejo Técnico, instancias responsables de la operación y evaluación de la Zona –la cual por ley se tiene previsto que pueda llegar a funcionar por un periodo de 15 años–. Una primera inconsistencia es que nada se conoce de tal reglamento e instancias. Por su parte, 30 días después de la entrada en vigor de aquella ley, la gobernadora del Estado tuvo que haber publicado una declaratoria de la Zona. Ahí una segunda inconsistencia, ya que ello no aconteció sino hasta el pasado 15 de mayo, con casi dos meses de retraso. Más importante, dicha declaratoria emitida no contiene algo que por ley tenía la obligación de externarse: las facilidades administrativas y los posibles incentivos fiscales y económicos que más tarde tendrán que concretarse con un segundo decreto proveniente de tal gobernadora. Omisiones La omisión no es menor. La Declaratoria de la Zona Especial Río Sonora sí trae la delimitación geográfica de la misma, que abarca ocho municipios de la entidad. Sí estipula que se tiene hasta el 1 de diciembre de este año para celebrar convenios de coordinación entre tales municipios y el gobierno estatal. Sí dispone que la fecha en que iniciará operaciones la Zona es el primero de enero del 2018. Y muy trascendente, sí establece un plazo para que los gobiernos municipales manifiesten su aceptación de formar parte de ella. Todo con cronograma incluido. Pero respecto del adelanto de las facilidades administrativas e incentivos fiscales y económicos, la Declaratoria guarda silencio. Lo deja para el siguiente decreto. Sin embargo, el plazo marcado en la ley para que los municipios acepten participar en la Zona quedó en marcha. Supuestamente durante el mes de junio transcurrió el periodo para que los ayuntamientos manifestaran su consentimiento. El cual no se emitía solo, toda vez que debía acompañarse de un acuerdo donde quedaran señaladas, entre otras, la obligación de suscribir el convenio de coordinación con el gobierno estatal; la de participar en la elaboración del Programa de Desarrollo a cargo de la Secretaría de Hacienda del Estado; incluso la de realizar todas las medidas administrativas y legales necesarias para operar la Zona; así como el compromiso de participar en el financiamiento de las inversiones públicas que se requieran para que funcione la Zona y hasta la disposición de los servicios públicos necesarios para el mismo objetivo. Como se puede ver, algo nada menor. Nada menor porque lo que el consentimiento de los municipios para participar en la Zona puede significar, en términos prácticos, es la sujeción de sus funciones al servicio de su operación. Por ejemplo, los planes de desarrollo urbano municipal, la creación de reservas territoriales, el uso de suelo, las licencias de contrucción, los servicios de agua potable, tratamiento de aguas residuales y disposición final de residuos, todos, pueden llegar a comprometerse en aras de priorizar esa Zona. Conviene recalcarlo, todos los anteriores compromisos se fijan desde este primer consentimiento de los municipios y no hasta la suscripción de los convenios de coordinación. Si de por sí ya sería constitucionalmente cuestionable este tipo de concesiones, alarmente es que se firmen en blanco sin conocer la orientación de la Zona Económica Especial para el Río Sonora. Por eso cabe preguntar ¿para quién estarán trabajando los municipios? Lo que reciben a cambio no es nada en comparación: los municipios deben informar por ahora sobre las necesidades de infraestructura, las acciones de política pública y la estimación de recursos públicos que a su juicio se necesiten para el desarrollo de la Zona, pero del gobierno estatal no obtienen mayor compromiso que tomarlo en cuenta para el Programa de Desarrollo que elaborará la Secretaría de Hacienda en saque inicial. Ahora bien, si este panorama es preocupante, todavía más grave si se medita sobre lo más importante: la participación de la gente. ¿Dónde quedan las personas afectadas? ¿Cómo influyen en la orientación, contenido, operación y evaluación del funcionamiento de la Zona que se crea supuestamente en su beneficio y como una medida de reparación tras lo ocurrido con el derrame que dañó toda la región del Río Sonora? ¿Han sido informadas de forma oportuna, accesible y suficiente? ¿Han sido consultadas tanto por gobierno estatal como por sus gobiernos municipales? ¿Cómo pueden asegurarse de que se les beneficiará? La transparencia, acorde a esta ley especial, queda para después. La información no está en estos momentos fundacionales en poder de la gente. El respeto a los derechos humanos de las personas y comunidades involucradas, incluido el de un medio ambiente sano –vital si se piensa en el derrame que motivó toda esta cuestión–, alcanza solamente una mención casi retórica al señalarse en la ley que la Zona los atenderá. Y en cuanto a la participación, da para decir que se fomentará la inclusión de las y los habitantes de la región como guía en los convenios de coordinación entre municipios y gobierno estatal, los cuales, si bien deberán promover el desarrollo integral de tales personas y comunidades, lo harán según lo previsto en el Programa de Desarrollo que se elaborará sin consulta real. En definitiva, si hasta algunos programas estatales deberán destinarse para lograr el cumplimiento de los objetivos de la Zona Especial del Río Sonora; si incluso se deberán tratar de aplicar programas federales a favor de la región; debe volverse a preguntar ¿en beneficio de quiénes? y ¿con cuál visión? Un último dato contenido en la ley para acrecentar las preocupaciones: a representantes de la sociedad civil se les puede invitar a sesiones del Comité Técnico con que contará la Zona, junto con representantes de las empresas que inviertan o participen en ella, pero para integrar tal Comité solamente queda previsto una persona representante del sector empresarial. Y entonces, por última ocasión, ¿al servicio de quién está esta Zona?