CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El discurso gubernamental suele cuestionar las observaciones que hacen las organizaciones sociales sobre la violación a los derechos humanos en el país en vez de aplicar sus recomendaciones para garantizar justicia, aseguró Tania Reneaum Panzi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México. Luego de la presentación del informe Falsas sospechas: Detenciones Arbitrarias por la Policía en México, la directiva dijo en entrevista con Apro que en la entrega de ese documento las autoridades federales cuestionaron la razón por la que las organizaciones defensoras de derechos humanos “siempre están del lado de las personas que cometen ilícitos penales y no de las personas de a pie”. Su respuesta fue simple: AI está a favor de la aplicación del debido proceso y de apoyar causas que denuncian claras ilegalidades e injusticias cometidas por el Estado. Reneaum Panzi comentó que, en otras ocasiones, cuando AI ha entregado informes sobre violación a derechos humanos a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), así como a la Procuraduría General de Justicia capitalina, la respuesta oficial se queda en una “posición dual”. Explicó: “Por una parte nos atienden y reciben los estudios de manera muy cordial y amable; también reconocen que hay retos, que van a leer los informes y a considerarlos, pero la situación no cambia, no hay un avance real en la mejoría del sistema penal”. De acuerdo con la directiva de AI, la sociedad mexicana demanda un mayor compromiso político y jurídico de sus autoridades para cambiar la situación de crisis de derechos humanos en el país. Y concluyó: “Amnistía seguirá cuestionando, seguirá poniendo evidencia empírica de que la situación tiene que cambiar”. Práctica cotidiana Durante la presentación de dicho informe, Amnistía Internacional reveló que los jóvenes y grupos marginados son las principales víctimas de esta grave violación a los derechos humanos. De acuerdo con Erika Guevara, directora para las Américas de AI, las detenciones arbitrarias se dan en el contexto de “fallidas estrategias de seguridad” y en manos de policías que “son presionados por cumplir números”. Las detenciones arbitrarias, advirtió, son generadas por extorsiones, el pago de terceros y hasta por cuestiones políticas. La directiva explicó que el informe fue elaborado a partir de 25 entrevistas a “operadores de justicia” y muestra que las detenciones arbitrarias son una “práctica cotidiana” en el ejercicio del sistema judicial que se fortalece con las deficientes condiciones laborales en que suelen trabajar jueces, fiscales, policías y otros funcionarios del sistema de justicia mexicano; por ejemplo: escasos materiales de trabajo y de capacitación, bajos salarios y exceso de tareas. En el informe AI incluyó ocho recomendaciones a los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno, así como a la PGR y al Congreso de la Unión. Entre éstas destacan la creación de un registro confiable de detenciones y de una ley que regule la fuerza pública, así como la eliminación de la figura de la prisión preventiva oficiosa.