CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, recurre a todo tipo de artimañas y pretextos para publicar extemporáneamente la reforma a la Ley Electoral del Estado de Nuevo León y, por esa vía, evitar su aplicación en el proceso electoral 2017-2018, intentando de esta manera aplicar de facto un veto a una ley que, por disposición de la Constitución Política de esa entidad, está impedido de observar. Las acciones de El Bronco tienen dos propósitos principales: uno, entorpecer el proceso de postulación de los diputados e integrantes de los ayuntamientos que pretendan reelegirse, con lo cual busca mejorar las posibilidades de triunfo de las candidaturas independientes que él promueve casi desde el inicio de su mandato; y, dos, vengarse de los diputados que se negaron a incorporar en la reforma el que los candidatos independientes al Congreso pudieran participar en el reparto de plurinominales. El Congreso cometió el grave error de dejar hasta el último momento la aprobación de la reforma a la Ley Electoral, que por ser una ley de las denominadas constitucionales, debe ser aprobada en dos vueltas. La primera la cumplieron hasta el 18 de mayo y el gobernador demoró, con toda intención, la publicación de dicha reforma en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, hasta el 17 de junio; eso llevó a que la segunda vuelta concluyera hasta el jueves 29 de junio y se la remitieran al Ejecutivo el viernes 30. Los diputados confiaron en que, puesto que la fracción III del artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León señala que el gobernador no puede “hacer observaciones a las leyes constitucionales…”, tendría que publicarla de inmediato, pero éste considera que aun cuando no pueda hacer observaciones, su equipo jurídico debe revisarla y hasta después ordenar su publicación. Desde el martes 4 advirtió que ese proceso no terminará antes del sábado 8 de julio, cuando se cumplen los 90 días previos al inicio del proceso electoral estatal 2017-2018, límite previsto en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para realizar “modificaciones legales fundamentales” a las leyes electorales. El intercambio de “golpes bajos” entre el gobernador y el Congreso continuó el miércoles 5. Por una parte, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) resolvió favorablemente para el presidente del Congreso, el priista Andrés Cantú, el recurso de protección de los derechos político electorales y validó el artículo primero transitorio de la reforma, que establece que esta regulación entra en vigor al momento de su aprobación, sin esperar su publicación, y ordenó al gobernador publicarla de inmediato. La Constitución mexicana en su artículo 105 dispone: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. Sin embargo, según los magistrados del TEE un transitorio aprobado por un Congreso estatal está por encima de una disposición constitucional, que señala que debe “promulgarse y publicarse” para que sea del conocimiento público y empiecen a correr los 90 días para interponer las acciones de inconstitucionalidad, si las hubiera. Pero el gobernador ya tenía preparado otro formalismo, pues el Congreso cometió otro error al remitirle la reforma acompañada de un oficio firmado por las secretarias del Congreso, diputadas Laura Paula López y Liliana Tijerina, cuando de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo dicho trámite lo debe realizar el Oficial Mayor. Con la devolución del oficio, el Ejecutivo gana al menos otro día y logra demorar su publicación. Aunque la reforma aborda diversos temas que fueron muy controvertidos y, desde luego, son trascendentales, como el establecimiento de una lista de plurinominales y la paridad de género en las candidaturas, el que más impacto tiene para los intereses del gobernador es el de las reglas para la reelección de los diputados e integrantes de los ayuntamientos, pues sin la reforma no hay regulación secundaria y lo único que existe son las disposiciones constitucionales, que obviamente nada más se refieren al número de ocasiones en que pueden postularse y la obligación de hacerlo por la misma vía por la que contendieron la primera ocasión, salvo que se separen del partido antes de la mitad de su mandato. Pero no hay ninguna regla para saber si tendrán que separarse de sus cargos o sí podrán continuar en los mismos, incluso durante la campaña electoral, lo cual particularmente en el caso de los presidentes municipales y los integrantes de su ayuntamiento que pretendan reelegirse resulta muy polémico, por los recursos públicos que manejan y las responsabilidades inherentes a su encargo. La reforma obligaba a separarse 90 días previos a la jornada electoral, es decir, únicamente durante las campañas electorales, en el caso de la elección coincidente con la de gobernador y un mes antes del inicio de sus campañas cuando únicamente se eligen diputados y Ayuntamientos. El Bronco trabaja para lograr la postulación de candidatos independientes en todos los distritos uninominales y en los principales municipios del Estado. Él quiere tener un Congreso independiente y más aliados en las presidencias municipales; sin embargo, no parece fácil que logre encontrar buenos candidatos para todos los puestos y, menos todavía, que logre los triunfos. Precisamente por ello busca obstaculizar el rumbo de los candidatos partidistas. Aunque seguramente la ausencia de normas al respecto no impediría la postulación para su reelección de los miembros de los ayuntamientos y diputados que así lo deseen, es un hecho que esto sí provocaría una judicialización de todo el proceso, lo que obstaculizaría el desarrollo de sus campañas electorales. Lo cierto es que El Bronco ya logró su cometido, pues el proceso ya se judicializó: ya hay una controvertida participación del TEE, misma que el gobernador ya desconoció y reiteró su negativa, y es casi un hecho que la publique después de la fecha límite. Los diputados alegarán que tienen el respaldo de una autoridad jurisdiccional, y seguramente el intercambio de recursos y declaraciones continuarán a lo largo de todo el proceso electoral. Finalmente cada uno defiende sus propios intereses y poco les importa la ciudadanía. Este análisis se publicó en la edición 2123 de la revista Proceso del 9 de julio de 2017.