CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su profunda preocupación e indignación por el espionaje a miembros de la sociedad civil mexicana, periodistas, partidos políticos de oposición y funcionarios de organismos internacionales que han criticado al gobierno de Enrique peña Nieto. En un comunicado, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), entre otras organizaciones, exigen investigar esos casos de espionaje “en forma transparente y seria”, para lo cual proponen la creación de un panel independiente de expertos y expertas internacionales. Precisan que las investigaciones realizadas por Citizen Lab, Article 19, R3D y SocialTIC, y publicadas por el diario The New York Times, evidenciaron que se han dado múltiples casos de vigilancia y espionaje mediante un software llamado Pegasus que únicamente se puede vender a gobiernos y que solo está permitido utilizar para investigar a presuntos delincuentes y terroristas. De acuerdo con el texto, “entre las víctimas de esta forma de espionaje y vigilancia se incluye a periodistas, defensores de derechos humanos y otros activistas que han hecho pública información sobre corrupción, contratos públicos irregulares, decisiones de salud pública y violaciones graves a los derechos humanos ocurridos durante esta administración”. Según revelaciones hechas públicas el pasado lunes 10, añade, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que daban asistencia técnica al gobierno mexicano para el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, también habrían sido sujetos a estas formas de espionaje. “El malware se infiltra en teléfonos celulares a través de un mensaje de texto con un enlace que, al ser accedido, facilita la instalación secreta del software que permite el monitoreo de toda actividad del celular, incluso correos electrónicos, mensajes encriptados, llamadas, cámara y micrófono”, puntualiza. Estas revelaciones de espionaje, agrega, se dan en uno de los momentos más violentos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México, con el asesinato de al menos siete periodistas y seis defensores en lo que va del año. Sostiene que la impunidad para estos casos sigue siendo la regla general, y las acciones tomadas por el gobierno no han podido garantizar justicia ni sancionar a quienes atacan a las voces críticas del gobierno y de sus funcionarios. “La respuesta del gobierno mexicano a las alegaciones de espionaje ha sido insuficiente y parecería apostar al olvido de este escándalo”, subraya. El texto destaca que la Procuraduría General de la República y su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) anunciaron la apertura de una investigación sobre la vigilancia y solicitaron el apoyo de las Naciones Unidas y la Buró Federal de Investigación de Estados Unidos, sin embargo, “los términos en que esta cooperación se está solicitando no son transparentes ni claros”. En ese sentido, demandaron la creación de un panel independiente de expertos y expertas internacionales que, a diferencia de las autoridades nacionales, pueda llevar a cabo una investigación que derive en resultados serios y creíbles para las víctimas de espionaje y para la sociedad en general. “Igualmente, llamamos al gobierno mexicano a transparentar los contratos y documentos relacionados con la adquisición y uso del software de espionaje”, remata el texto, también firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Conectas Direitos Humanos, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF), JASS (Asociadas por lo Justo), Open Society Justice Initiative (OSJI) y Robert F. Kennedy Human Rights.