TEPJF tiene elementos para anular elección en Coahuila: Frente por la Dignidad

SALTILLO, Coah. (apro).- El Frente por la Dignidad de Coahuila sostiene que existen tres razones para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decrete la nulidad de las pasadas elecciones para la gubernatura de Coahuila.

Una es que el 23% de los paquetes electorales fueron trasladados de forma irregular.

La segunda: que la coalición que encabezó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rebasó el tope de gastos de campaña para gobernador, el cual se fijó en de 19 millones de pesos, una cantidad “ridícula” para lo que se gasta en cualquier contienda electoral mexicana, señaló el Frente.

La tercera es que existió una “descarada injerencia” del gobierno de Rubén Moreira a favor del candidato Miguel Riquelme, para asegurar su impunidad ante los ilícitos que cometió a lo largo de su administración, apuntó la organización.

“El juicio que inició el Frente para anular las elecciones todavía se encuentra en el tribunal estatal”, informó Bernardo Gómez, presidente local del Partido Acción Nacional (PAN).

Entre las pruebas que presentaron los partidos que integran el Frente por la Dignidad de Coahuila se encuentran videos, fotografías y testimonios sobre las irregularidades que existieron en el resguardo y traslado de los paquetes electorales.

Los videos muestran a funcionarios del municipio de Torreón trasladando paquetes electorales en autos particulares a los comités municipales, urnas que no contienen los sellos que evitan que su contenido sea manipulado.

Las fotografías y videos muestran también bodegas de la ciudad de Piedras Negras donde se almacenaron paquetes y están con los sellos violados, así como decenas de urnas a las que se les quitaron las cintas que resguardan su contenido.

Bernardo Gómez denunció que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) no gestionó que el Ejército vigilara las bodegas y el traslado de los paquetes electorales y en cambio esa responsabilidad la adjudicó a Fuerza Coahuila, la policía estatal que está bajo el mando del gobernador.

Debido a que existen irregularidades en el 28% de actas de escrutinio -un porcentaje inédito- la contabilidad del Programa de Resultados Preliminares (Prep) se detuvo en el 71% del total, pero con ese resultado el IEC le dio el triunfo a Miguel Riquelme, abanderado del PRI.

Otra de las irregularidades graves fue que el IEC no entregó a tiempo los nombramientos a los representantes de los partidos de oposición.

Los opositores también demandan que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue la denuncia de que algunos representantes de Nueva Alianza y el PRI recibieron como pago tabletas que estaban destinados a adolescentes de secundaria

En la demanda del Frente a los Tribunales, “se documentó que el PRI se gastó 84 millones de pesos en la elección, en publicidad, en la entrega de dádivas y otros gastos que no fueron reportados a las autoridades electorales”, dijo Gómez.

La oposición argumentó que para ocultar los gastos se utilizó la complicidad que mantiene el gobierno de Rubén Moreira con cadenas de televisión como RCG, cuyo dueño, Casimiro González, es investigado en México y Estados Unidos por lavado de dinero.

Los cinco excandidatos a la gubernatura que integran el Frente prevén que el Tribunal estatal “le dé palo” a su demanda para que se anule la elección pero confían que prospere en los tribunales federales.

Los Moreira quieren impunidad

“Rubén y Humberto Moreira deberían estar en prisión”, afirmó Armando Guadiana, candidato de Morena.

“La intervención del gobernador en el proceso electoral fue descarado. Podemos asegurar que fue una elección de Estado”, agregó el excandidato que forma parte del Frente por la Dignidad de Coahuila.

Los cinco candidatos de oposición, Guillermo Anaya, Armando Moreno José Ángel Pérez, Luis Horacio Salinas y Javier Guerrero, han denunciado algunas de las irregularidades del actual gobernador.

Lo acusan de delitos similares a los del exgobernador de Veracruz Javier Duarte: durante su administración se otorgaron millonarios contratos a “empresas fantasmas”, ilícito que sólo le costó el puesto a una funcionaria.

Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció que la administración de Moreira registra desvíos por 105 millones de pesos.

También el actual gobernador provocó la quiebra del sistema estatal de pensiones y no ha pagado sus aportaciones para el funcionamiento de las Universidades Tecnológicas.

No obstante, las denuncias más graves en contra de Rubén Moreira están relacionadas por su complicidad con Manuel Muñoz Luevano, el Mono Muñoz, capo detenido en España y que próximamente será extraditado a Estados Unidos.

El gabinete de Rubén Moreira mantuvo más de tres años a Gerardo Garza Melo, quien se desempeñó como secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial.

La dependencia se disolvió sin ningún anuncio cuando se capturó al Mono Muñoz en España, el 18 de marzo de 2016, debido a que su titular era socio del capo.

Manuel Muñoz Luevano era un operador financiero en Coahuila del grupo criminal Los Zetas. Mantenía una red de 14 empresas y 26 gasolineras, una de ellas en sociedad con Gerardo Garza Melo.

Una investigación de la SEIDO descubrió que en Coahuila la gasolina robada de los Zetas no se distribuía clandestinamente como sucede en Puebla, Tamaulipas y otros estados, sino en las 26 gasolineras autorizadas por Pemex, propiedad de Mono Muñoz y Garza Melo.

Uno de los negocios del Mono Muñoz, “La Luz Publicidad Total”, fue inaugurada por Humberto Moreira cuando era alcalde de Saltillo. Cuando ganó a la gubernatura, “fue una de las más beneficiadas por el político priista”, denunció el portal Animal Político.

“La injerencia del gobierno a favor de Miguel Riquelme es para que se transforme en tapadera de los delitos que cometió Rubén Moreira”, concluyó Armando Morena, exabanderado de Morena.

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