Estados Unidos quiere a exministro de Guatemala ligado a Los Zetas

A los procesos judiciales que enfrenta en su país, el exministro de Gobernación de Guatemala Mauricio López Bonilla –militar que combatió a la guerrilla y fue condecorado por ello– suma una petición de extradición a Estados Unidos, a la cual se allanaría con la intención de convertirse en testigo y hablar de la protección del más alto nivel que tuvieron a principios de este siglo los narcotraficantes mexicanos, especialmente Los Zetas, en la nación centroamericana.

CIUDAD DE Guatemala (Proceso).- El exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, exmilitar condecorado como héroe de guerra durante el conflicto armado que azotó Guatemala 36 años y antiguo aliado de Washington, enfrenta tres procesos judiciales por corrupción, a los cuales ahora se suma una petición de extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

El pasado 8 de enero, la corte del Distrito de Columbia acusó, por separado, a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y a López Bonilla del delito de asociación delictuosa para distribuir cocaína con el conocimiento de que sería transportada a Estados Unidos.

El 7 de junio, el Ministerio Público (MP) recibió la solicitud de extradición contra Baldetti, y el 23 de junio, la de López Bonilla, ambas emitidas por el Departamento de Justicia estadunidense.

El Ministerio de Gobernación, que López Bonilla tenía a su cargo, es una de las carteras con mayor presupuesto (superior al que se le asigna al ejército) y controla a la Policía Nacional Civil (PNC) y el sistema penitenciario.

Según el Departamento de Justicia estadunidense, de 2010 a 2015 López Bonilla recibió dinero de diversos cárteles de la droga, entre ellos Los Zetas, a cambio de permitir que operaran libremente en el país.

La solicitud de extradición se basa en las declaraciones de tres personas identificadas como “testigos” 1, 2 y 3, quienes afirman que López Bonilla era conocido como El Pato, El M, El Arquitecto o El Hombre.

El Testigo 1 declaró que en 2013 le pagó a López Bonilla 1 millón de dólares para que permitiera el traslado de varios miles de kilogramos de cocaína hacia Guatemala, sin intromisión de las fuerzas de seguridad. Estos cargamentos pasaron a manos de cárteles mexicanos que los trasegaron a Estados Unidos. El mismo testigo agregó que le pagó al exministro 300 mil dólares adicionales a cambio de no ser capturado por la policía. El pago fue entregado a López Bonilla por conducto del Testigo 2.

Los testigos 2 y 3 dijeron, además, que le entregaron a López Bonilla otros 200 mil dólares a cambio de información sobre las operaciones policiacas en curso dirigidas contra Los Zetas.

Según estos testimonios, López Bonilla encargaba a oficiales de la policía la tarea de escoltar cargamentos de cocaína y recibía coimas a cambio de asignar personal afín a los intereses del crimen organizado.

“Estos actos redujeron las actividades de las fuerzas de seguridad y protegieron a traficantes de drogas mientras transportaban drogas dentro y a través de Guatemala”, afirma el Departamento de Justicia estadunidense en la petición de extradición.

Héctor Silva Ávalos, investigador residente del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University e investigador de Insight Crime, explica a Proceso que la importancia de las acusaciones que el gobierno estadunidense formula contra Baldetti y López Bonilla radica en que, de ser probadas en una corte, evidenciarían que “las organizaciones del tráfico de droga locales crecieron, en gran medida, gracias a la protección política que tuvieron, una protección que venía desde el más alto nivel”.

Esa protección política, subraya Édgar Gutiérrez, exdirector del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos y ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Alfonso Portillo, no se circunscribía a Los Zetas: “El núcleo del Partido Patriota administraba relaciones con diferentes cárteles partiendo de dos realidades: tenía el control de las fuerzas de seguridad guatemaltecas y de gran parte de su territorio. Con esas premisas era capaz de establecer reglas del juego a diferentes grupos de narcotraficantes”.­

El próximo jueves 20, López Bonilla deberá comparecer ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal para que se le informe sobre la solicitud de extradición. Es probable que la acepte voluntariamente, como lo hizo Baldetti el pasado 15 de junio, con el afán de lograr una pena reducida en una corte de Estados Unidos a cambio de convertirse en colaborador de la justicia de ese país y proporcionar detalles sobre las organizaciones criminales con las que tenía nexos.

Pero según los términos del tratado de extradición entre Guatemala y Estados Unidos, antes de que pueda ser extraditado, López Bonilla deberá enfrentar tres procesos penales por corrupción en Guatemala.

En el primero, conocido como el Caso Patrullas, se le acusa de peculado por uso y cohecho pasivo, por haberse embolsado 518 mil del millón 600 mil dólares que el ministro de Gobernación asignó al mantenimiento de las patrullas de la PNC.

En el segundo, el Caso Blindado, se le acusa, junto con otros dos altos funcionarios, de haber evadido la Ley de Contrataciones al arrendar 47 vehículos blindados para el transporte de funcionarios, investigadores y testigos en casos de alto impacto sin una licitación pública.

El tercero, el Caso Cooptación del Estado, involucra también a Baldetti. Según el MP existía una red de altos funcionarios, liderada por la exvicepresidenta, que recibió comisiones ilegales por entregar contratos a empresas que financiaron la campaña del Partido Patriota en 2011.

A López Bonilla se le acusa de recibir sobornos por la contratación de la empresa de seguridad privada Escorpión para resguardar las sedes del Registro Nacional de las Personas. Parte de estas coimas fueron supuestamente utilizadas para comprarle lujosos regalos a Otto Pérez Molina, presidente de 2012 a 2015.

“Don Damián” 

La estrecha relación entre López Bonilla y Pérez Molina –quien fue desaforado por el Congreso y guarda prisión preventiva, acusado de orquestar una red de contrabando aduanero conocida como La Línea, junto con Baldetti– se remonta a los años de la contrainsurgencia, cuando adoptó el alias de Don Damián y fue conocido por su astucia y actos temerarios, entre ellos un operativo en 1981 en el que dirigió a miembros de las fuerzas especiales del ejército disfrazados de insurgentes, para atacar un campamento guerrillero. El operativo, en el cual murieron 28 rebeldes, fue un fuerte golpe contra una de las principales facciones de la insurgencia.

Un año después fue parte del gabinete del dictador Efraín Ríos Montt, quien fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad en 2013, pero cuya sentencia fue revertida por un tecnicismo
legal.

López Bonilla prefería, sin embargo, destacar el papel que desempeñó como enlace con los grupos de la sociedad civil y el sector privado cuando un gobierno civil retomó el poder a mediados de los ochenta e inició negociaciones de paz con la guerrilla. Mientras Pérez Molina, quien fungía como jefe del Estado Mayor Presidencial, era la cara pública de las fuerzas armadas, López Bonilla era el emisario que negociaba en secreto.

El exministro se retiró del ejército en 1997, un año después de la firma de los Acuerdos de Paz, y mantuvo su relación con Pérez Molina y otros militares, quienes pusieron sus conocimientos de inteligencia al servicio de grupos de crimen organizado dedicados al narcotráfico, al tráfico de personas y al trasiego de armas.

Estas redes, integradas por militares y criminales, se conocen como “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”; la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que actualmente opera en el país con financiamiento de la ONU y que condujo la investigación del caso La Línea, fue creada a fin de desmantelarlas.

Tras retirarse, López Bonilla obtuvo un posgrado en ciencias políticas y licencias para certificar operaciones en aeropuertos y puertos marítimos, que le permitieron operar máquinas de rayos X en el aeropuerto La Aurora. También se desempeñó como consultor privado en temas de seguridad y análisis de riesgos, y no regresó a la vida pública hasta que Pérez Molina lo nombró ministro de Gobernación, tras las elecciones de 2011.

Silva Ávalos hace notar que no sorprende que López Bonilla haya mutado de un aliado del gobierno estadunidense a un extraditable. “No es algo que le suceda a Estados Unidos por ingenuidad. Ellos saben perfectamente con quién se alían. Lo que sucede es que esa alianza entre Estados Unidos y esos militares y policías les da una licencia de impunidad, como se la dio a Noriega en Panamá. No importa que sean corruptos y narcotraficantes, siempre y cuando sirvan a sus intereses”, afirma el investigador.

“Si el fin de Estados Unidos era sacar a Los Zetas de Guatemala, y López Bonilla era un aliado, eso era suficiente; y si luego López Bonilla hacía sus propias cosas, eso ya no era problema de ellos”, agrega Silva.

El fin de Los Zetas 

La presencia de Los Zetas en Guatemala comenzó a hacerse notar en mayo de 2011, cuando hombres fuertemente armados asesinaron a varios familiares del terrateniente Otto Salguero, en el departamento de Cobán. Junto a los cuerpos mutilados fue hallada una nota que decía “Otto Salguero, voy por tu cabeza, Att Z200”. Días después fue abatido a tiros el narcotraficante guatemalteco Harold León, junto con dos de sus guardaespaldas.

Y al día siguiente, hombres armados torturaron y decapitaron a 27 jornaleros en la finca Los Cocos, propiedad de Salguero, en el departamento norteño de Petén. Con la pierna de una de las víctimas escribieron con sangre el siguiente mensaje en una pared: “¿Qué onda, Otto Salguero? Te voy a encontrar y te voy a dejar así”. El mismo mes, Allan Stowlinsky Vidaurre, un investigador de la fiscalía local de Cobán fue secuestrado y desmembrado.

“Los Zetas llegaron a Guatemala tratando de abrir plazas ellos mismos con el fin de que enviados mexicanos del cártel tuvieran presencia en el país. Eso ocasionó reacomodos, mucho derramamiento de sangre y la criminalización de muchos pueblos y zonas de Guatemala donde Los Zetas hicieron presencia, pero al final eso se fue debilitando”, afirma Silva Ávalos.

El auge de Los Zetas en Guatemala ocurrió bajo el gobierno de Álvaro Colom, antecesor de Pérez Molina, y su caída comenzó con la captura del mexicano Daniel Pérez Rojas, El Cachetes, principal responsable de finanzas y logística del grupo criminal en Guatemala, en abril de 2008.

Cuando Pérez Molina llegó al poder, Los Zetas trataron de recuperar el espacio perdido mediante la alianza que forjaron con su gobierno desde la campaña electoral de 2011. Sin embargo, la estructura ya se encontraba considerablemente debilitada y su salida del país ya se preveía desde antes de la caída de Pérez Molina.

Silva Ávalos y Édgar Gutiérrez coinciden en que grupos locales del narcotráfico, como Los Oajacas en la costa sur y el Cártel de la Charola, integrado por jefes y agentes policiales, se benefician con la salida de Los Zetas y señalan que el negocio del narcotráfico se reparte ahora entre escisiones de los cárteles guatemaltecos que han controlado el trasiego de cocaína en el país desde los ochenta.

“En Centroamérica el modelo que ha funcionado desde siempre es el de los operadores locales, que fueron subcontratados desde los ochenta por los colombianos y, a partir de la entrada del nuevo siglo, por los mexicanos”, afirma Silva. Estos grupos, cuya identidad precisa aún se desconoce, siguen vinculándose con los grandes cárteles mexicanos, como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Esta atomización de los grupos guatemaltecos que controlan el trasiego de droga podría resultar, en el corto y en el mediano plazos, en un repunte de la violencia asociada al narcotráfico, advierte el investigador. En cuanto a la protección que el Estado le ha brindado durante décadas al crimen organizado, es posible que ésta se vuelva más sutil, pero no desaparecerá.

“Si una lección les va a dejar el tema de Otto Pérez Molina a los (funcionarios) que estén aliados con el crimen organizado en Guatemala es que tienen que ser más cuidadosos”, afirma Silva Ávalos.

Este reportaje se publicó en la edición 2123 de la revista Proceso del 9 de julio de 2017.

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