CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por mayoría de seis votos contra cinco, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, determinó multar con 918 mil 720 pesos a la coalición “por un Coahuila Seguro, encabezada por el priista Miguel Ángel Riquelme, por la utilización de los monederos electrónicos Mi Monedero Rosa”, “Mi Monedero” y “Mi Tarjeta de Inscripción” en la pasada contienda electoral. Los consejeros electorales determinaron que las tarjetas utilizadas por Riquelme en su campaña a la gubernatura, son un gasto sin objeto partidista y contravienen lo dispuesto en el Artículo 25 apartado 1 inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece que los partidos políticos tienen la obligación de “aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados”. Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, argumentó: “Desde mi punto de vista, es un gasto de propaganda que se convierte en una promesa de dádiva, y consecuentemente en un gasto indebido” pues se ofreció un beneficio concreto, personalizado y específico. “De cara a 2018, más vale ir generando certezas, y no podemos permitir que este tipo de gastos sean considerados como un gasto de campaña”, afirmó Córdova al tiempo que explicó que corresponderá al Instituto Electoral de Coahuila resolver si existió compra o coacción del voto. “El uso de una dádiva a cambio del voto o el compromiso por el voto, es una competencia que, tratándose de una elección local, le corresponde al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de la entidad de que se trate”, señaló Córdova. Además, el consejero Ciro Murayama explicó que a cambio de la entrega de las tarjetas el partido recababa datos personales del elector o de los tutores de la persona joven a la que se le prometían los apoyos, lo que es “incorrecto” y por ello propuso dar vista al INAI por posible uso indebido de datos personales por parte del partido o la coalición. “La concatenación de promesas de apoyo, entrega de tarjetas llamadas monederos en un escenario de carencia social, a cambio de datos de los individuos que serán beneficiados si sufragan por el partido y éste resulta ganador, da una secuencia de condicionamiento de apoyos sociales a cambio del voto, no es una promesa general, legítima y válida”, afirmó. El acuerdo del Consejo General argumenta que, si bien al INE le corresponde pronunciarse sobre el tipo de gasto en materia de fiscalización, el arbitraje de la elección le corresponde al OPLE del estado, por lo que será esa instancia la que resuelva la posible coacción del voto. A favor de la multa votaron el consejero presidente, la consejera Pamela San Martín y los consejeros Benito Nacif, Ciro Murayama, Jaime Rivera y José Roberto Ruiz. Los votos en contra provinieron de las consejeras Adriana Favela, Dania Ravel, Beatriz Zavala, y de los consejeros Enrique Andrade y Marco Antonio Baños. Sólo "una tarjeta de cartón" Uno de los consejeros que votó en contra del acuerdo, el consejero Enrique Andrade, estimó que desde su perspectiva lo único que se entregó fue una tarjeta de cartón; es decir, no entregaron un beneficio social ni dinero a cambio. “Es una promesa de campaña, como muchas que hay en las campañas; probablemente esta sea distinta, esta sea novedosa y a lo mejor pudiera ser hasta prohibida, pero no nos corresponde a nosotros determinarlo, le correspondería al OPLE manifestarse en este sentido si pudiera ser o no una propaganda prohibida. Desde mi punto de vista, habrá que esperar a que resuelva el OPLE esta situación”, dijo. Sin embargo, el consejero reconoció que el registro de beneficiarios por parte del candidato, si bien no cumple con las características de un padrón de beneficiarios de un programa social, sí contiene datos personales, por lo que sugirió dar vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para que resuelva si existe o no alguna violación a este tipo de datos personales.