El Paso Exprés, otra obra con la marca del sexenio

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El hundimiento de una sección en el Paso Exprés Cuernavaca ocurrido el pasado 12 de julio, con saldo de dos personas muertas, puso al descubierto, una vez más, el tinglado de relaciones entre la clase política y el reducido grupo de poderosos contratistas gubernamentales con beneficios transexenales.

Favoritismo en contratos de obra y otras prebendas de larga data, observaciones por corrupción que, cuando han llegado a documentarse por instancias oficiales logran evadirse, son características de Epccor S.A. de C.V., la versión más reciente del conglomerado de la familia Gutiérrez Cortina, cuyo empoderamiento e impunidad se remonta al salinismo.

Dicha empresa, asociada con Aldesa –trasnacional de capital español que en años recientes se ha visto implicada en el escándalo de donativos ilegales al Partido Popular en su país de origen–, fueron las beneficiarias del contrato para construir el Paso Exprés que, como la mayoría de las obras inauguradas por Peña Nieto en lo que va de 2017, registró severas observaciones por corrupción.

En su edición 2112, correspondiente al pasado 22 de abril, Proceso documentó que, de las obras inauguradas por Peña Nieto en el primer trimestre del año, sólo escaparon a las observaciones que no revisó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El reportaje destacaba el Paso Exprés, inaugurado por Peña Nieto el 5 de abril, como uno de los más escandalosos, por el cúmulo de irregularidades.

Y es que, entre la adjudicación del contrato en noviembre de 2014 y la entrega de la autopista en abril pasado, ocurrieron numerosas irregularidades en la obra, las cuales causaron alrededor de 250 accidentes, provocaron la muerte de al menos 21 personas y dispararon el costo del proyecto: de mil 45 millones de pesos acordados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) terminó pagando 2 mil 213 millones de pesos (mdp).

Además, en la revisión de la cuenta pública 2015, la ASF detectó que la SCT autorizó pagos por 441 mdp, respecto a los cuales detectó 270.5 mdp que debían recuperarse y 31.8 mdp erogados sin la comprobación correspondiente. En total: 302.3 mdp, equivalentes a casi la cuarta parte de los recursos asignados al Paso Exprés en 2015.

El monto de 270.5 mdp irregular reflejó, según la ASF, sobrepagos a Aldesa y Epccor, modificaciones irregulares de precios, así como pago de mano de obra, materiales y equipos injustificados.

No fue todo. De acuerdo a testimonios recogidos en la zona aledaña al hundimiento, desde hacía semanas se había puesto en alerta a la delegación estatal de la SCT y a otras instancias gubernamentales de desperfectos por los que temían un derrumbe. Fueron desoídos y, el jueves 13, al plantearle a Peña Nieto lo anterior, sólo dijo que no adelantaría juicios y suspendería a los responsables de supervisar e inspeccionar el desarrollo de la obra en lo que transcurrían las investigaciones.

Para entonces, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza y los contratistas ya habían ofrecido su propio juicio, su “verdad histórica”.

Aldesa y Epccor se deslindaron del mortal socavón. En un comunicado, el consorcio aseveró que el incidente fue producto de las “intensas lluvias” que acumularon basura y agua en una alcantarilla, lo que colapsó el sistema de drenaje y provocó la grieta. Insistió en que no fueron responsables del incidente, pues tanto la alcantarilla como el drenaje se encuentran “a más de 15 metros por debajo de la autopista”. Exactamente la misma posición externada por Ruiz Esparza en el lugar de los hechos y aun antes de que se consiguiera el rescate de los dos cuerpos.

Largo historial

Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la familia Gutiérrez Cortina, propietaria de Epccor, se ha visto envuelta en escándalos de favoritismo, corrupción e impunidad.

Originarios de Aguascalientes, relacionados con la elite salinista, durante aquel sexenio consiguieron concesiones carreteras y hasta incursionaron en el rescate y culminación del World Trade Center de la Ciudad de México, un episodio que terminó en pleito con los dueños originales. Luego, ante la crisis de 1995, consiguieron ser rescatados por el Fobaproa.

Junto con Tribasa, la empresa de David Peñaloza, los Gutiérrez Cortina a través de su empresa Gutsa, consiguieron la autopista León-Lagos de Moreno (en asociación con ICA) y la Autopista del Sol (con Tribasa).

Ampliamente documentado por Proceso en los años noventa, las denuncias de la familia Suárez y De Paula, contra Gutsa, incluyeron el señalamiento a salinistas hoy involucrados en el contratismo y al frente de trasnacionales, así como de servicios y consultoría financieros.

Por ejemplo, entre las presiones para vender su inversión, que los dueños originales del WTC hicieron, destacaban las amenazas de Guillermo Ortiz, hasta hace poco alto ejecutivo de Banorte, dirigida hoy por la familia Hank y convertida en la principal prestamista gubernamental del país. También Carlos Ruiz Sacristán, hoy directivo de Sempra Energy y miembro del consejo de administración de la polémica española OHL México. Inclusive, Francisco de Paula, llegó a señalar un parentesco político entre Aspe y los Gutiérrez Cortina, entre otros. (Proceso 1133)

El jerarca, Juan Diego Gutiérrez Cortina, es suegro de Jaime del Conde Ureta, un político hidrocálido relacionado con grupos ultraconservadores. Fue diputado federal por el PAN de 2003 a 2006 y, posteriormente, suplente de Santiago Creel en el Senado.

Fue justo en los albores del sexenio foxista, cuando Gutiérrez Cortina con su empresa Gutsa, enfrentó uno de los muchos escándalos que han marcado su trayectoria, cuando se detectaron múltiples anomalías en la construcción y funcionamiento de la llamada megabiblioteca José Vasconcelos fue cerrada temporalmente antes de que transcurriera un año desde su apertura, “debido a que la cimentación del edificio presentaba una complicación” (Proceso 1585).

Como ocurrió con el Paso Exprés, la megabiblioteca se elevó de mil millones de pesos que se tenían programados a 2 mil 200 mdp. A ese episodio siguió la construcción de la terminal para vuelos internacionales (T2) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La revisión de la cuenta pública 2005 por la ASF encontró que la construcción de los edificios de la T2 registraba omisiones y actos irregulares (Proceso 1589).

A lo anterior siguió la primera inhabilitación dictada por la secretaría de la Función Pública (SFP) contra Gutsa, por irregularidades y pagos indebidos en obras de la Autopista del Sol y, finalmente, devino escándalo la construcción de la Estela de Luz, una torre proyectada por el gobierno de Felipe Calderón para conmemorar el Bicentenario.

Conocida entre los capitalinos como “la Suavicrema” por su elemental trazo, la obra se le asignó a Gutsa por cerca de 400 mdp, pero ni entregó a tiempo y el costo se duplicó. La sanción fue que la empresa quedara inhabilitada hasta 2015.

Gutiérrez Cortina no se arredró y unos meses después constituyó Epccor, la empresa con la que pronto regresó al contratismo gubernamental al amparo del gobierno de Enrique Peña Nieto. El acta constitutiva, publicada por Newsweek Aguascalientes, permite observar que ahora, junto con él, son accionistas sus hijos Juan Diego, José Miguel e Ignacio Gutiérrez Sainz.

Ese medio hidrocálido, dirigido por Manuel Appendini, ha dado un seguimiento puntual a otra de las obras obtenidas por Epccor: la edificación del Nuevo Hospital Hidalgo, en Aguascalientes, que ya también plantea irregularidades.

Lo mismo ocurre con las principales obras obtenidas por Epccor, de acuerdo a los informes de la ASF, por ejemplo, el puente atirantado La Concordia en Chiapas, presenta un desfalco por 43 mdp.

En la última década, Gutiérrez Cortina y sus hijos Juan Diego, José Miguel e Ignacio Gutiérrez Sainz, incorporaron distintas empresas con los mismos apoderados, entre ellos, Álvaro Alcántara Silva.

Constituyeron la empresa Concesiones Integrales, S.A. de C.V. el 5 de diciembre de 2013. Apenas 72 horas después, Rafael Moreno Valle, entonces gobernador de Puebla, entregó a esta empresa el manejo del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) por 30 años, mediante una maniobra que muchos calificaron de ilegal.

En julio de 2014, la Procuraduría Federal del Consumidor clausuró las oficinas de la empresa ante las repetidas quejas que recibió, motivadas por los incrementos excesivos de las tarifas del agua, y en 2016, esta dependencia recibió 103 quejas contra la misma empresa –la cifra más alta de ese año–, por cobros indebidos y negligencia en el servicio.

Aldesa, con tufo mexiquense

La española Aldesa, representada en México por Agustín Tejedor Ureta, ingresó en el mercado mexicano en 2007, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, a través de una concesión para construir y cobrar peajes en la carretera Arriaga – San Cristóbal de las Casas.

Un año más tarde, obtuvo un magno contrato por 3 mil 453 millones de pesos para la construcción de la carretera Durango – Mazatlán, aunque el costo resultó mucho mayor: en su página de Internet, la empresa sostiene que el presupuesto de la obra se elevó a 6 mil millones de pesos.

Al amparo de contratos de obra pública y privada, los negocios de la empresa crecieron de manera sostenida en el país, y en su reporte trimestral global de noviembre pasado, Aldesa se presentó como una de las diez empresas constructoras más importantes de España y de México.

En este documento presumió que, durante los primeros nueve meses de 2016, sus resultados de operación crecieron en un 24.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior: de 246 millones de euros en 2015, pasó a 306 millones de euros el siguiente, una suma que supera 6 mil millones de pesos. Es más: de acuerdo con este informe, el mercado mexicano se convirtió en su principal fuente de negocios, incluso antes de España.

En 10 años de presencia en México, la empresa obtuvo por lo menos 32 contratos del gobierno federal — principalmente de la SCT, de Capufe y de la CFE– por un monto total que rebasa los 14 mil millones de pesos. Además, posee acciones en una veintena de empresas que operan en 23 estados, según consultas a las bases de datos públicas Compranet y el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).

Participó, entre otros, en numerosas obras de carreteras –excavó túneles para la autopista Toluca – Naucalpán, concesionada a Grupo Higa, empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú–, construyó terminales aeroportuarios –en Los Cabos, Guadalajara y Cancún– y obtuvo contratos para proyectos energéticos en Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas.

De entre los polémicos contratistas mexiquenses, Hinojosa Cantú no es el único socio de Aldesa, pues en Perú tiene proyectos con OHL.

Su relación con las administraciones de Enrique Peña Nieto empezó en 2009, cuando el entonces gobernador mexiquense le concedió la construcción de la sede del Tecnológico Esmeralda Bicentenario, en Atizapán, por un costo superior a los 250 millones de pesos. La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) ocupa ahora el edificio.

En julio de 2015, la empresa –a través de su filial Proacon– se asoció con Promotora y Desarrolladora de México (Prodemex) –propiedad de Olegario Vázquez Aldir–, y juntas ganaron la licitación para realizar la primera etapa de la ampliación de la polémica Línea 12 del metro de la Ciudad de México, que unirá las estaciones de Mixcoac con Observatorio.

El contrato, por mil 679 millones de pesos, establecía que los trabajos debían arrancar ocho días después de la firma –realizada el mismo mes de julio–, y terminar el 31 de diciembre de 2016. Sin embargo, pasaron nueve meses hasta que las máquinas empezaran a excavar y en enero pasado faltaba todavía el 85% de las obras de la primera etapa, indicó Edgar Tungüi, secretario de Obras y Servicios capitalinos.

Otro megaproyecto del sexenio otorgado a Aldesa fue la construcción de la primera etapa del Túnel Emisor Poniente II, en el Estado de México.

El 3 de enero de 2014, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio el contrato a la constructora española, en consorcio con Regiomontana de Construcción y Servicios, SAPI de CV –de Humberto Armenta González–, por mil 795 millones de pesos. Las obras debieron terminar en marzo pasado, pero en junio les faltaba todavía un 10%.

Aldesa obtuvo un contrato de obra pública de mil 242 millones de pesos en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). En consorcio con el grupo mexiquense Jaguares Ingenieros –dirigido por Moisés Zecua Muñoz–, la empresa española construirá la torre de control del megaproyecto más destacado del sexenio de Peña Nieto.

En el NAICM, Eppcor se asoció con Sacyr, otro gigante de la construcción español, para ganar el contrato de instalación de la losa de cementación del Centro de Transporte Terrestre. No sólo comparten proyectos objetivos, sino también prácticas y fallas.

El pasado 25 de diciembre, dos trabes de acero de 68 y 69 toneladas cayeron sobre el eje 20 del Distribuidor Vial Alfredo del Mazo, escasos dos días después de haberse instaladas. Un motociclista murió aplastado. La obra estaba a cargo de Jaguares Ingenieros y la SCT anunció enseguida que investigaría los hechos, como lo hizo con el Paso Exprés.

El auge de estas dos empresas en el sexenio es notable. Sólo por lo que corresponde a sus contratos con la SCT se pudo establecer que, en lo que va del sexenio de Peña Nieto, Epccor consiguió 5 contratos que suman mil 490 mdp, mientras que Aldesa, posee 13 contratos por un monto de 2 mil 900 mdp.

A partir de una revisión a la información pública, fue posible saber que estas empresas tienen contratos con Pemex, CFE y varias dependencias y entidades federales, pero no fue posible determinar los montos de sus contratos ni el objeto, pues no aparecen en la información que debe publicarse en el Portal de Obligaciones de Transparencia ni en la plataforma Compranet.

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