CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Javier Duarte y Roberto Borge Angulo, dos de los cuatro exmandatarios priistas que actualmente enfrentan problemas con la justicia mexicana aquí y en Estados Unidos, comenzaron a mover sus piezas legales en busca de echar abajo o al menos atenuar los delitos que les imputa la Federación y las autoridades de los estados que gobernaron hasta hace poco. Por lo pronto, el mandatario veracruzano, que desde ayer se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, gestionó y obtuvo la protección provisional de la justicia contra dos órdenes de aprehensión del fuero común promovidas por la Fiscalía General de Veracruz. La juez primera de distrito en materia de amparo con sede en esta capital, Sandra Robledo Magaña, concedió a Duarte de Ochoa una suspensión provisional contra cinco delitos: peculado, tráfico de influencias, incumplimiento del deber legal, coalición de servidores públicos y abuso de autoridad. El próximo 3 de agosto se celebrará la audiencia constitucional en la que se determinará si concede la suspensión definitiva o se niega el amparo al exmandatario veracruzano. Desde Panamá, donde se encuentra detenido desde el 5 de junio, sujeto a un juicio de extradición con base en una orden de captura de un juez de control federal del Estado de México por el delito de lavado de dinero, Roberto Borge también comenzó a hacer su juego en el tablero de la justicia y presentó su primera demanda de amparo en contra de cualquier orden de aprehensión o comparecencia girada en su contra. El viernes 14 el juez quinto de distrito de Quintana Roo, con sede en Cancún, Ciro Carrera Santiago, dio entrada al juicio de garantías promovido por el exgobernador priista, y por default le concedió la suspensión provisional contra los actos que reclama, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Borge tuvo que desembolsar como garantía la suma de 59 mil pesos, según consta en los acuerdos publicados por el Juzgado en relación con el amparo 1096/2017. La acusación contra Borge Angulo surge de la venta a sus familiares de 25 terrenos de las reservas del gobierno estatal a precios inferiores a los del mercado. Sin embargo, hay seis denuncias en su contra, cuatro en la Procuraduría General de la República (PGR) y dos en la Fiscalía General del Estado (FGE).