CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este miércoles 19 entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con su novedoso catálogo de sanciones, aunque su funcionamiento está en entredicho, pues no se nombraron magistrados ni fiscal especializado como se tenía previsto. Hoy, martes 18, el Senado de la República debió nombrar al fiscal y ratificar a los magistrados especializados, conforme al plazo constitucional establecido desde que se promulgó la reforma y el nuevo marco legal anticorrupción. Luego de echar las campanas al vuelo por la creación del SNA, la representación de la sociedad civil terminó combatiendo las decisiones, inmovilidad y “resistencias” de la clase política y gubernamental por las que el proceso anticorrupción se vio atropellado. El pasado 23 de mayo, organizaciones de la sociedad civil abandonaron el comité técnico tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto, tras denunciar que había espionaje sobre algunos de sus integrantes. Días después presentaron el informe “Gobierno espía”, que provocó otro escandaloso bochorno internacional al Estado mexicano. Las organizaciones que dejaron la Alianza, en su mayoría, participaron tenazmente en la creación del SNA desde el inicio del proceso legislativo que creó el nuevo marco legal al respecto. Sin embargo, cuando pidieron al SNA, a través de la comisionada ciudadana Jacqueline Peschard Mariscal, que solicitara información sobre el caso, el comité coordinador rechazó la propuesta. De dicho comité coordinador del SNA forma parte la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Areli Gómez, también exprocuradora general de la República en cuya gestión se habría adquirido el polémico software espía. De manera que, en la primera prueba para el SNA, se registró un conflicto de intereses que nadie buscó dirimir. El naufragio del nuevo órgano constitucional, creado bajo presión de sociedad civil y partidos políticos tras los escándalos de corrupción que marcaron al gobierno de Enrique Peña Nieto en 2014 y 2015, se conflictuó aún más ante la inmovilidad de las fracciones parlamentarias en el Senado, que sin acuerdo ni voluntad para trabajar un periodo extra dejaron sin fiscal ni tribunal integrado al SNA. Los plazos se cumplieron hoy también para que los estados de la República generaran sus marcos legislativos de conformidad con las normas federales. Una alianza de organizaciones ciudadanas y empresariales monitoreó los procesos legislativos en una decena entidades y el resultado fue poco satisfactorio. Ayer, la asociación civil Fundar dio a conocer los resultados de dicho monitoreo. A través de un comunicado, suscrito por todas las organizaciones participantes, se denunció que las condiciones en que se realizaron los procesos legislativos no tuvieron suficientes espacios de participación ciudadana ni rendición de cuentas. “Esto tiene que parar”, advirtieron las organizaciones ciudadanas que el pasado día 14 apuntaron a las resistencias, manifiestas en las actuaciones legislativas (del Senado y los Congresos locales), así como en lo que consideraron un ataque a la privacidad y la libertad de expresión, es decir, el episodio de espionaje. Además, tampoco se hizo alusión explícita a lo ocurrido con la cobertura que El Universal dio a la integración de la representación ciudadana en el SNA –y que provocó la renuncia de seis colaboradores de la sección de Opinión, así como de organizaciones ciudadanas que participaban en ésta—, calificada por aquélla como un ataque sin fundamento. Fue así como ese día surgió la coalición ciudadana #VamosporMás, que se propone presionar lo necesario para resolver “las resistencias” que ha encontrado la conformación del SNA. Aún peor. Ayer la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado difundió un informe en el que se muestra que el SNA, como ha ocurrido con otras instancias del Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos como el electoral o el de transparencia, se había convertido en un “botín partidista”. El estudio del PT demostraba que, de los 18 perfiles propuestos para convertirse en magistrados anticorrupción, al menos una decena tenían antecedentes de relación partidista: seis con el PAN y cuatro con el PRI. Por lo pronto, en tanto se decide en el Senado, será la Procuraduría General de la República quien conozca denuncias; a la par, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrirá una sala auxiliar al efecto.