Expertos de la ONU exigen al gobierno de Peña que cese el “monitoreo” a periodistas y activistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de expertos y relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió al gobierno mexicano que “cese las intervenciones y el monitoreo” de periodistas y activistas, y pidió que la investigación que realiza sobre el uso ilegal del “malware” espía Pegasus sea “transparente, independiente e imparcial”.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, subrayaron, debe implementar “controles efectivos sobre los servicios de seguridad e inteligencia”, pues las denuncias del uso ilegal de Pegasus “dan cuenta del entorno hostil y de desprotección que enfrentan defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas en México”.

También demandaron que las víctimas de las tentativas de espionaje ilegal participen en la investigación que supuestamente realiza la Procuraduría General de la República (PGR).

Y expresaron su “preocupación” de que la propia PGR sea una de las dependencias que compró el sistema Pegasus, por lo que, recalcaron, se encuentra en el banquillo de las agencias gubernamentales sospechosas de haber utilizado el “malware” para espiar a periodistas y activistas.

El grupo de expertos –conformado por Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Houria Es-Slami, presidenta del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas, David Kaye, relator especial en materia de libertad de expresión, y Joseph Cannataci, relator especial sobre derecho a la privacidad– recordó que sólo al resolver este caso el gobierno de Peña Nieto demostrará su voluntad de luchar “contra la impunidad en la procuración de justicia en México”.

Hace precisamente un mes, el pasado 19 de junio, Citizen Lab publicó un informe en el que documentó que entre 2015 y 2016, una agencia del gobierno mexicano trató de infectar con el “malware” Pegasus los celulares de periodistas –entre ellos Carmen Aristegui y su hijo Emilio, entonces menor de edad– y defensores de derechos humanos como Mario Patrón, director general del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).

Ese mismo día, organizaciones interpusieron una denuncia ante la PGR para que determine qué agencia y funcionarios operaron el programa espía de manera ilegal. Sin embargo, desde un principio expresaron sus reservas en cuanto a la voluntad del gobierno mexicano y de la PGR de investigarse a sí mismos.

En ese sentido, los expertos de la ONU exigieron que se invite a un panel de expertos internacionales para coadyuvar en la investigación, con el fin de evitar que las autoridades cierren el caso. También pidieron a la administración federal que transparente todos los contratos de compra de programas espías como Pegasus, para que la ciudadanía sepa cómo funciona el aparato de vigilancia del gobierno mexicano.

Hasta la fecha, pese a los reiterados llamados de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, el gobierno hizo caso omiso a estas dos peticiones.

Y existen evidencias de que la PGR, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong– y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –dirigida por el general Salvador Cienfuegos–, adquirieron la tecnología Pegasus.

Comentarios