CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil exigieron al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) “un diagnóstico certero” de las insuficiencias y posibles desvíos durante los ocho años de preparación para implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA). A partir de dicho análisis se podría no sólo deslindar responsabilidades, sino también definir rutas de fortalecimiento institucional acordes con las exigencias del NSJPA, puntualizan en un comunicado Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Artículo 19, Causa en Común, Cencos y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, entre otras organizaciones. Tras señalar que en semanas recientes el NSJPA ha sido objeto de críticas desde diferentes frentes, subrayan: “Actores políticos, medios de comunicación y servidores públicos han responsabilizado al nuevo Sistema del incremento en los índices de criminalidad en el país, argumentando que es ‘hipergarantista’ y que ello se traduce en una ‘puerta giratoria’ que absuelve y libera a delincuentes”. Estas declaraciones, agregan, son graves e irresponsables, pues además de no tener sustento empírico, evaden las insuficiencias, éstas sí evidentes, de las instituciones de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia de nuestro país. Es claro que las actuaciones deficientes y en ocasiones violatorias de derechos humanos y al debido proceso de dichas instituciones deben inscribirse como parte de una problemática más amplia que corresponde a las atribuciones que competen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), añade el texto, firmado por más de 80 ciudadanos, entre ellos Claudio X. González, Denise Dresser y Édgar Cortez. Aún más –apunta–, la indolencia, la ineficiencia, e incluso la posible corrupción en el uso de importantes recursos públicos etiquetados para la capacitación de policías, fiscales y jueces en el NSJPA, debe también formar parte de la agenda que corresponde al SNA evaluar y, en su caso, sancionar. “Debemos proteger al NSJPA de ataques políticos y electorales, que buscan distraer a la opinión pública, generar miedo y encubrir ineptitudes. Basemos nuestros diagnósticos en evidencia y pongamos a buen uso nuestro incipiente Sistema Nacional Anticorrupción”, se lee en el documento. En este sentido, “pedimos respetuosamente al Comité Coordinador y al Comité de Participación Ciudadana del SNA una respuesta pública a esta petición. De igual forma les solicitamos que nos expliquen cómo y cuándo se desarrollará la evaluación solicitada”, concluye. Las organizaciones que firman el documento son: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Artículo 19, Asociación de Clubes de Ajedrez de Michoacán, Borde Político A.C., Causa en Común, Cencos, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C., Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan Larios A.C., CIC Propuesta Cívica, Círculo Cultural Melchor Ocampo, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Communivation, A.C., y Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). También el Consejo Cívico de Nuevo León, Data Cívica, Documenta A.C., Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, Fundación Galénica, Fundación Merced A.C., Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C., Fundar, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Iluminemos México, Instituto de Justicia Procesal Penal A.C., y el Instituto Latinoamericano de Estudios para la Paz y la Convivencia Ciudadana (ILEPAZ). Las otras organizaciones firmantes son: Capítulo México, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Instituto Mexicano para la Competitividad, Laguneros por La Paz, Legalidad por México A.C., Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Mexicanos Primero, Mexicanos Primero Michoacán, México Evalúa, México Unido Contra la Delincuencia, Movimiento Plaza Mayor Laguna, Observatorio Nacional Ciudadano , Observatorio Sonora por la Seguridad, Opción a la Corrupción, Por lo Derecho, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Reinserta A.C., Renace ABP, Renacer Lagunero, Seguridad y Paz Ciudadana, Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz) , Transparencia Mexicana, y ¿Y quién habla por mì? Los ciudadanos que signaron la petición son: Alejandro Hope Pinzón, Alejandro Legorreta, Alejandro Ordóñez González, Alfredo Lecona Martínez., Alonso González-Villalobos, Antia Mendoza Bautista, Antonio Gómez Espiñeira, Antonio López Ugalde, Aram Barra, Aranxa Bello Brindis, Areli Rojas, Armando Santacruz, Bernardo María Len Olea, Bertha Alcalde, Carlos Brito, Carlos Garza Falla, Catalina Pérez Correa, Christian Rojas, Claudio X. González, Denise Dresser, Édgar Cortez, Edna Jaime Treviño, Eduardo Bohorquez y Elena Azaola Garrido. Eliana García Laguna, Emilio Velásquez Álvarez, Enrique Cárdenas Sánchez, Enrique Díaz Infante, Ernesto López Portillo, Fernanda Diez –Torres, Francisco Rivas, Francisco Torres Landa , Gabriela Ortiz, Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, Giulliano Lopresti, Guadalupe Barrena, Haydeé Pérez Garrido, Horacio Erik Avilés Martínez., Javier Mancera, Joanna Moreno Manzo, Jorge Gutiérrez, Jorge Javier Romero, José Antonio Guevara Bermúdez, José Mario de la Garza, José Merino, José Migoya Nuño, José Roldán Xopa, Juan Francisco Torres Landa R., Juan Pardinas Carpizo, Juan Salgado Ibarra, Julián Mejía Berdeja, Julio Madrazo García y Layda Negrete. Liliana Veloz Márquez, Luis González Plasencia, Manuel Emilio Hoyos Díaz, Marco Fernández, María Amparo Casar Pérez, María Ampudia, María Elena Morera Mitre, María Eugenia Suárez de Garay, María Fernanda Torres, María José Peláez Barrera, María Maltos Rodríguez, María Novia, Mario Arroyo Juárez , Martín Carlos, Max Kaiser, Pablo Girault, Rafael Casillas Quintal, Rafael Gutiérrez Niebla, Ricardo Luévano, Roberto Desentis, Roberto Juárez, Roberto Ramírez Delgado, Rocío Culebro, Rodolfo Félix Cárdenas, Sergio Aguayo Quezada, Teresa Venguer, Vicente Sánchez Munguía, Víctor Manuel Sánchez Valdés y Viridiana Ríos.