CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones vecinales de las 16 delegaciones, entre ellas pueblos y barrios originarios de la capital, presentaron un amparo indirecto para suspender el proceso de dictamen del Programa General del Desarrollo Urbano 2016-2030 (PGDU), propuesta del jefe capitalino Miguel Ángel Mancera que favorece los “megaproyectos inmobiliarios”. Los ciudadanos consideraron que “es ilegal” el programa sugerido por el mandatario de la Ciudad de México en noviembre del año pasado, y que se destaca por tener miras de repoblar la capital a través de permisos de uso de suelo mixtos y desarrollos inmobiliarios. Lo anterior, debido a que no se llevó a cabo una consulta ciudadana, como lo establece el artículo 16 de la Ley de Asentamientos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que México es firmante. Además, la Asamblea Legislativa (ALDF) aceptó una iniciativa que no cumplió con el procedimiento legal requerido –criticaron–, porque a pesar de que el periodo para las consideraciones ciudadanas se fijó hasta el 31 de octubre del 2016, el 22 de noviembre se hizo llegar a la Comisión del Gobierno el documento terminado, explicaron. “Lamentamos que la administración capitalina apoye de forma incondicional a las grandes inmobiliarias, que con sus obras afectan la traza ancestral de los barrios y los usos y costumbres de las comunidades”, dijeron. Y demandaron la “inmediata” suspensión del dictamen. Apenas 5 de julio pasado, como lo documentó Apro, se llevaron a cabo las audiencias públicas que la ALDF organizó para revisar 896 propuestas específicas de modificación de ese programa. Por estas razones las organizaciones vecinales, en compañía de diputados de Morena, interpusieron un amparo ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa local contra el jefe capitalino, Miguel Ángel Mancera; el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, y la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado. También contra las comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF, que preside la panista Margarita Fisher, y de Ambiente, Antonio López Adame (PVEM). “Esperamos que la ciudadanía gane los amparos para que se apliquen, por fin, los criterios que señalan las constituciones local y federal y se respeten los derechos de los pueblos y barrios originarios”, dijeron. Finalizaron: “Pedimos la suspensión del programa y que se le regrese al jefe de Gobierno, porque se violó de manera flagrante el derecho de los pueblos y barrios originarios a ser consultados sobre el destino de sus comunidades”.