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Venezuela: el pulso está en la calle

CARACAS (apro).- Luego del plebiscito convocado por la mayoría opositora del Parlamento venezolano, el pasado domingo 16, las fuerzas de oposición demostraron simbólicamente su poderío con casi 8 millones de votos, cifra que nunca ha logrado el oficialismo, ni en los mejores tiempos de Hugo Chávez.

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro recurre al uso desmedido de la fuerza y evidentes violaciones a los derechos humanos que le han valido el rechazo internacional.

Maduro además se aferra a la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con la que busca derogar la Constitución implementada por Chávez, para hacer una nueva a su medida. Para los analistas políticos esta es la única forma de perpetuarse en el poder.

Diversos son los elementos que entran en juego en el complejo ecosistema sociopolítico venezolano, que lleva casi cuatro meses sumido en el caos entre la resistencia de las manifestaciones de calle y la represión del gobierno.

La oposición se ha mantenido en las calles y el jueves 20 logró un paro cívico nacional convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), coalición opositora que reúne a los principales partidos políticos contrarios a Maduro.

La jornada no fue menos conflictiva que las anteriores, donde un despliegue represivo cada vez más feroz se observó en las principales ciudades y zonas populares, antes bastiones del chavismo.

El saldo fue de cuatro personas asesinadas, más de 30 heridos y 367 arrestos durante las 24 horas del paro cívico nacional, según datos del Foro Penal, ONG venezolana de defensa de derechos humanos.

El mayor temor de los venezolanos que se oponen al régimen es que “la calle se enfríe”, cesen las protestas y el gobierno de Maduro salga fortalecido. Se mantiene el fantasma de la crisis de 2014, cuando protestas similares se mantuvieron por dos meses, pero terminaron el 18 de febrero de ese año con la captura del líder opositor Leopoldo López, quien estuvo más de tres años recluido en la cárcel militar de Ramo Verde a las afueras de Caracas, y el 8 de julio recibió arresto domiciliario para terminar de cumplir la pena de casi 14 años que le fue impuesta por supuesta incitación a la violencia.

Así como la oposición teme el cese de las manifestaciones, el gobierno de Maduro lo anhela y se ha valido de la represión para intentar, en vano, detenerlas. Pero esto ha dejado un saldo mortal de más de 100 manifestantes asesinados y ha acentuado la crisis, la polarización y ha promovido la anarquía en el país.

Opositores bloquean las calles de Caracas por 10 horas. Foto: AP / Ariana Cubillos

Opositores bloquean las calles de Caracas por 10 horas. Foto: AP / Ariana Cubillos


Gobierno paralelo

La coalición opositora emitió un acuerdo de gobernabilidad, tras conocerse los resultados de la consulta popular hecha con el plebiscito del 16 de julio. Sus representantes aseguran que este pacto es “para facilitar la gobernabilidad, la eficiencia y la estabilidad del venidero gobierno de unidad y reconstrucción nacional”. Aunque en los cinco puntos principales no se deja ver cómo se aplicará en la práctica este acuerdo, sientan las bases de lo que catalogan como un “inminente cambio político en Venezuela”.

El principal objetivo del pacto es la “justicia social como prioridad”, para lo cual anuncian un “Plan de atención inmediata a la crisis humanitaria”. En el segundo punto hacen un voto de unidad con un “gran frente social donde estarán presentes todos los sectores del país”. En este sentido, anuncian como tercer compromiso: “Una amplia consulta nacional sobre las bases o lineamientos mínimos del Plan de Gobierno de Unidad Nacional”.

También prometen “la conformación de un gobierno unitario, amplio, plural y eficiente”; el candidato que lanzarán para el próximo “Gobierno unitario de rescate y reconstrucción de Venezuela” será escogido a través del método de elecciones primarias nacionales. También agregan que aquél debe renunciar a su derecho a la reelección inmediata. Y, por último, se comprometen con el respeto a la descentralización política prevista en la Constitución.

Todo lo expuesto en el manifiesto de la oposición venezolana parece sentar las bases de un gobierno de transición. Sin embargo, ante la radicalización del actual gobierno de Maduro y la conflictividad política en el país, la aplicación de este pacto podría dar lugar a un “gobierno paralelo”.

Luis Herrera Orellana, abogado constitucionalista, coordinador del programa de control legislativo, parlamentemos.org, y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), considera que la viabilidad de lo propuesto por la MUD pasa por respetar la voluntad expresada en el plebiscito.

“La ruta no puede ser otra que acatar el resultado del 16 de julio, con todas sus implicaciones, esto es: dictar una ley de transición política, designar un gobierno de unidad nacional y transición a la democracia, renovar el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, apoyar la aplicación de medidas de emergencia económica, acordar la liberación inmediata de todos los presos políticos y restablecer la libertad de expresión y derechos de propiedad a plenitud, desde luego, a sabiendas de que el régimen no acatará nada de eso, y se radicalizará, por ello se debe mantener la presión organizada y no violenta de la calle”, explica el coordinador de parlamentemos.org.

Destaca el apoyo extranjero como un factor clave para una salida democrática a la crisis que vive Venezuela. “Mayor presión internacional contra Miraflores, sin caer en la trampa de la no injerencia en asuntos internos. Somos una población civil desarmada, secuestrada y azotada por fuerzas militares, policiales y parapoliciales que requiere con urgencia apoyo de los países democráticos para evitar peores crímenes de lesa humanidad”, indica.

Luego sostiene que la viabilidad jurídica, política y democrática de un gobierno de transición dejaría al gobierno de Maduro como el paralelo, pues se ha puesto al margen del marco jurídico interno y de acuerdos internacionales.

Lo más difícil es que la Fuerza Armada Nacional (FAN) y cuerpos policiales leales al régimen acaten a un nuevo gobierno.

“Es absolutamente posible, pues ya el Parlamento ha declarado el abandono del cargo (a Maduro) y la ruptura del hilo constitucional (al TSJ), y tiene además en discusión un proyecto de ley presentado por investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y su rector sobre los pasos para la transición a la democracia, y cómo instalar ese gobierno de unidad nacional y transición a la democracia, sin pasar por elecciones presidenciales, que ahora mismo son imposibles”, explica Herrera Orellana.

De acuerdo con la visión de los analistas, el Parlamento debe designar a los próximos presidente y vicepresidente de la República, e integrar un gobierno amplio con opositores, exoficialistas y otros sectores de la sociedad, siguiendo la fórmula que tenía la Constitución de 1961 que la vigente, impuesta por Chávez, eliminó debido a su feroz presidencialismo.

El abogado constitucionalista explica que una ley de transición dictada sobre la base de los artículos 333 y 350 de la actual Constitución venezolana, es viable.

Lo que es impredecible y difícil, dados los antecedentes de las fuerzas militares y policiales, es que ese gobierno de transición logre que la FAN, las policías y el resto del Estado le obedezca.

“Dependerá de la presión de calle e internacional. Sin embargo, la opción no puede ser no actuar porque no hay garantía de éxito, sino actuar con apego a la exigencia de millones de ciudadanos de poner fin a la tiranía sangrienta que los condena a la pobreza, la persecución, el exilio y la muerte”, puntualiza.

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