Cibermercenarios al ataque

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cuando Alberto Escorcia Gordiano decidió dedicarse al análisis de redes sociales hace cerca de tres años, pensó que entraba en un mundo “más calmado” y que podía “controlar”.

Sin embargo, comenzó a recibir amenazas de muerte que lo obligaron a salir dos veces del país. Tomó incluso la determinación de cambiar de domicilio después de que dos individuos forzaron la puerta de su departamento la noche del pasado 9 de junio. La policía le dijo que eran “probablemente rateros”, relata Escorcia en entrevista con Proceso.

–¿Qué parte de su trabajo pudo detonar estos ataques? –se le pregunta.

–Realmente no publico cosas muy graves, pero sí demuestro que las amenazas y los ataques cibernéticos son operaciones coordinadas; no son dos o tres cuentas que difunden el rumor. Mis gráficas y artículos muestran que son el producto de dos o tres mil cuentas organizadas entre sí, que tienen una intención y un impacto.

En su portal LoQueSigue reveló que un ejército de 75 mil “bots” –las cuentas falsas de redes sociales controladas por programas informáticos– desalentó las protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También, Escorcia documentó los ataques lanzados desde esas cuentas contra periodistas y mostró que se reactivaron en la campaña de Alfredo del Mazo para la gubernatura del Estado de México.

Documentó igualmente los vínculos existentes entre las cuentas de trolls, famosas por amenazar y acosar a periodistas, entre ellos Carmen Aristegui; Álvaro Delgado, reportero de este semanario; Héctor de Mauleón; Denise Dresser, y la estadunidense Andrea Noel. Estas cuentas se “despertaron” también en vísperas de los pasados comicios estatales e hicieron guerra sucia contra Delfina Gómez y la panista Josefina Vázquez Mota.

“Hago visible algo que parecería un rumor. Es como el espionaje: durante mucho tiempo lo denunciaron activistas, hasta que se tuvieron pruebas y ya se pudo demostrar”, añade.

Escorcia explica que coordinar decenas de miles de bots implica la contratación de decenas de operadores –quienes programan las cuentas y relanzan los temas de discusión–, así como un alto nivel de sofisticación. En otras palabras: esos métodos no están a la mano de cualquier persona.

“Todos los partidos los usan, el PRI sobre todo; el PAN con (Rafael) Moreno Valle, e incluso detecté que Ricardo Monreal (de Morena) los utilizó”, dice.

Agresores ocultos 

Las redes de bots permanecieron “dormidas” durante meses, pero se reactivaron a medida que se acercaban las elecciones del Estado de México: apoyaron los mensajes del priista Alfredo Del Mazo –incluso con cuentas registradas en otros países, como Colombia, Brasil y Perú– y participaron en campañas de difamación.

Escorcia documentó en el portal de noticias sinembargo.mx que ocho de cada 10 ataques masivos de bots se dirigieron contra Delfina Gómez. “El día de la elección y el anterior, hubo 17 Trending Topics en contra de Delfina”, subraya.

Durante la campaña estas redes amplificaron la difusión de noticias tanto ciertas como falsas. Fueron particularmente activas el pasado 11 de abril, cuando un helicóptero arrojó folletos sobre el municipio de Texcoco –bastión de Morena en la entidad–, firmados por un inexistente grupo narcotraficante. Los bots difundieron la noticia, y pocos días después amplificaron otra, que resultó falsa y vinculaba a este grupo con el exalcalde Higinio Martínez Miranda.

Se activaron también el pasado 3 de junio –el día previo a la elección–, cuando un grupo de personas desconocidas arrojaron cabezas de cerdo ensangrentadas y cruces a las puertas de la sede de Morena en el municipio de Tlalnepantla.

“El espionaje, la represión y la censura en internet es la respuesta a la organización de la gente en las redes. Algún día un investigador se va a dar cuenta que existe una relación entre la guerra sucia y los bots. Todo esto que ocurrió con Alfredo Del Mazo, que fue brutal, seguro influyó en algunas personas”, estima.

El activista explica que en México operan cuatro grupos principales de trolls: los Underground –los más violentos, que envían amenazas de muerte con el nombre de la víctima escrito con balas–, la Legión Holk y la Legión Científica –conformados por un gran número de adolescentes–, y los Ingenieros, el más antiguo, que cambió de giro pues “ya casi no amenaza sino se dedica a hacer Trending Topics para empresas”.

“Son como cibermercenarios. De los testimonios que he recogido, operan desde troll centers que trabajan para varios partidos y empresas. Dudo que ellos planeen los ataques. Según yo, las agencias que los contratan son quienes los diseñan. Puede ser la Secretaría de Gobernación o los gobiernos estatales”, añade.

Las amenazas en redes siguen un mismo patrón: una cuenta pequeña lanza el mensaje, y posteriormente cuentas más grandes le dan una amplia difusión, detalla el activista, y si bien no posee evidencias para afirmar que una misma persona o entidad se encuentra detrás de los bots, trolls y portales de noticias falsas, observa que los tres suelen activarse en ocasiones que coinciden.

“Infierno mental”

Este semanario entrevistó a Escorcia por primera vez en octubre de 2014. En ese entonces, el activista desarrollaba con entusiasmo un mapa interactivo en el que colocaba fichas sobre los casos de desaparición en México. Lo describió como “un tipo de Wikileaks de los desaparecidos”.

Sus rasgos están ahora más estirados. Los últimos dos años y medio han sido para él un “infierno mental”.

“Estoy muy cansado ya. Casi no publico en mi página, no tengo la energía que tenía, ya no voy a las protestas. Creo que sí me mermó a mí. Y cuando me doy cuenta que el objetivo era sembrar el miedo, más coraje me da. Porque tengo mucho miedo.”

El 5 de diciembre de 2014, en medio de las protestas por la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, Escorcia dio una entrevista a la periodista Carmen Aristegui. Le llovieron cerca de 400 amenazas por Twitter y su sitio sufrió un ataque.

“Tienes que entender lo que es: tu celular no para de sonar, te llegan insultos, fotografías de gente descuartizada”, insiste.

A partir de esa entrevista, las amenazas de muerte formaron parte de su día a día. Y cuando uno de los trolls que se ensañaba contra él publicó su dirección y número de teléfono en internet –después que exhibiera la red de trolls detrás de los llamados a saquear tiendas durante las protestas contra el gasolinazo de enero pasado–, la violencia virtual pasó a la realidad.

Sufrió acoso y hostigamiento: individuos entraron a su edificio y preguntaron por él, entre enero y febrero tocaban su timbre “todas las noches”, un día forzaron la puerta de su vecino, y por lo menos en tres ocasiones hombres con radio en la mano lo siguieron en sus trayectos hacia el metro.

Hasta recientemente, pocos tomaban en serio los ataques en redes sociales. Esta incomprensión, a su vez, sembró dudas en Escorcia: Se preguntó si, en medio de los asesinatos de periodistas y activistas, su caso era legítimo, o incluso real.

“Pasan cosas más graves. No me puedo comparar con Javier (Valdez, el periodista asesinado el pasado 15 de mayo en Culiacán). Alguien toca mi puerta y a otro lo mataron. Obviamente lo mío es mucho menor y lo entiendo. Pero te quedas con tu angustia, y ya van tres años.”

Mientras esto ocurría, la investigación de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) al respecto seguía estancada. El pasado 12 de mayo, al acudir a las oficinas de la dependencia para una comparecencia de rutina, se percató de que funcionarios extraviaron evidencias claves que identificaban a las personas situadas detrás de las cuentas amenazantes, entre ellos Daniel Carlos Penagos García, escondido bajo el alias Perrito.

Dedujo que las autoridades habían dejado de investigar su caso, el cual pasó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

“O sea, si los dejan de investigar y los activan para atacar a sus adversarios políticos, es que ya son parte del sistema. A lo mejor hasta tengo falsa esperanza de que los detengan”, lamenta.

Este reportaje se publicó en la edición 2124 de la revista Proceso del 16 de julio de 2017.

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