Caso John Moreno: Torcer la ley para mantenerlo preso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las autoridades de Baja California Sur mantienen encarcelado al abogado y activista ambiental John Moreno Rutowski desde hace dos meses con base en una declaración que la Procuraduría local falsificó y también debido a una acusación de despojo que las autoridades archivaron hace dos años, delito que incluso está considerado como no grave.

La falsificación de documentos por parte del Ministerio Público salta a la vista y fue confirmada por Humberto Franco Merlos, un perito en criminalística, grafoscopía y dactiloscopia acreditado por el Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur.

A pesar de tener copia del peritaje, Rosalía Cota Domínguez, jueza I de Primera Instancia del Ramo Penal del estado, mandó Moreno a la cárcel el pasado 25 de mayo. En la resolución que justificó el auto de formal prisión, la juzgadora planteó que el MP es una institución de “buena fe” pese que el peritaje dice que hubo “falsificación por alteración”.

Desde hace varios años Moreno apoya a una cooperativa de pescadores del ejido Todos Santos en la lucha legal que emprendieron contra el proyecto urbano-turístico “Tres Santos”, desarrollado por la empresa Mira Companies, vinculada con Jerónimo Marcos Gerard Rivero, el cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, como lo reportó Apro en febrero de 2016.

El abogado Jesús Arturo Rubio Ruiz es compañero de Moreno en el bufete Legalidad y Transparencia Sudcaliforniana y lo apoya en su situación actual.

En entrevista telefónica con Apro, Rubio Ortiz asevera que el gobernador panista Carlos Mendoza Davis multiplicó las señales de “espaldarazo” al proyecto “Tres Santos” a lo largo de los últimos dos años, y afirma que la detención de su amigo se debe a la “injerencia política”.

El abogado sostiene que Jesús Sobarzo Larrañaga, titular de la PGJE de Baja California Sur, está operando para mantener a Moreno en la cárcel durante el mayor tiempo posible, y por ello deplora que la justicia se preste al juego político del Ejecutivo estatal.

“Yo a título personal denuncio al procurador del estado porque solo él pudo haber ordenado esta maña (…) muestra que hay intereses políticos y que quiere mantener preso a John Moreno.”, afirma Rubio. Y añade: “Es un acto criminal”.

En entrevista telefónica, Sobarzo rechaza “rotunda y categóricamente” haber actuado en ese caso, y justifica que la Procuraduría estatal abrió una investigación en contra de Rubio por las descalificaciones que el abogado realizó en la prensa y en las redes sociales.

El procurador descalifica el peritaje de la defensa, al que tacha de “parcial”, e indica que la PGJE entregó su propio peritaje que “demuestra lo contrario”, es decir, que no hubo falsificación de pruebas contra el activista.

Falsificación evidente

El pasado 19 de mayo, pocos días después de denunciar una campaña mediática en su contra, y aunque se encontraba bajo el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, Moreno fue detenido en el ejido Todos Santos por agentes de la PGJE.

Después de varias horas de detención, los agentes informaron al abogado que estaba detenido por el delito de despojo, derivado de un caso ocurrido en 2014 y que la Procuraduría había cerrado con un acta de no ejercicio de acción penal.

La sorpresa de Moreno creció cuando los uniformados le presentaron la averiguación previa del caso –registrada con el número TS/003/2017–, en la que aparecía su propia declaración, supuestamente rendida a las diez de la mañana del pasado 5 de abril en la agencia del Ministerio Público de Todos Santos.

Moreno protestó: sostuvo que nunca fue a declarar, señaló que las firmas que aparecían en el documento no eran las suyas, y dijo que en la mañana del 5 de abril se encontraba en el municipio de La Paz, a más de 50 kilómetros de Todos Santos.

En esta “declaración”, que sirvió de base legal para proceder a su detención, Moreno se dio por enterado de su carácter de imputado y se puso bajo la protección de un defensor de oficio. Ello resulta inverosímil, pues el hombre es amigo de numerosos abogados en la región.

Cuando sus cercanos se enteraron de lo ocurrido, entregaron una copia de la averiguación previa al perito Humberto Franco Merlos. El experto la analizó y su conclusión fue demoledora.

El experto no sólo confirmó que las firmas no provienen “del puño y letra” de Moreno: detectó también que la copia de la credencial del abogado fue fotocopiada de otro expediente e insertada en la declaración, y que algunos sellos aparecen cortados, por lo que, aseveró, resultó “evidente la fabricación de esta copia certificada, alterando y falsificando para insertarla como si fuera original”.

En la averiguación previa aparecen, además, los testimonios de dos agentes de investigación de la PGJE. De nuevo, sus identificaciones fueron fotocopiadas de otro expediente, pegadas, y escaneadas de nuevo, para ser finalmente integradas a la averiguación previa.

La falsificación es evidente, incluso para un ojo inexperto.

Cuando terminan de tomar una declaración, los agentes del Ministerio Público trazan una “gasa de ateste” de color rojo o azul en todas las fojas del documento. En la averiguación previa de Moreno, aparecen dos “gasas”: una gris, que proviene de los documentos escaneados de otros expedientes, y otra roja, que fue aplicada por la PGJE cuando integró la averiguación previa.

Disputa

El caso por el que la PGJE encarceló a Moreno ocurrió en 2014. El abogado coadyuvaba entonces a Joella Faith Corado Carrasco, una ciudadana mexicano-estadunidense, en un caso de disputa sobre un terreno.

Según los extractos de la averiguación previa contenidos en la resolución del auto de formal prisión –que Apro consultó–, el padre de Corado compró a su hija un terreno con una casa en el ejido Todos Santos en 2005, cuando la mujer era todavía menor de edad.

Su madre nombró a Gerald Richard Kirby como apoderado del terreno –hasta que su hija cumpliera 18 años– y le instruyó de construir una segunda casa en el terreno para posteriormente alquilarla. Pero el arquitecto que Kirby contrató lo desfalcó y abandonó la obra inconclusa.

En marzo de 2006, Kirby ofreció un trato al hombre que vigilaba el terreno, llamado Enrique Chávez Ugarte: tras afirmar que era dueño del terreno –lo que era falso–, Kirby le propuso que terminara la casa con sus propios recursos y después venderían la residencia para recuperar su inversión. Chávez aceptó. La obra fue concluida en 2008, y el hombre y su familia la habitaron, pese a las protestas de Corado.

La situación se envenenó y, en febrero de 2014, Corado fue a denunciar la ocupación ilegal de la casa ante el MP. El siguiente 24 de junio, Moreno, Corado y otras personas ingresaron en la vivienda y la cercaron con palos y alambres de púas. Rubio asevera que Moreno realizó el acto con un notario.

Chávez denunció esta acción ante la PGJE, la cual abrió la averiguación previa TS/196/2014 por el delito de despojo. Con la mediación del MP, Chávez terminó por desocupar la casa en 2015 y las autoridades ingresaron el expediente en el archivo.

El caso quedó “muerto” hasta principios de este año, cuando la PGJE reabrió el caso y pidió a Graciela González Rubio Cerecere, jueza segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de La Paz, que extendiera una orden de aprehensión en contra de Moreno. El intento no funcionó y el 3 febrero la magistrada desechó la consignación.

Pero el 25 de mayo, la jueza Rosalía Cota Domínguez cumplió con la solicitud de la Procuraduría local y envió Moreno al Centro de Readaptación Social (Cereso) de La Paz, sin derecho a fianza.

El abogado Rubio sostiene que el activismo de Moreno molesta a la empresa desarrolladora de “Tres Santos” y el gobierno estatal, ya que el proyecto sufrió diversos reveses recientemente.

El pasado 24 de mayo, apenas cinco días después de la detención del abogado, un juez federal confirmó los derechos de la cooperativa de pescadores Punta Lobos –a la que defiende Moreno– para proteger la playa, amenazada por “Tres Santos”.

Rubio asevera que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) abrió una investigación sobre los supuestos daños ambientales perpetrados, mientras que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto se encuentra sometida a revisión.

El procurador Sobarzo, por su parte, niega que la institución a su cargo haya actuado contra Moreno por el tema de Tres Santos. Sostiene que, en los últimos años, la empresa desarrolladora del proyecto interpuso tres denuncias contra Moreno, las cuales fueron archivadas por la PGJE. “En ese momento hubo un silencio total y absoluto de parte de (la defensa)”, dice.

El cuñado de Salinas

Como lo documentó Apro el año pasado, la empresa Mira Companies utiliza fondos de inversión multimillonarios para comprar vastas superficies de terrenos baldíos sobre las cuales erige sus “comunidades”, verdaderas ciudades en miniatura que incluyen condominios de lujo, centros comerciales, oficinas, hoteles, así como infraestructura y servicios, convirtiéndolas en zonas de alta plusvalía.

En Todos Santos la empresa compró 435 hectáreas con un acceso al mar a la altura de la playa Punta Lobos. En su Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) consigna que planea construir 4 mil 472 viviendas y departamentos en condominios, dos hoteles, espacios para comercios y restaurantes, así como una planta de desalinización.

La Mira Companies es una de las filiales mexicanas de Black Creek Group, un fondo de inversión inmobiliaria implantado en Denver, Colorado, que financia proyectos inmobiliarios en Estados Unidos y México.

En México, el grupo estadunidense tiene un aliado poderoso: Jerónimo Marcos Gerard Rivero, hermano de Ana Paula –la actual esposa de Carlos Salinas de Gortari–, quien preside Mexico Retail Properties (MRP) e Infraestructura Institucional (I2), dos de las filiales de Black Creek Group en el país, según el portal financiero Bloomberg.

John A. Blumberg, uno de los tres fundadores de Black Creek Group, co-creó MRP con Gerard Rivero en 2003. En una década, el fondo de inversión se convirtió en un gigante inmobiliario: a finales de 2013, el fideicomiso Fibra Uno adquirió portafolios de 49 propiedades que pertenecían a MRP por 23 mil 155 millones de pesos, en lo que se consideró “la mayor transacción inmobiliaria de México”.

En 2009 Black Creek Group lanzó Infraestructura Institucional (I2) cuyo director y co-fundador es el mismo Gerard Rivero, el cuñado de Salinas.

El reportero Arturo Rodríguez documentó en Proceso que I2 inyectó fondos a proyectos de obra federal concesionados a empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor y financiero de la Casa Blanca de Las Lomas en la que residió la actual pareja presidencial.

Comentarios