CUERNAVACA, Mor. (apro).- El Congreso local recibió recursos extraordinarios del gobierno de Graco Ramírez en momentos claves para la gestión del perredista, por ejemplo cuando los legisladores desecharon la denuncia de juicio político contra el mandatario o cuando votaron a favor de alguna reforma enviada por el Ejecutivo. Así lo asegura el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, al señalar que información la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mostró los datos que demuestran “picos” en la transmisión de recursos. En 2015 el promedio de participaciones mensuales que recibía el Poder Legislativo era de 39 millones de pesos, pero en noviembre aumentó casi al triple: 88 millones 674 mil 504 pesos. En 2016 la entrega de recursos mensuales registró “dos picos”. Al iniciar el año los diputados recibieron en promedio 46 millones de pesos, pero en marzo esos recursos se dispararon a 149 millones, aunque en julio bajaron a 124 millones 570 mil 676 pesos. “Si viéramos en una línea del tiempo podríamos detectar que cuando hubo más recursos fue cuando hubo votaciones muy cuestionadas. Si tuviéramos el acceso a la información sobre el recurso, entonces podríamos ver que ahí se compraron vehículos o que se dieron recursos a los legisladores para apoyos, para gestión, o saber en qué se fue ese recurso, pero en algunos casos podría coincidir que cuando se envían mayores recursos es cuando vienen algunas aprobaciones de leyes que son muy cuestionadas”, sostuvo Roberto Salinas, coordinador del Centro Morelos Rinde Cuentas. En noviembre de 2015, la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) entregó una solicitud de juicio político contra Graco Ramírez por el desvío de mil 800 millones de pesos de un crédito autorizado por el Congreso local para obra pública por dos mil 806 millones de pesos. Sin entrarle al análisis del asunto, los diputados desecharon la denuncia de juicio político. En marzo de 2016, cuando se triplicó el presupuesto de los legisladores, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), dependiente del Congreso local, emitió los resultados de la auditoría especial practicada al crédito de dos mil 806 millones de pesos. A pesar de que había evidencias del desvío de más de 300 millones de pesos (asunto del que Apro dio cuenta en octubre de 2015), la ESAF determinó que no hubo tal. En julio de 2016 el presupuesto del Congreso local se incrementó hasta 124 millones de pesos. En ese entonces los legisladores dieron madruguete y aprobaron en una sede alterna diversas reformas a la Constitución del estado en torno del proyecto de transporte Morebús, que permitió al Instituto de Crédito estatal el control total de las cuotas de los trabajadores del gobierno, así como la transformación de un fondo de apoyo empresarial en banca estatal. Aunado a estos “recursos extra”, el Legislativo local viola la ley de transparencia y acceso a la información pública porque se ha negado a publicar su nómina, ejercicios presupuestales y procesos legislativos, y con ello, según Roberto Salinas, se impide a los ciudadanos conocer cómo y por qué han sido aprobadas reformas constitucionales, entre ellas la Electoral, la de Transporte y la del Instituto de Crédito, y también se desconocen los argumentos con los que han sido desechados juicios políticos o por qué se ha eliminado de la ley de Participación Ciudadana el concepto de revocación de mandato. “Desde octubre y noviembre del año pasado nos metimos a revisar la información del Congreso y nos encontramos que desde hace tres años no suben a su portal de transparencia su cuenta pública, es decir, en qué se han gastado el recurso. No lo sabemos, no está o está oculto”, puntualizó. Pero, además, desde hace un año el Legislativo no ha cumplido con la publicación de dictámenes, iniciativas y trabajo en comisiones. “Ya estamos por cumplir un año y es desafortunado que no podamos conocer qué se hace en el Congreso, cómo se legisla, por qué se toman ciertas decisiones o se reforman las leyes. No podemos encontrar esa información. También la hemos pedido a través del Sistema Infomex y no nos han entregado esos datos”, señaló. Precisó que desde septiembre de 2016 los diputados de Morelos no han hecho pública la nómina del Congreso, pese a que por ley están obligados a difundirla cada mes en su sitio de internet. En meses pasados, agregó, los legisladores enfrentaron un movimiento de trabajadores de algunas bancadas, entre ellas del PRI y el PAN, supuestamente porque no les habían pagado varias quincenas. “Eso no ha sido posible comprobarlo, pues el Legislativo no ha hecho pública la nómina, mientras los ciudadanos están en la indefensión, sin saber cómo se manejan los recursos”, concluyó Salinas.