CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cinco días de que se cumplan dos años del multihomicidio de la colonia Narvarte, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJCDMX) comenzó a atender las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la cual comprobó que durante la investigación del caso se cometieron graves violaciones a las garantías individuales de las víctimas y sus familiares. Este miércoles en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la dependencia a cargo de Edmundo Garrido emitió el Acuerdo A/007/2017 por el que se modifica y adiciona el diverso A/004/2010 y crea la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de las y los Periodistas en el ejercicio de esta actividad. Y es que, el viernes 31 de julio de 2015, cinco personas fueron ejecutadas en un departamento de la colonia Narvarte, delegación Benito Juárez: Alejandra Negrete, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y Rubén Espinosa. Éste último era fotoperiodista colaborador de Proceso y las agencias Cuartoscuro y AVC Noticias. Este miércoles, en un comunicado, la Procuraduría explicó que ese acuerdo es en cumplimiento a una -de las 15- medidas emitidas por la CDHDF en la Recomendación 4/2017 el pasado 21 de junio. El propósito: “garantizar y consolidar en el ámbito de su competencia, el respeto a prerrogativas, tales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso al trabajo digno y socialmente útil”. Además, en la Gaceta se publicó el Acuerdo A/008/2017, por el que se difunde el Protocolo de Investigación para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas y Personas Colaboradoras Periodísticas, en Ejercicio o con Motivo de su Actividad. Según la PGJ local, ambos documentos dan cumplimiento a la Recomendación 8/2014 emitida el 21 de octubre de 2014 por la CDHDF. Con ella “se instruye a los agentes del Ministerio Público para que en las investigaciones que realicen por hechos probablemente constitutivos de delitos, observen los estándares contenidos en tratados internacionales en materia de libertad de expresión y libertad de prensa”. En su recomendación 4/2017, la Comisión comprobó que desde que la policía capitalina y los agentes ministeriales tomaron conocimiento del caso y comprobaron que entre las víctimas había un periodista, omitieron avisar a las agencias correspondientes y realizar las diligencias específicas, por ejemplo, investigar si Espinosa Becerril había denunciado agresiones o amenazas previas. Desde la tarde del sábado 1 de agosto, la organización internacional Artículo 19 difundió en redes sociales la alerta de que Rubén Espinosa estaba desaparecido. Agregó que el joven de 31 años estaba refugiado en la Ciudad de México porque semanas atrás huyó de las amenazas y el hostigamiento que padeció en Veracruz, entonces bajo la administración de Javier Duarte. Peor aún, la mañana del domingo 2 de agosto, el entonces procurador, Rodolfo Ríos, se reunió en privado en el llamado “búnker” con representantes de organismos defensores de periodistas y directores de los medios de comunicación en los que colaboraba el fotoperiodista. Ahí, el funcionario les aseguró que el crimen “no era contra él (Rubén)… los hechos que sucedieron no tienen nada que ver con su actividad periodística”. Apenas habían pasado 36 horas del descubrimiento del crimen, cuando el funcionario ya había descartado el trabajo periodístico de Rubén Espinosa y las amenazas como móvil del multihomicidio. El audio de dicha reunión fue hecho público por la periodista Daniela Pastrana, directora de la organización Periodistas de a Pie, en una nota publicada el 2 de agosto del 2016 en el portal de Aristegui Noticias, a propósito del primer aniversario del multihomicidio. El mismo se puede consultar en el siguiente link:  http://m.aristeguinoticias.com/0208/mexico/multihomicidio-en-narvarte-la-promesa-incumplida-del-procurador-de-justicia-audio/   Las modificaciones   Según la PGJCDMX, el Acuerdo A/007/2017 modifica los numerales primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo y décimo segundo del Acuerdo A/004/2010 y se establecen los lineamientos de actuación para el personal ministerial que conozca de dichos delitos. Bajo esa modificación, siguió la dependencia, “el personal ministerial adscrito a la Agencia Especializada antes señalada, deberá iniciar la carpeta de investigación, siempre que de la denuncia o querella, se desprendan hechos cometidos en agravio de periodistas o personas colaboradoras periodísticas, en ejercicio de su actividad o con motivo de la misma, practicando los actos de investigación necesarios en términos de lo dispuesto en el Protocolo que al efecto se emita, sin descartar a priori la calidad de la víctima y su relación con la actividad periodística”. Además, aseguró el personal ministerial “solicitará información a la Dirección General de Política y Estadística Criminal que le permita relacionar la investigación con otras que tengan similitud en cuanto a las víctimas, las personas indiciadas y su ubicación, el modus operandi o cualquier otro dato relevante tendiente al esclarecimiento de los hechos, para su determinación”. En cuanto a la agencia especializada, según la Procuraduría, tendrá competencia para conocer de los hechos “cuando el sujeto pasivo del delito tenga calidad de periodista o persona colaboradora periodística de conformidad con el Protocolo aplicable a la materia, que el delito sea del fuero común y se haya cometido en agravio de estas figuras”. Al quedar satisfechos los requisitos señalados en el numeral anterior y una vez iniciada la carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público actuará conforme con el Protocolo, publicado en el Acuerdo A/008/2017, añadió. Además, de los numerales que se adicional al Acuerdo A/007/2017, la PGJ local destacó el décimo cuarto en el que se establece que “el personal ministerial deberá mantener comunicación continua con la víctima, brindarle la información que solicite y tomará las medidas necesarias para evitar la injerencia de servidores públicos ajenos a la investigación, así como la filtración de datos contenidos en la misma”. Continuó: “El personal ministerial que conozca de alguna investigación en la que se encuentren relacionados como sujetos pasivos, periodistas, colaboradores o colaboradoras periodísticas en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, y que no se trate de delitos de investigación especializada, la remitirá a la Agencia Especializada, la que realizará los actos de investigación pertinentes, observando lo previsto en el citado Protocolo”. La PGJ aclaró que cuando el ilícito que se investiga sea “homicidio, feminicidio, secuestro, de naturaleza sexual o cualquier otro que requiera de una investigación especializada o intervenga un adolescente en la comisión del hecho que la ley señale como delito, la Fiscalía Central de Investigación correspondiente dará intervención a la Agencia Especializada”. Ésta deberá elaborar un plan de investigación relacionado con su actividad periodística y realizar los actos idóneos, de conformidad con el Protocolo. Una vez agotado dicho plan, deberá remitir las actuaciones ministeriales a la Fiscalía donde se lleva a cabo la investigación principal. Respecto al Acuerdo A/008/2017, la PGJCDMX detalló que se abroga el Acuerdo A/011/2010 y aclaró que tocará a los titulares de las subprocuradurías, Jefatura General de la Policía de Investigación (PDI), coordinadores generales de las Fiscalías Centrales y Desconcentradas de Investigación y de la Visitaduría Ministerial, proveer en la esfera de su competencia, “el exacto cumplimiento” del Protocolo específico para estos casos. La dependencia a cargo de Edmundo Garrido añadió que el Instituto de Formación Profesional, en coordinación con la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, deberá programar y establecer los cursos en materia de prevención de los delitos que se describen en los acuerdos. En particular, dicho Instituto deberá capacitar al personal ministerial, policial y pericial que interviene en la investigación, sobre los cambios y adecuaciones en los procedimientos de investigación e integración de las carpetas de investigación. Las medidas establecidas en los Acuerdos entrarán en vigor este jueves 27 de julio.