COLIMA, Col. (apro).- El juez primero de Distrito con sede en esta ciudad admitió la ampliación del juicio de amparo 966/2017, para que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez esclarezca lo relativo a una presunta solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) para que destituya al secretario general de gobierno, Arnoldo Ochoa González, por supuestamente haber reprobado el examen de control y confianza. El amparo fue promovido el pasado jueves 6 por el ciudadano Francisco Javier Osorio Medina, con base en el oficio número CECC-19867-17 que habría emitido el Centro de Control y Evaluación de Confianza de la PGR y que circula a través de las redes sociales, en el que se solicita la “remoción inmediata” de Ochoa González. En su primera respuesta sobre ese tema, emitida una semana después de la interposición del amparo, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Andrés Gerardo García Noriega, comunicó en nombre del gobernador que no tiene conocimiento de la existencia de ese documento. Ante esa circunstancia, señaló, “no es procedente pronunciarse respecto de la información requerida, derivado de la inexistencia en los archivos del gobierno del estado de Colima del escrito descrito por el promovente”. Posteriormente, el gobernador Peralta declaró que aún no estaba listo el resultado de los exámenes de control de confianza aplicados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a los funcionarios del gobierno estatal, pero no se pronunció sobre el documento atribuido a la PGR. Desde hace más de 20 días, con el apoyo de Morena y El Barzón, Francisco Javier Osorio mantiene un plantón frente al Palacio de Gobierno para exigir la renuncia de Arnoldo Ochoa, a quien acusa de pretender despojarlo de un rancho de más de 280 hectáreas mediante el tráfico de influencias en los poderes Ejecutivo y Judicial. En entrevista, Agustín Díaz Torrejón, abogado de Osorio Medina, expuso que ante la respuesta del Poder Ejecutivo, en el sentido de que desconoce la existencia del documento, el juez federal dio al promovente del amparo la oportunidad de ampliar la demanda, por lo que Javier Osorio acompañó una copia del oficio referido y “con la notificación que le va a hacer el juez (el gobernador) ya va a tener conocimiento del oficio y tendrá que pronunciarse sobre el mismo”. Díaz Torrejón indicó que “si el gobernador dice que es una copia simple, también acompañamos al juez copia del acuse de recibo de la PGR, en donde precisamente se le solicitó a esa dependencia que se pronuncie respecto de la existencia del oficio y de la notificación que en su caso haya hecho al gobernador”. Informó que el juez le dio al mandatario un plazo de cinco días para que responda, por lo que “esperamos un pronunciamiento puntual ahora sí con relación a ese oficio, en el que estamos solicitando que se acate una instrucción de la PGR, porque fundamentalmente no podemos tener a un secretario de Gobierno que ha sido reprobado en los exámenes de control y evaluación de confianza de la PGR”. A juicio de Agustín Díaz, el argumento del gobierno estatal sobre el supuesto desconocimiento del oficio “está planteado de esa manera para decir sí y no a la vez, porque es una respuesta ambigua de si existe o no existe el oficio, simplemente dijo que lo desconoce”. En relación con el plantón por el conflicto en que se encuentra involucrado el secretario de gobierno, el abogado consideró que el gobierno estatal “ha mostrado una actitud indolente”, ya que “después de más de 20 días aguantando las inclemencias del tiempo, ¿cómo es posible que el gobernador no tenga tantita sensibilidad de venir y ver las pruebas de que Arnoldo Ochoa fundamenta que él es el dueño de esa propiedad con recibos falsos y que a través de un juicio de firma y otorgamiento de escritura es como él logra hacerse de la escritura?”. Díaz Torrejón estimó que es delicado y grave que el jefe del Ejecutivo mantenga en el puesto a una persona que está muy cuestionada en su conducta, sobre todo siendo el encargado de la seguridad en todo el estado. Consideró que sería un buen inicio que Peralta separe de su puesto al secretario de gobierno para que afronte sus problemas legales, y “si al final de todo esto se demuestra que es inocente, pues igual lo puede regresar al cargo, pero es con ganas de destrabar el problema, no seguirlo incrementando”.