TOLUCA, Edomex (apro).- Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) exigieron investigar a tres de sus correligionarios por presunto conflicto de interés en la asignación de notarías en la entidad. El Consejo Estatal del PAN turnó a la Comisión Anticorrupción las denuncias contra Francisco Gárate y Ulises Ramírez por aceptar para su hija y esposa, respectivamente, las notarías que recientemente asignó el gobernador priista Eruviel Ávila. Por separado, el presidente estatal del PRD, Omar Ortega, solicitó a la Comisión Jurisdiccional Nacional investigar y, en su defecto, sancionar a Octavio Martínez, secretario de Asuntos Electorales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), por la notaría que se otorgó a su hermano. Con 48 votos a favor, cinco en contra y 11 abstenciones, la noche de ayer los consejeros estatales del PAN avalaron turnar la denuncia a la Comisión Permanente del partido para que ésta, a su vez, la remita a la Comisión Nacional Anticorrupción. La mayoría del Consejo blanquiazul consideró la posibilidad de que al recibir (o incluso gestionar) las notarías para Lorena Gárate --hija de Francisco Gárate, exrepresentante ante el Instituto Nacional Electoral (INE)-- y Angélica Alatorre, esposa del diputado federal Ulises Ramírez, ambos pudieron incurrir en conflicto de intereses. Por tanto, exigieron que sean citados a comparecer por la Comisión Anticorrupción para que expliquen su proceder y, de confirmarse la falta, sean sancionados con la suspensión de derechos o, dependiendo de la gravedad del caso, expulsarlos del partido. Por su parte, la presidencia estatal del PRD solicitó a la Comisión Jurisdiccional investigar al secretario de Asuntos Electorales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Octavio Martínez, por la notaría entregada a su hermano Omar. El dirigente estatal, Omar Ortega, consideró que Martínez, con su conducta, habría violado el artículo 250 del Estatuto, por lo que demandó su destitución y, en su caso, expulsión del partido. Específicamente lo acusó de “cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su encargo, dañar la imagen del partido, de sus afiliados, dirigentes, candidatos u órganos, y de atentar contra los principios, el programa, la organización o los lineamientos emanados de los órganos de dirección del partido”. Las tres notarías en cuestión forman parte de las 12 que Ávila Villegas concedió hace unos días a amigos y familiares de funcionarios del presidente Enrique Peña, o de gobernadores y exgobernadores, así como a aliados electorales.