La CDHDF reactiva el caso Narvarte

Tuvieron que pasar 23 meses del multihomicidio de la colonia Narvarte para que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitiera la recomendación 4/2017, en la que pide a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México atender el caso. Aunque ese documento de 15 puntos representa una “nueva oportunidad” para recomponer las indagatorias, los familiares de las víctimas y sus abogados se muestran escépticos, mientras el nuevo procurador Edmundo Garrido Osorio dice estar dispuesto a “ceñirse a la ley”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio conoce bien el caso del multihomicidio del 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, pues supervisó la investigación cuando era subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales.

La procuraduría aceptó los 15 puntos de la Recomendación 4/2017, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), emitida en pasado 21 de junio, pues tiene la “disposición para cumplir lo que la ley nos obliga” y sentarse de a trabajar de nuevo con los ofendidos y sus coadyuvantes, comenta a Proceso.

Este lunes 31 se cumplen dos años de la ejecución del fotoperiodista colaborador de este semanario Rubén Manuel Espinosa Becerril, la modelo colombiana Mile Virginia Martín, la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete Avilés, la estudiante de belleza Atziry Yesenia Quiroz Alfaro y la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez en el departamento 401 del edificio número 1909 de la calle Luz Saviñón en la colonia Narvarte.

Daniel Gutiérrez Pacheco, José Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas están presos por ese crimen en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Hasta ahora sólo Torres Tranquilino, un expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina ha sido sentenciado, aunque su defensa apeló la resolución de la juez 25 de lo Penal, Hermelinda Silva Meléndez, por falta de pruebas directas que confirmen su responsabilidad.

Apenas se descubrió el multihomicidio, los familiares de las víctimas han sido bloqueados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalinos. Les impidieron identificar los cadáveres, no recibieron la debida atención psicológica ni económica que les otorga la ley, les limitaron sus declaraciones ministeriales y padecieron maltratos por parte de los servidores públicos.

Las autoridades procuradoras de justicia ignoraron los protocolos para investigar casos de feminicidio y homicidio de extranjeros, así como los de agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, sin tomar en cuenta que Nadia y Rubén denunciaron públicamente que eran objeto de amenazas y hostigamiento en Veracruz.

Habían pasado 36 horas del crimen y el entonces procurador Rodolfo Ríos Garza descartó esa línea de investigación al asegurar que el crimen “no era contra él (Rubén)… los hechos que sucedieron no tienen nada que ver con su actividad periodística”, dijo.

Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2126, ya en circulación

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