CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- A dos años del multihomicidio de cinco personas en la colonia Narvarte -entre ellos, el fotoperiodista y colaborador de Proceso, Rubén Espinosa- periodistas, activistas y abogados de las víctimas se manifestaron a las afueras de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX). “Han sido dos años sin respuesta: no sabemos de todos los autores intelectuales. La PGJ no ha sido capaz de establecer la mecánica del crimen”, señaló el también colaborador de este semanario, Temoris Grecko. Al evento acudieron las hermanas de Rubén Espinosa, Patricia y Alma Espinosa; Fredy Morales, hermano de Mile Virginia Martín; e Indira Alfaro, madre de Yesenia Quiroz. Los familiares refirieron que a 24 meses del multihomicidio ocurrido el 31 de julio del 2015, no creen en la versión de la Procuraduría que dirige Edmundo Garrido Osorio. Argumentaron que no se han agotado todas las líneas de investigación y que durante las diligencias no tomaron en cuenta las actividades laborales de cada una de las víctimas, además de todas las irregularidades durante las averiguaciones previas. “No pedimos nada extraordinario: exigimos verdad y justicia”, coincidieron los familiares. Después de una clausura simbólica con los rostros de Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Rubén Espinosa, Nadia Vera y Mile Martín pegadas en la entrada de las instalaciones de la PGJ, Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19, criticó la actuación de la Procuraduría durante la jefatura de gobierno de Miguel Ángel Mancera. Representante de la familia de Espinosa Becerril, señaló que el multihomicidio no es un caso aislado, ya que existe un patrón en la forma en que se investigan los casos de homicidio en la entidad. “Es la misma Procuraduría que mintió en el feminicidio de Lesvy Berlín, que trata de ocultar las cifras de homicidios, así como del crimen organizado “, refirió. Añadió: “Es una muestra del estado de descomposición que vive esta ciudad. Son inaceptables las explicaciones que nos quiere dar la PGJ. ¿A quién está protegiendo Mancera, a quién está defendiendo la PGJ?”. Incluso, denunció que días antes de la protesta frente a la PGJ, solicitaron al procurador, Edmundo Garrido, una reunión con los familiares de las víctimas, aprovechando que la madre de Yesenia que vive en Mexicali, y el hermano de Mile, que habita en Bogotá, Colombia, viajaron a la capital para participar en la conmemoración del hecho. No obstante, dijo que hasta la fecha no tenían respuesta del encargado de la procuración de justicia de la ciudad quien, a su vez, conoce muy bien la investigación, pues la supervisó cuando era subprocurador de Averiguaciones previas Centrales, bajo la orden de Rodolfo Ríos. En el mitin, en el que integrantes de seguridad de la PGJ impidieron cerrar por completo las puertas, los activistas también realizaron una pinta en la calle con la palabra “justicia”. PGJ sigue ignorando a las víctimas Al mediodía y como parte de las actividades de conmemoración del caso Narvarte, Héctor Pérez Rivera, director de la Clínica de Interés Público contra la Trata del ITAM, refirió que es falso que la PGJ cumplió con una de las recomendaciones que hiciera la Comisión de Derechos Humanos de la capital (CDHDF), como lo dio a conocer la misma institución, el pasado 26 de junio. Según su versión, la dependencia ni siquiera ha notificado a los representantes de las víctimas sobre este cumplimiento, por lo tanto, no existe una valoración de que cumpla con lo referido por la CDHDF. Aseguró que es más una reacción a “bote pronto” y por la cercanía de la fecha, criticó el abogado. En entrevista con Apro, el litigante detalló que después de la publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX de las modificaciones a los acuerdos A/007/2017 y A/004/2010 -con los que supuestamente la PGJ cumplió uno de los puntos de la recomendación 4/2017, de la CDHDF- no ha habido interlocución con las víctimas. Aún más, se refirió a la entrevista a Edmundo Garrido que Proceso presentó en su edición 2126 que circula esta semana, en la que asegura que existe disponibilidad de la dependencia a su cargo para cumplir con los 15 puntos recomendatorios de la CDHDF. “Si estuviera en la mejor disposición ya se hubiera reunido con las familias para establecer una ruta de cumplimiento, situación que no ha ocurrido hasta el día de hoy”, criticó Pérez Rivera. De la Recomendación de la CDHDF emitida el pasado 21 de junio, el abogado dijo que el órgano “quedó a deber” ya que faltó una restructuración del sistema de atención a las víctimas. “A las víctimas se les trata con absoluto desprecio. La capital no tiene una comisión de atención, ni un fondo de reparación integral, ni una ley para las víctimas. Esta Recomendación debió de haber sido la oportunidad de la CDHDF para pedir una reforma integral y estructural del sistema de atención a víctimas de la ciudad”, mencionó el abogado. Héctor Pérez insistió en que la presidenta de este órgano autónomo, Perla Gómez, carece de autoridad moral para hacer vales sus recomendaciones. Incluso, denunció que hubo una administración política durante el proceso de emisión de la Recomendación, porque -como lo denunciaron los familiares-, constantemente se cambió el visitador responsable y se añadían o quitaban contenidos del documento señalado. Finalmente, adelantó que de los 15 puntos de la Recomendación primero buscarán que se cumpla la disculpa pública, la adecuación del protocolo de actuación para el delito de feminicidios y la indemnización para las familias. “Pediremos que haya una reunión formal donde se acuerde la ruta crítica para cumplir la recomendación”, concluyó.