Una vez que la Marina baleó a Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, comenzó a librarse una batalla política que abarca toda la ciudad: desde la Jefatura de Gobierno, que encabeza el prospecto de candidato presidencial por el PRD Miguel Ángel Mancera, se trata de responsabilizar al delegado Rigoberto Salgado, de la primera fuerza política local, Morena, de haber protegido o al menos tolerado las actividades del llamado “Cártel de Tláhuac”. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La insólita intervención de la Marina en el sur de la Ciudad de México para desarticular a una organización de narcomenudistas comandada por Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, quien murió junto con siete de sus cómplices en el operativo del jueves 20 en la colonia La Conchita, de la delegación Tláhuac, abrió un nuevo frente de batalla entre el gobierno de Miguel Ángel Mancera y Morena, el partido liderado por Andrés Manuel López Obrador. Mientras los manceristas, apoyados en su brazo político en la capital, el PRD, y en las filtraciones de inteligencia nacional que aseguran que El Ojos tejió una red de complicidades que alcanzaría a altos mandos policiacos y a funcionarios de la estructura delegacional, se apresuraron a vincular al titular de la demarcación, Rigoberto Salgado Vázquez, a ese grupo delincuencial, el funcionario de Morena se defiende y reta a los autores de esos rumores a probar sus dichos en los tribunales. A una semana de los intentos de narcobloqueos que desencadenó la muerte del Ojos en Tláhuac, Salgado Vázquez dice a Proceso: “Lo niego rotundamente, es una falsedad. A la fecha, no he sido llamado a comparecer en el marco de ninguna investigación, y si esto ocurriese con mucho gusto la atiendo. Yo soy el primer interesado en que este asunto se clarifique”. De hecho, aplaude la decisión de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de citarlo el 2 de agosto para explicar su presunta indolencia para actuar o al menos para denunciar ante las autoridades competentes a la organización criminal que instaló su base de operaciones en el territorio bajo su jurisdicción y que, según la Marina y el Gobierno de la Ciudad de México, había extendido su campo de acción a lugares como Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Chalco. “Para mí es una enorme oportunidad de hablar del tema porque se me atribuyen de manera indebida facultades que son propias del secretario de Seguridad, del procurador y del titular de la Secretaría de Movilidad”, explica en la entrevista, la tarde del miércoles 26 en la cafetería del hotel Krystal Grand Reforma Uno. Ese miércoles lo pasó en dicho lugar atendiendo a la prensa, después de cinco días de guardar silencio, en los que preparó su estrategia de control de daños asesorado por la consultoría Strategic Affairs, que dirige Roberto Morris. En su reaparición pública, Rigoberto Salgado decide repartir culpas y dice que desde que asumió las riendas de la delegación, el 1 de octubre de 2015, alertó al gobierno de Mancera sobre la carencia de policías, el aumento de la inseguridad y la anarquía con la que operaba el transporte alternativo. Se refiere a las bicicletas, motocicletas y carritos de golf adaptados con asientos que prestan servicio como taxis y muchos de cuyos conductores –ahora se sabe– fueron reclutados por El Ojos como halcones y distribuidores de droga. Según datos oficiales, en Tláhuac operan actualmente 6 mil 100 carritos de ese tipo, cuyos propietarios se agrupan en 35 asociaciones. Sin embargo, unas 3 mil de esas unidades lo hacen sin contar con registro alguno hasta la fecha. Descoordinación e infiltraciones A pesar de su larga carrera en el servicio público, siempre en Tláhuac –donde fue director de Fomento Económico, Seguridad Pública, Desarrollo Social y Servicios Urbanos en los últimos gobiernos perredistas– y de su paso en la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, al asumir funciones como delegado el 1 de octubre de 2015, Salgado advirtió que, con los recursos humanos y materiales que tenía a su disposición y el acotado alcance legal para actuar en rubros torales como seguridad pública y transporte, no podría con el paquete sin la ayuda del gobierno central. Por eso el 13 de enero de 2016, apenas dos meses después de haber tomado posesión del cargo, le pidió ayuda al titular de la SSP-CDMX, Hiram Almeida Estrada, para reforzar la seguridad en la delegación. En el oficio JDT/017/16, Salgado Vázquez alertó desde entonces al responsable de la seguridad en la metrópoli de que la demarcación tenía escasa fuerza policiaca –no más de 400 elementos y 25 patrullas– y que había nichos históricos de la delincuencia que ameritaban pronta atención, como las colonias Miguel Hidalgo, Los Olivos, Del Mar y La Conchita Zapotitlán. En esta última fue donde la Marina ultimó al Ojos. En febrero de ese mismo año, Salgado Vázquez hizo otra petición a Almeida: instalar una cámara de videovigilancia en la avenida Tláhuac, esquina con la calle Ruperto Pérez de León, colonia La Conchita Zapotitlán. A falta de respuesta, el 8 de agosto el jefe delegacional de Tláhuac envió un escrito a Mancera (JDT/336/2016) con copia a los titulares de la PGJ y la SSP, en el que, en representación de sus gobernados, manifestaba su preocupación por “los altos índices de inseguridad que han azotado a nuestra comunidad en los últimos meses y que nos han llevado a perder la tranquilidad”. Añadió: “Vivimos con temor no sólo de perder nuestro patrimonio, sino de perder la vida”. En el escrito también daba cuenta de la desaparición, el 20 de julio de ese año, del mototaxista Josué Rodrigo Trejo Mosqueda, de denuncias ciudadanas que alertaban sobre cadáveres encontrados en distintos sitios de la demarcación, de fosas clandestinas, de la presunta existencia de casas de seguridad, de la necesidad de contar con mayor fuerza policiaca y de la necesidad de regular el servicio de transporte alternativo, entre otras demandas. Salgado Vázquez reconoce en la entrevista que en aquel entonces la PGJ envió un equipo de investigación para dar seguimiento a las denuncias sobre las fosas y desapariciones, y que no hallaron sustento para dichas quejas, excepto la denuncia por la desaparición del adolescente Josué. Aun así, el envío de oficios al gobierno central no cesó: el 7 de octubre de 2016 la autoridad delegacional volvió a recurrir a Mancera, luego de que la SSP retiró a cerca de 100 elementos de Tláhuac. En el oficio JDT/452/16, Salgado Vázquez manifestó su preocupación por la carencia de recursos humanos y materiales para garantizar la seguridad de los 360 mil habitantes de la delegación, que abarca 8 mil 534 kilómetros cuadrados, es decir, 5.74% del territorio de la ciudad. El 28 de marzo pasado, el jefe delegacional le pidió de nueva cuenta a Almeida Estrada que instalara cámaras de vigilancia en la colonia La Conchita Zapotitlán, debido al incremento de los actos delictivos en algunas calles del perímetro donde la Marina desarticuló el centro de operaciones del Ojos. Una semana después, el 3 de abril, reiteró en su petición de instalar cámaras de videovigilancia en calles de la colonia La Conchita. El día 7 giró otro oficio a Mancera pidiéndole que robusteciera la seguridad con más elementos y equipamiento ante el aumento de los delitos de alto impacto en la demarcación, que colinda al norte y al noreste con Iztapalapa, al oriente con el municipio mexiquense de Valle de Chalco Solidaridad, al sur con Milpa Alta y al suroeste con Xochimilco. En las reiteradas peticiones a distintas instancias del gobierno capitalino, Salgado Vázquez nunca mencionó a la organización que dirigía El Ojos, aunque en la entrevista con Proceso el delegado asegura que en las reuniones del gabinete de seguridad, donde participan representantes del jefe de Gobierno, de la SSP y de la PJG capitalinas, en más de una ocasión se mencionó el nombre del cabecilla. Incluso, refiere que se habló de otros líderes delincuenciales que operan en Tláhuac y en el oriente del Valle de México, cuyos nombres omite por temor a sufrir represalias, pues él y sus familiares viven en la zona. En declaraciones a Radio Fórmula, el jueves 27 Patricia Mercado, la secretaria de Gobierno capitalino, aceptó que el delegado en Tláhuac envió diversos oficios relacionados con la seguridad pública, aunque reprochó que nunca haya hecho énfasis en que había un problema serio de narcomenudeo. “Sólo se plantearon generalidades, como la falta de patrullaje o lentitud en la respuesta a las llamadas de emergencia”, dijo. Además, resaltó que desde septiembre de 2016, cuando los índices de inseguridad se dispararon en la delegación, Salgado Vázquez dejó de asistir a las reuniones de gabinete. “Él es nativo de Tláhuac, tiene toda su vida ahí, ha participado en diferentes gobiernos, es ahora el jefe delegacional, por eso le pedí que aportara a la autoridad toda la información que tiene”, remachó Mercado. Salgado Vázquez niega haber conocido o tenido contacto alguno con Pérez Luna. Es más, asegura que nunca supo de las ruidosas fiestas que el narcotraficante organizaba en su barrio y menos aún que financiara las festividades patronales, como aseguran los vecinos. “Cualquier persona que se dedique a una actividad delincuencial lo que menos quiere es visibilidad. Yo nunca vi ni supe de eso”, afirma. Sin embargo, la semana pasada fuentes de la Marina revelaron al diario Reforma que la indagatoria de la autoridad federal sobre la red que tejió El Ojos en Tláhuac incluye al jefe delegacional, a familiares y allegados, así como algunos mandos de la SSP-CDMX. No sólo la autoridad federal tiene bajo la mira a jefes policiacos encargados de garantizar la seguridad en las zonas sur y oriente de la capital. En entrevista con Proceso, el titular de la SSP-CDMX, Hiram Almeida, aceptó que la dirección de Asuntos Internos abrió una indagatoria contra al menos 15 elementos de la corporación para deslindar responsabilidades. Los reporteros averiguaron que entre los investigados se encuentran al menos dos altos mandos: el segundo inspector encargado del despacho de la Dirección General de la Policía de Proximidad en la zona oriente, Carlyle Herrera Flores, y el jefe de sector en Tláhuac, Orlando Espinosa Morgan. Fuentes de inteligencia nacional aseguran que por esa razón se tuvo extremo cuidado en el manejo de la información sobre el operativo orientado a detener y desarticular a la organización criminal del Ojos. Cierto o no, el operativo tomó a Mancera por sorpresa, cuando visitaba Chihuahua, donde, en su carácter de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, regaló patrullas a los alcaldes de los municipios de Ciudad Juárez y Parral, mientras el sur de la capital ardía, con narcobloqueos orquestados por las bases de apoyo del grupo dirigido por Pérez Luna. “No necesitamos el reporte de nadie” Edmundo Garrido, titular de la PGJ-CDMX, niega que el operativo desplegado en Tláhuac haya sido producto de los reportes que el delegado entregara sistemáticamente a los distintos niveles del gobierno capitalino el año pasado y en lo que va del presente. Entrevistado en las oficinas que ocupa en el búnker de la colonia Doctores, el funcionario que relevó en el cargo al polémico Rodolfo Ríos Garza, dice: “No necesitamos el reporte de nadie. Trabajamos con denuncias anónimas directas y operativos programados. Hacemos inteligencia”. Explica que por lo menos cada mes se lleva a cabo una reunión de gabinete con el consejo metropolitano en una zona militar, en la que participan representantes de la Marina, el Ejército, la PGR, la Policía Federal y el Cisen, entre otras instancias federales y locales. En dichos encuentros, refiere, se intercambia información y se generan acciones de inteligencia. De ahí, aclara, surgió hace siete meses la estrategia para intervenir en Tláhuac, pues “teníamos datos sólidos de que en el oriente de la Ciudad de México se habían incrementado notablemente el narcomenudeo y los homicidios, y se identificó a la organización del Ojos como la fuente generadora de la comisión de dichos delitos”. Garrido Osorio se reserva el derecho a responder qué instancia decidió que efectivos de la Marina asumieran el control del operativo. Arguye que se trata de un asunto de alta seguridad, pues se definen tramos de responsabilidad y estrategias de operación. La Marina, explica, se enfocó a la detención del objetivo –que finalmente acabó en masacre, por la que ya se interpusieron dos quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la PGJ en el tema perimetral– y “ahí están los resultados”. Para él “fue un operativo limpio”. A raíz de que el delegado Salgado Vázquez denunció la omisión de Mancera para atender sus peticiones de reforzar la seguridad, dotar de patrullas y montar cámaras de videovigilancia en puntos neurálgicos de la delegación, como la colonia Conchita, la PGJ se defendió y divulgó información sobre los operativos que ha realizado en Tláhuac de mayo de 2016 a la fecha, con un saldo de 70 personas detenidas y abatidas. Entre los detenidos, destacó los casos de los siguientes operadores cercanos al Ojos: un joven de 19 años del que no se dio su nombre; Gerardo Paredes, yerno del extinto líder de la banda, y Miguel Ángel Pérez Ramírez, hijo de Felipe de la Cruz. El primero fue detenido el 25 de mayo; el segundo, en septiembre del año pasado, y el tercero, el 19 de mayo último en Acapulco, mientras se divertía en el Festival Aca Moto. Pese a que en la Ciudad de México se ha detenido al menos a una decena de capos en la actual administración –el último de ellos Dámaso López, El Licenciado, quien se perfilaba como sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán– y distintos cárteles han dejado su marca con sujetos masacrados, torturados, colgados, maniatados y decapitados, el titular de la PGJ defiende la tesis mancerista de que la capital del país está libre de cárteles de la droga: “Aquí, en la ciudad, sólo tenemos bandas dedicadas al narcomenudeo y la extorsión, ninguna del tamaño y estructura de la que desarticulamos en Tláhuac el jueves 20 de julio.” –Fuentes de inteligencia y el propio titular de la SSP-CDMX aseguran que mandos de la policía capitalina son investigados por su presunta relación con la organización que dirigía El Ojos –se le pregunta. –La investigación está abierta. Tenemos todas las líneas abiertas, por lo que nadie está libre de culpa. Una vez que se agoten, el o los servidores públicos que resulten implicados en la indagatoria tendrán que enfrentar las consecuencias –responde el funcionario que en más de una ocasión ha sido exhibido por la Comisión de Derechos Humanos capitalina a causa de sus polémicas actuaciones en los casos Heaven, Narvarte y Lesvy Berlín Osorio. Este reportaje se publicó en la edición 2126 de la revista Proceso del 30 de julio de 2017.