El Inegi confirma la cadena de abusos que padecen los presos en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por vez primera un organismo público, el Inegi, reveló lo que organizaciones no gubernamentales y la misma CNDH han documentado año con año: que en cualquiera de las etapas del proceso penal –arresto, presentación y consignación ante el MP, juicio, estancia y salida de las prisiones– persisten violencia psicológica, tortura, faltas al debido proceso y hacinamiento, entre otros abusos.

Así lo dio a conocer el organismo encargado de la estadística nacional y estatal en la presentación de los resultados de su primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 (ENPOL), con base en un sondeo realizado a 211 mil internos en los 338 centros penitenciarios –estatales y federales– del país.

De la información obtenida por el Inegi, se desprende que en las cárceles estatales y municipales se cometen la mayoría de los agravios, y que las policías municipales y Ministerial son las que más violentan los derechos humanos de los detenidos en 32.5% y 33.6%, respectivamente.

Las cifras del Instituto también dan cuenta de que los estados con mayor tasa de personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes son las siguientes: Nayarit (573), Baja California (378), Sonora (367), Durango (329) y Ciudad de México (323).

Sin embargo, los datos contrastan con el número de penales por estado que el Inegi también pudo documentar: Jalisco encabeza la lista con 25, Puebla con 22, y el Estado de México con 21; cifras que dan cuenta del hacinamiento en que viven los reclusos.

Finalmente, el documento refleja que la corrupción es un mal que sigue reinando en las cárceles de México y que está presente en cada una de las etapas del proceso penal, principalmente durante el arresto.

Lo anterior porque de entre las personas privadas de la libertad que han sido víctimas de actos de corrupción sobresalen los presos del Estado de México, con un porcentaje del 57.9%, le siguen la Ciudad de México con 56%, Puebla con 48.9 %, Tlaxcala con 48.4% y Tabasco con 44.5%.

La mayoría de estos pagos fue para exentar el pase de lista, tener aparatos eléctricos, cambiar de celda y salir al patio de visitas, en ese orden.

El resto fue para cubrir necesidades básicas que legalmente no tendrían que estas condicionadas, como lo es el tener agua potable, recibir comida, tener una cama, acceder a la visita conyugal, usar el baño y participar en algún taller.

Estos son los resultados.

Violaciones en el proceso

De acuerdo con ENPOL 2016, el arresto no sólo es la etapa en la que se cometen más actos de corrupción, sino en la que registran las mayores violaciones a los derechos humanos por agentes de la Policía Ministerial (33.6%) y por la Policía Preventiva Municipal (32.6%).

Las violaciones se reflejan en tres vertientes.

La primera es que al momento del arresto el 58.3% de la población fue incomunicada o aislada; 52.5% fue amenazada con el levantamiento de falsos cargos; 46.2% fue desvestida, y 40:2% atada.

Otras de las vejaciones señaladas por los reclusos fue que les vendaron los ojos o les cubrieron la cabeza; fueron presionados para que denunciaran a alguien más, o sufrieron asfixia, sofocándolos o metiéndoles la cabeza en agua.

También denunciaron la amenaza de los elementos policiales con hacerles daños a los miembros de su familia, advertencia que se cumplió en 7.5 de los casos.

La segunda tendencia señalada por el Inegi y que se asentó con base en los testimonios de los encuestados fueron los agravios físicos, ya que 63.8% de los reclusos sufrió algún tipo de agresión. Principalmente y en ese orden: patadas o puñetazos; golpes con objetos; lesiones por aplastamiento; descargas eléctricas; quemaduras y hasta violaciones sexuales, entre otras.

En cuanto a las faltas cometidas respecto del debido proceso, destaca el tiempo trascurrido entre el arresto y la presentación ante el MP o juez penal, ya que en 17.6% de los casos esto se dio entre 6 y 24 horas después; en 16.3% se dio en 30 minutos, y en 11.8% el traslado duró más de 48 horas.

Cabe señalar que de los 211 mil encuestados en 2016, la mayoría había sido arrestado en el periodo de 2012-2014, es decir, se da cuenta como los años con más arrestos a escala nacional.

Violaciones al debido proceso

En los MP también se cometen atropellos, pues ante los agentes de éstos –quienes realizan la mayoría de los interrogatorios—, a 32.4% no se les dijo de qué cargos los acusaban, 66.3 no logró contactarse con sus familiares, y en 80.2% ni siquiera se comunicaron con un abogado.

No es todo, del 62.6% de los que se permitió que rindieran su declaración, en casi la mitad de los casos las autoridades presionaron para dar otra versión de los hechos, en más de la mitad las autoridades no apuntaron exactamente la declaración de los reclusos, y sólo en 28.8 de los casos este paso dentro del proceso penal se hizo frente a un abogado.

Las violaciones continúan dentro de los centros penitenciarios, principalmente en los estatales y municipales: en 45.6% de estos, los reclusos comparten celda con más de cinco personas.

Son además estas instancias en donde se les proporcionan menos bienes a los privados de la libertad, como ropa, cobijas, calzado y artículos de aseo personal. Estas cifras contrastan altamente con los artículos que los Centro Federales sí proporcionan.

Incluso en 47.7% de los penales federales sí existe una separación entre los internos sentenciados y los que están procesados.

Victimización

Dentro de las celdas los internos aseguran padecer aún más violencia, destacadamente el robo de pertenencias personales, lesiones y extorsiones. Por estas razones, 31.9% indicó que se siente inseguro en los centros penitenciarios.

La mayoría de los 63 mil 150 reclusos que componen el universo de los privados de la libertad a escala nacional ha sido sentenciado y procesado por robo –a vehículo, transeúnte y en vía pública, a negocio y en casa habitación—, por homicidio o por violación sexual.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 además de dar cuenta de las violaciones a derechos humanos, muestran las fallas en el debido proceso, mismas que coinciden con el reporte de mayo de 2017 de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD): a casi un año de su instauración, el nuevo modelo de impartición de justicia opera con serias deficiencias.

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