CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La respuesta es no. Es decir, puede cambiar sus documentos básicos y realizar reformas específicas a sus estatutos, pero eso no impactará en las formas de hacer política, de actuar en la vida pública, de ser gobierno. Desde 1987 la fractura priista que articuló la coalición en torno a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y dio paso posterior a la creación de PRD, ha quedado claro que el PRI es incapaz de democratizarse. No pudo cambiar en la XIV Asamblea Nacional en los tempranos noventa; con la crisis que produjo su derrota en el 2000 y, muchos menos, cuando regresó a la Presidencia de la República. Por el contrario, a partir de 2012, sus cambios estatutarios renunciaron a los últimos contenidos que le daban identidad para abrazar la causa del pragmatismo, declaradamente acomodaticio, de Enrique Peña Nieto. Fue en 2013, cuando los priístas, en aras de apoyar las reformas estructurales, cambiaron sus documentos básicos. Es decir, su cultura de sumisión, de acatamiento de “la línea” de incapacidad para discutir de fondo, en un ambiente democrático de convivencia de ideas o bien, hasta de su ausencia de ideas, prevaleció una vez más. La lógica del priismo en la que el presidente de la República es también líder del partido, se verbalizó así, en la expresión “sana cercanía” repetida en especial por la elite mexiquense, en oposición a la “sana distancia” de los noventa que pretendía erradicar la fama de partido hegemónico. El PRI es partido de formas, verbales y simbólicas, herramientas estas de su pragmatismo. Encubrimiento y simulación, muchas veces son origen de la corrupción e impunidad, de sus proceso fallidos, del atraso político de sus miembros. Sus decisiones distan por lo general de una preocupación por el bien común y atienden a los intereses de los grupos de poder en turno; sus asambleas y deliberaciones, son en realidad, como una liturgia insustancial, repetitiva, que se práctica nada más para cumplir. Por ejemplo: Un tema de esta semana en su asamblea es el de la militancia de quien sea postulado a la Presidencia. Para un grupo, minoritario, lo ideal es que la militancia no sea condicionante para que alguien sea postulado abriendo así la posibilidad a candidaturas de coalición, o de candidatos ciudadanos. Otros, proponen que la militancia de diez años sea una condición indispensable para ser postulado a la Presidencia, con voces que plantean se amplíe a otros cargos de elección popular. Los argumentos de unos y otros son claros: para los primeros se trata de poder construir gobiernos de coalición o aceptar un candidato ciudadano; para los segundos, de que sea alguien de la nomenclatura el único que pueda aspirar. En los hechos, de lo que se trata es de preservar la posición de privilegio y poder para grupos como el de Manlio Fabio Beltrones, quien ya ha declarado abiertamente su intentona por la coalición que, en el mensaje visual, va a ir construyendo con el perredista Miguel Mancera y el panista Gustavo Madero. Entra también ahí el sector de la coalición simulada, es decir, el de quienes aspiran a que José Antonio Meade, encarnación de bipartidismo, tenga alguna posibilidad. Del otro lado, que controla mayoritariamente la asamblea, está el grupo de quienes representan el interés de Miguel Ángel Osorio Chong, el de la militancia añeja. En síntesis, no se trata de decidir un tema ideológico, relacionado con sus procedimientos estatutarios, sino de apuntalar al próximo candidato presidencial. Es decir, simulación que será resuelta cuando la línea de la Presidencia baje y los criterios queden alineados. Ese sólo ejemplo, permite ver cómo el PRI no puede cambiar, así vaya modernizando “la línea” o sofisticando su viejo “destape”. www.notassinpauta.com