CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras los grupos de autodefensa proliferan en la entidad ante la ola de impunidad y violencia y la policía está ausente en las zonas más convulsas, el gobierno de Héctor Astudillo Flores considera como “prioridad” garantizar la seguridad de la inversión minera y la cadena de proveedores. Para ello, el mandatario guerrerense puso a disposición de los empresarios su servicio de seguridad privada, a través del Instituto de la Policía Auxiliar Estatal (IPAE), organismo paraestatal que opera de forma irregular y en total opacidad. Al respecto, el presidente del clúster minero en Guerrero, Alfredo Phillips Green, reveló que la empresa canadiense Media Luna (Torex Gold) -que también dirige-, contrató 120 policías estatales habilitados como guardias privados que se encargan de vigilar las instalaciones y escoltar el traslado de oro de la mina El Limón-Los Huajes, ubicada en el municipio de Cocula, en la convulsionada zona norte de la entidad. Phillips Green expresó lo anterior durante la reunión privada entre empresarios mineros, proveedores y representantes del gobierno de Astudillo Flores que se realizó el pasado 12 de julio en el puerto de Acapulco, de la que Apro tiene videos y audios. En el encuentro, el secretario de Fomento y Desarrollo Económico del gobierno estatal, Álvaro Burgos Barrera, exhortó a los medianos y pequeños empresarios a “prepararse para tomar parte del pastel”, argumentando que, en una década, Guerrero desplazará a Sonora y se convertirá “en el primer productor de oro” en el país por el potencial minero de esta entidad. Una de las principales inquietudes de los proveedores convocados al cónclave en Acapulco fue el tema de la inseguridad y extrema violencia en el estado. En respuesta, Burgos Barrera dijo que una de las prioridades del gobernador Astudillo “es garantizar la seguridad” de los inversionistas de la industria minera y sus proveedores en la entidad. Como ejemplo del compromiso del gobernador con los inversionistas extranjeros y nacionales, mencionaron el caso de la empresa canadiense Media Luna, que tiene asignados 120 policías estatales del IPAE, como guardias privados en la mina El Limón-Los Huajes, asentada en las inmediaciones del poblado de Nuevo Balsas, en la Rivera del Río Mezcala, zona conocida como El cinturón de oro de Guerrero. Esta franja que abarca las regiones Centro, Tierra Caliente y Norte se caracteriza por sus niveles de violencia, inseguridad, marginación, pobreza y desplazamiento masivo de personas generada por la confrontación entre grupos criminales que disputan las ganancias de la industria minera, así como el control de las áreas serranas de producción y trasiego de heroína. Ante la incertidumbre de los proveedores, el gerente de Media Luna y presidente del clúster minero en Guerrero señaló que existe “muy buena comunicación” entre los inversionistas con el general que se desempeña como secretario de Seguridad Pública en la entidad, Pedro Almazán Cervantes, y autoridades del Policía Federal. Incluso, anunció que en Guerrero, las autoridades federales y estatales van a implementar un esquema de seguridad para las mineras similar al que se diseñó para los productores de aguacate en Michoacán que se enfoca en proteger el proceso de producción, traslado y venta del producto, en este caso el mineral que van a explotar, indicó Phillips Green. Hace dos días, Apro dio a conocer que el gobierno de Astudillo aprovecha la situación de inseguridad en la entidad para hacer negocios con empresas mineras, al utilizar a policías estatales como guardias privados. Los informes refieren que el servicio de seguridad, protección y vigilancia que ofrece el gobierno de Héctor Astudillo al sector empresarial e institucional tiene un costo mensual de 15 mil 324 pesos, por un servicio de vigilancia y resguardo de instalaciones de 12 horas y lo doble, es decir, 30 mil 648 pesos, por 24 horas. No obstante, los mil 500 policías estatales que conforman el IPAE y de los que se desconoce cuántos están certificados, reciben un salario mensual de cuatro mil pesos y son obligados a trabajar jornadas que violan derechos laborales y sin prestaciones básicas que marca la ley, informaron agentes que pidieron el anonimato por temor a represalias. El resto de las ganancias son administradas en total opacidad por los secretarios de Seguridad Pública y de Finanzas, Pedro Almazán Cervantes y Héctor Apreza Patrón, respectivamente, quienes forman parte del Consejo de Administración y Gobierno de la paraestatal, informaron fuentes oficiales.