CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un show mediático en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por la comparecencia del jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, diputados de todos los partidos políticos –menos de Morena– pidieron su remoción del cargo, tras asegurar que incurrió en omisiones en materia de seguridad y que existían elementos suficientes para vincularlo con Felipe de Jesús Pérez Luna El Ojos, líder de la organización delictiva de Tláhuac, abatido el pasado 20 de julio. La mayoría de las acusaciones de los diputados estuvieron basadas en notas periodísticas que relacionaron al funcionario con la organización criminal de Pérez Luna. Sin embargo, sólo representantes de Morena hicieron alusión a la presunta colusión de policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP) con el líder delincuencial, información que publicó Proceso en su edición 2126, en circulación esta semana. Desde las ocho de la mañana se preparó el telón de fondo que sirvió para la comparecencia del morenista: un operativo de seguridad con al menos 150 policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local en las calles de Donceles y Allende en el Centro Histórico, y docenas de periodistas que abarrotaron el salón “Heriberto Castillo” del recinto legislativo. Incluso, 30 camiones con unos 800 manifestantes, presuntamente habitantes de la demarcación, trataron de acercarse al recinto, pero fueron encapsulados por elementos de la SSP en calles aledañas al edificio histórico. El delegado Rigoberto Salgado llegó con dos horas de anticipación al encuentro programado para las 11 de la mañana. Fuentes extraoficiales explicaron que primero buscó entrevistarse con sus compañeros de partido que lo acompañarían en el “calvario” ante la Comisión de Gobierno. El encuentro arrancó en punto. Rodeado con su respectivo equipo de comunicación, el perredista y presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, no podía evitar una ligera sonrisa en el rostro. Salgado Vázquez se veía confiado y los 16 diputados integrantes de la Comisión se mostraron impacientes. Antes de iniciar, un primer reclamó del líder de Morena en el poder legislativo local, César Arnulfo Cravioto Romero, profetizó el desenlace del encuentro. Y es que recriminó un cambio en el orden de participación que dejó a los diputados del PRD con la última intervención en la segunda ronda de preguntas y réplicas. “Nosotros somos el grupo mayoritario en la Asamblea Legislativa y debemos cerrar la comparecencia”, refirió en vano. Fue, justamente la última intervención, la del diputado perredista Iván Texta, con la que se definió -cuatro horas más tarde- el futuro del delegado. Para ese momento, aún no se especulaba nada. Negación “categórica” Se levantó el telón: la palabra la tuvo Salgado Vázquez. El jefe delegacional de Tláhuac insistió en tres puntos. En el primero negó “categóricamente” cualquier vínculo consanguíneo o de negocios con grupos delictivos. Refirió que la información difundida en días pasados por el diario Reforma sobre la supuesta adjudicación de contratos a Patricia Lizet Sánchez Vázquez, Cynthia Nayeli Vázquez Hernández y Jesús Martínez Hurtado para dotarlo de recursos a su campaña electoral mediante la adjudicación directa de 33 contratos por 20 millones 562 mil 186.56 pesos “se apegó a los procedimientos aplicables a la ley”. Y subrayó que no existía conflicto de intereses con los proveedores referidos. En el tema de seguridad -igual que lo hizo la semana pasada en entrevistas con medios de comunicación-, el morenista indicó que no existía una responsabilidad directa de la delegación en esa materia. Insistió en que durante las 450 sesiones en el gabinete de seguridad pública y en más de mil folios enviados a la SSP y al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ya se había tratado el tema. Entonces el perredista Mauricio Toledo reviró. Con actas de nacimiento y de matrimonio en mano señaló “la simbiosis entre crimen organizado y gobierno delegacional”. Detalló: Batuel Beltrán Vázquez fue jefe de Unidad de la Dirección de Operación Hidráulica de su demarcación y es hermano de Edgar Beltrán Vázquez, jefe de sicarios de El Ojos; Nancy Cortés Gutiérrez, expareja sentimental de Pérez Luna, se desempeñó en la Dirección General de Administración; y Griselda Cortés Gutiérrez y Arisel Cortés Gutiérrez, hermano y cuñado de Felipe de Jesús trabajaron en áreas de la CESAC. El remate vino con Cristian Salgado Pérez, quien fue líder coordinador de proyectos A en la Subdirección de Finanzas de la delegación por 11 meses, y a quien también se le relacionó con Pérez Luna. La lluvia de denuncias no se hizo esperar. Uno a uno, los diputados Adrián Rubalcava del PRI, Luis Acevedo del PAN, Javier López Adame PVEM, Nury Ruiz de Movimiento Ciudadano y Juan Gabriel Corchado de Nueva Alianza secundaron lo dicho por el perredista. El papel de los medios de comunicación se hizo presente, puesto que la mayoría de las denuncias estaban fundamentadas en notas periodísticas y revelaciones dadas a conocer en rotativos editados en esta ciudad. Al final de la primera ronda, la diputada de Morena, Minerva Hernández, salió en defensa del delegado y pidió la comparecencia de los secretarios de Seguridad Pública, Hiram Almeida, y de Movilidad, Héctor Serrano Cortés, así como del procurador general de Justicia, Edmundo Garrido, de otros jefes delegacionales, y del mismo mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera. Y es que, en su edición de esta semana (2126), Proceso publicó un reportaje en el que aseguró que la Secretaría de Marina tiene en la mira a mandos de la SSP local por su presunta colusión con la organización de El Ojos. De hecho, agregó que Almeida Estrada aceptó que el área de Asuntos Internos de la policía tiene abierta una indagatoria contra unos 15 mandos. Este semanario averiguó que entre éstos se encuentran el segundo inspector encargado de despacho de la Dirección general de la Policía de Proximidad en la zona oriente, Carlyle Herrera Flores, y el jefe de sector en Tláhuac, Orlando Espinosa Morgan. La diputada Hernández añadió: “Los señalamientos versan en torno a una persona. El tema es linchar a una persona. No importa que el mando único de la policía lo sustenta el jefe capitalino. Se debe hacer comparecer a los demás jefes delegacionales donde ha habido feminicidios, tiroteos y otros crímenes. La seguridad territorial no está circunscrita a una delegación, es un problema de la ciudad”, señaló. Los diputados defendieron a los funcionarios mencionados y refirieron que ya habría lugar para que comparecieran, aunque no sugirieron fechas. Los ánimos empezaron a calmarse y los diputados, incluyendo el delgado, apenas atendían lo que a su alrededor se decía. En imágenes difundidas en Twitter quedó plasmado cómo se distraían con su teléfono y bostezaban. La “buena fe” y las pancartas Un segundo aire llegó con la oportunidad de réplica de Rigoberto Salgado quien se defendió con los argumentos expuestos en un principio. Negó los datos referidos a su domicilio y denunció que las imágenes de su hogar difundidas en medios ponían en peligro a su familia y a las personas que habitan el predio. De la contratación de familiares y personas cercanas a Felipe de Jesús Pérez Luna, refirió que fueron contratadas bajo un principio de “buena fe”. También cuestionó el origen de los documentos presentados principalmente por Mauricio Toledo, pues dijo que tenían un origen “evidentemente ilícito”, ya que por contener datos personales deberían estar al resguardo de la Contraloría General de la Ciudad de México. Los diputados recriminaron que el funcionario delegacional no dio respuesta a sus cuestionamientos. Reiteraron las denuncias y la petición de destitución apareció por primera vez en voz de López Adame, del Verde Ecologista. Salgado Vázquez insistió en que estaba su disposición y que, incluso, pondría en manos de la Procuraduría General de Justicia, si esta lo pedía, su teléfono y computadora personal. En la tercera ronda de preguntas comenzó la guerra de pancartas. Los morenistas acusaron la falta de responsabilidad del gobierno de la capital y los altos mandos de la PGJ presuntamente implicados en la operación de grupos delictivos en la demarcación. Los perredistas y priistas relacionaron por primera vez la administración de Andrés Manuel López Obrador (2000-2006) con el incremento en la violencia. Entonces, César Cravioto, coordinador de la bancada de Morena, levantó una cartulina que sentenciaba: “En este show los únicos actores que faltan son Miguel Ángel Mancera e Hiram Almeida”. Al paso, salió Raúl Flores, líder del PRD en la capital con sus pancartas: “El verdadero crimen organizado se llama Morena” y “La administración de AMLO con el índice más alto en secuestro en la ciudad”. Los reclamos subieron de tono. La comparecencia llegó a su clímax cuando tuvo la palabra Iván Texta del PRD, quien señaló que Morena es “la verdadera delincuencia en la ciudad”. Y agregó: “El Restaurante ‘La Carreta del Pacífico’ es propiedad de su hermana, además era punto reunión de ‘El Ojos’ y el lugar que frecuentaba su director de Finanzas, Alejandro González Malvaez”. Entonces fue cada vez más notorio la dilatación con la que Salgado Vázquez contestaba los señalamientos. Finalmente, alrededor de las 15:30 horas, Texta Solis, soltó: “No me queda más que pedir que ante lo que hemos vivido, ante la absoluta falta de respeto del delegado y las nulas explicaciones frente a todos los cuestionamientos vertidos por los grupos parlamentarios, solicito al presidente de la Comisión de Gobierno de este Poder Legislativo inicie el procedimiento de remoción del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, y a los diputados integrantes de la Comisión Jurisdiccional, realicen todas las acciones necesarias para este fin”. Su sustento fue el artículo 108 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. El delegado de Tláhuac respondió: “Ha quedado demostrado el ánimo, la intensión, la poca posibilidad de construir a partir de algunos diputados. Más allá de atender la problemática, las necesidades de los habitantes de la delegación de Tláhuac tienen el mayor interés en destruir la presencia de un partido; la presencia o la función de un jefe delegacional de Tláhuac es más grande que sus problemas. La gente de Tláhuac tiene paz, tiene gobernabilidad, más allá de que con elementos parciales subjetivos se pretenda construir una verdad jurídica”. Dicho esto, el delegado se puso de pie y abandonó el salón. La conmoción no se hizo esperar. Salgado Vázquez trató de abrirse paso frente a los periodistas que lo rodearon. A la salida del edificio de la Asamblea, los elementos de seguridad aguardaban y un centenar de personas manifestaban su apoyo al delegado con gritos: “Ellos no conocen Tláhuac”. El telón estaba por cerrar. El morenista refirió que no pedirá licencia para separarse del cargo. Sin embargo, aclaró que solamente aceptará una posible destitución si el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, encuentra “elementos suficientes” que vinculen todas las acusaciones que le hicieron los diputados en la comparecencia. El show terminó cuando subió a su auto y desapareció por la calle Donceles. La Comisión Jurisdiccional de la ALDF que analizará la remoción quedó a cargo de Armando López Campa, José Manuel Delgadillo, Israel Betanzos, Carlos Alfonso Candelaria, Mauricio Toledo y la diputada Nora del Carmen Arias. Según mencionaron, en menos de seis meses se tendrá respuesta a la solución.