CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Comité de Cuenca Río Sonora en Ures (CCRS-Ures) interpuso un amparo contra el Congreso de Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich y el ayuntamiento de Ures, por no haber garantizado el derecho de la población a participar de forma directa e informada en el proceso de creación de la Zona Económica Especial para el Río Sonora (ZEE-RS). Mediante ese amparo, el CCRS-Ures --integrado por ciudadanos afectados por el derrame de Buenavista del Cobre, el 6 de agosto de 2014-- solicitó al Juzgado de Distrito de Sonora que, como medidas de reparación del derecho violentado, declare inconstitucional la aprobación de la ZEE-RS. De igual manera, que consulte a los habitantes de Ures antes de que el municipio dé su consentimiento para participar en dicho proyecto, y garantice que las personas de la localidad reciban información accesible, suficiente y oportuna de las implicaciones que conlleva formar parte de la ZEE-RS, a fin de que evalúen si darán o no su consentimiento para participar en la misma. En un comunicado, el CCRS-Ures recordó que el 8 de diciembre de 2016 se presentó ante el Congreso de Sonora la iniciativa para crear la ZEE-RS, bajo el argumento de “crear oportunidades a favor de la región afectada por el derrame en Río Sonora, donde el reto es reactivar la economía, generar empleos, asegurar los servicios básicos y expandir las oportunidades para la vida saludables y productivas de los habitantes, lo que sin duda abonará al desarrollo social. Los integrantes del Comité cuestionaron que el gobierno no diera información ni hubiera consultado a la población sobre los alcances de ese proyecto, sobre todo si, como se argumenta, su objetivo central es reactivar la economía y crear oportunidades productivas para los habitantes de la región. En ese sentido, denunciaron la opacidad con que se ha dado todo el proceso de aprobación de la ZEE-RS en cada uno de los municipios afectados, y expresaron su temor de que los beneficios de este proyecto sean nuevamente para las grandes empresas que, como Grupo México, solamente han explotado los recursos de la región sin que los habitantes se beneficien de las facilidades que otorga el gobierno. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para que entablen un diálogo abierto con los pobladores de Río Sonora, y transparenten todo el proceso de conformación de la ZEE-RS, a fin de que los ciudadanos puedan decidir de manera libre e informada si quieren formar parte del mismo. Destacaron que a tres años de la contaminación del Río Sonora, los ciudadanos agrupados en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) ganaron un juicio de amparo por la contaminación del agua en dos pozos de la región, y han demandado a tres instituciones de salud --ISSSTESON, IMSS y Secretaría de Salud-- por la falta de atención a la población afectada por el derrame. Un fallo dictado por el Juzgado Primero de Distrito del estado de Sonora, relativo al juicio de amparo 834/2015, reconoce que, incluso tomando los datos del Fideicomiso Río Sonora, al menos dos pozos --los de Sinoquipe y La Labor-- presentaban contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos en las Guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud, las cuales establecen valores más estrictos que la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994. Esa sentencia “echa por tierra el discurso oficial del gobierno y la empresa Grupo México, causante del derrame, según el cual ya no existe contaminación en el Río Sonora, lo que ha favorecido que incluso en los últimos dos años se instalen bebederos en las escuelas públicas de nivel básico para proveer agua a los estudiantes, la cual proviene del río sin ningún tratamiento de purificación previo”, puntualiza el comunicado. Y dado que se han detectado niveles por arriba de los valores máximos de metales permitidos en el agua para consumo humano, añade, los CCRS cuestionan si la desatención de las autoridades estatales y federales ha agravado los problemas de salud de la población derivados de consumir agua contaminada. Por lo anterior, los CCRS, acompañados por la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), interpusieron una demanda de amparo contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), la Secretaría de Salud (que opera el Programa de Seguro Popular) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por no haber respondido a diversas solicitudes de información para conocer el estado de salud de los habitantes de río Sonora, y no haberles brindado atención adecuada a su salud. En la demanda presentada, los CCRS señalan que en el escenario de incertidumbre actual generado por la comprobación de contaminación en dos pozos “se ha vuelto urgente contar con un diagnóstico óptimo sobre nuestro estado de salud, el cual al menos debe consistir en la realización de las pruebas idóneas, adecuadas y necesarias para confirmar si sufrimos o padecemos alguna exposición o intoxicación por metales pesados”. Finalmente, recuerdan que la contaminación de ambos ríos fue considerada como el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México, que afectó directamente a 22 mil personas y, de forma indirecta, a otras 250 mil en los siete municipios situados a orillas del río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures, además de que alcanzó la presa desde la que se provee de agua a la ciudad de Hermosillo.