CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Contrario a la población mestiza que habita en las regiones Centro, Tierra Caliente y Zona Norte donde el gobierno estatal, inversionistas y la delincuencia impusieron a sangre y fuego proyectos mineros, una comunidad indígena de la Montaña emprendió desde 2011 una lucha legal para evitar que sus tierras fueran concesionadas de manera unilateral a las empresas trasnacionales. Durante los últimos siete años, los indígenas Me’phaa (tlapanecos), que habitan en la comunidad Júba Wajiín (San Miguel del progreso del municipio de Malinaltepec), y bajo la asesoría legal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, han obtenido dos amparos de la justicia federal que prácticamente dejaron sin efecto el proyecto minero denominado Corazón de Tinieblas en las regiones de la Montaña y Costa Chica. Así como la posibilidad de que el gobierno federal otorgue concesiones mineras a particulares en esa franja de la entidad. Ello debido a que en 2010, la Secretaría de Economía otorgó 44 concesiones a la empresa británica Hochschild y la mexicana Zalamera para explotar durante 50 años el oro de una extensión que abarca el 84 del territorio Júba Wajiín. También, en 2015, la misma dependencia declaró “zona libre para la actividad minera la región Montaña y Costa Chica”. Todo esto, sin el consentimiento de la comunidad indígena que aglutina 20 núcleos agrarios de la Montaña y Costa Chica. En su argumento ante los jueces federales, el pueblo Me´phaa indicó que su batalla no solo es de tipo legal sino por el respeto a su identidad y cosmovisión indígena porque “en los cerros hablamos con Mba’tsún (el fuego); Begóo (el rayo y la lluvia); y Kumbaa (la madre Tierra)”. Es decir, la actividad minera que se pretendía realizar a cielo abierto para extraer oro, acabaría con la herencia cultural de sus antepasados, indicaron. Los abogados de Tlachinollan, señalaron que de esta forma se cancela la posibilidad de que cualquier empresa interesada en la explotación minera pueda llegar y pedir concesiones sobre esos lotes. En todo caso, señalaron, las empresas y el gobierno federal deberán realizar los trámites de concesión, respetando los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos, el derecho al territorio y a la consulta previa que sea libre, informada y culturalmente adecuada, cumpliendo así con los más altos estándares internacionales en la materia, indicaron. El negocio del gobierno y mineras En esta semana, Apro dio a conocer una serie de notas que reflejan la situación actual de la explotación minera en la entidad, donde el gobernador Héctor Astudillo Flores ha fincado su Plan Estatal de Desarrollo en proyectos mineros ubicados en zonas controladas por la delincuencia, que se caracterizan por la producción de drogas, la extrema violencia y el desplazamiento masivo de personas. En estos días, la agencia de Proceso dio a conocer que el mandatario tiene negocios con empresas mineras que se encuentran asentadas en la zona norte como la canadiense Media Luna (Torex Gold), a través del uso de policías estatales como guardias privados, porque considera como “prioritario” garantizar la seguridad de los inversionistas y sus proveedores. Mientras el resto de la sociedad padece los efectos de la inseguridad, violencia que han colocado a Guerrero en los primeros lugares de incidencia delictiva y homicidios dolosos durante los últimos dos años. La dramática situación está provocando la expansión de grupos de autodefensa que son vinculados por el gobierno federal y estatal, como brazos armados del narco, surgidos ante el vacío de autoridad intencional o involuntario. Por su parte, el presidente del clúster minero Alfredo Phillips Green anunció el desarrollo de tres proyectos mineros en esa franja colapsada por el narco, donde destacó la expansión de Grupo Peñoles hacia el municipio de San Miguel Totolapan. Así como la adquisición del consorcio Telson Resources y Reyna Mining de la mina de Campo Morado de Arcelia, que fue cerrada en 2015 por el grupo delictivo La Familia. Ello, a pesar de que informes de la PGR, advierten que el verdadero negocio de esa mina involucra al empresario argentino de negro historial, Carlos Ahumada con el tráfico de uranio hacia China. Ahora, esta es la historia del pueblo Júba Wajiín del municipio de Malinaltepec, lugar enclavado en la región de la Montaña que sigue luchando para que el gobierno, en sus tres niveles, consulte a la sociedad en temas de interés público. Esta batalla ha sido calificada por Tlachinollan como “un rayo contra las mineras” y consideran que los coloca en el epicentro del movimiento nacional de pueblos indígenas contra las mineras, así como el despojo, destrucción y saqueo de recursos naturales. La lucha del pueblo Júba Wajiín El 28 de junio pasado, la Jueza Primero de Distrito, Estela Platero Salado, dictó sentencia dentro del juicio de amparo 429/2016, donde el pueblo Júba Wajiín obtuvo la protección en contra de la Declaratoria de Libertad de Terrenos que consideraba su territorio libre para la actividad minera. Este fallo fue calificado como inédito por los abogados de Tlachinollan, porque “reconoce y garantiza” los derechos colectivos de la comunidad y es la primera vez que a través de la vía judicial se le ordena a la SE dejar insubsistente una decisión del gobierno federal que beneficia a las empresas y perjudica a las comunidad. Con ello se cancela la posibilidad de que cualquier empresa interesada pueda llegar y pedir concesiones mineras sobre esos lotes, y en todo caso, tendrá que hacerlo respetando los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos, el derecho al territorio y a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, cumpliendo así con los más altos estándares internacionales en la materia, consideró Tlachinollan. Este es el segundo amparo a favor del pueblo Júba Wajiín, que durante estos años demostró “convicción, perseverancia y organización comunitaria” para oponerse al despojo, saqueo y devastación de las zonas naturales. La primera sentencia de amparo contra las concesiones mineras en su territorio fue notificada el 12 de febrero de 2014. En ese entonces, el juez de Distrito consideró que el gobierno federal está obligado a garantizar el derecho a la consulta pública del pueblo indígena, incluso en casos en que los minerales son propiedad del Estado mexicano, indica la resolución. Este fallo judicial reconoció que el concepto de territorio que prevé el artículo 13 del Convenio 169 de la OIT es más amplio que el concepto de propiedad sobre una tierra toda vez que comprende el uso y disfrute de los recursos naturales desde la cosmovisión de la comunidad. También, estableció que la relación que mantiene la comunidad de Júba Wajiín con su territorio es de cosmovisión comunitaria y no desarrollo económico como lo plantea el gobierno federal. No obstante, el gobierno federal impugnó la primera sentencia y el caso fue turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los afectados exigieron una revisión de la inconstitucionalidad de la Ley Minera con los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, argumentando que atenta contra el derecho de libre autodeterminación de los pueblos indígenas. Pero las empresas beneficiadas por el gobierno federal se desistieron de sus títulos de concesión y en respuesta, la SCJN decidió sobreseer el amparo y evitó de esta forma, analizar la inconvencionalidad de la normatividad federal, indicó Tlachinollan. El gobierno federal hizo una maniobra jurídica para tratar de dejar firme el proyecto minero de la empresa británica y el 24 de noviembre de 2015, la SE publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Relación de declaratorias de libertad de terreno 02/2015”, donde incluyó nuevamente el territorio Júba Wajiín para volver a otorgar concesiones mineras. Por ello, el 11 de diciembre de 2015, la comunidad indígena interpuso otra demanda de amparo en el Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de Chilpancingo, contra la disposición federal por considerar que se violentó nuevamente su derecho colectivo a la consulta, así como a la propiedad territorial y la protección integral de las tierras indígenas reconocidos por la Constitución y tratados internacionales. Dos años después, la justicia federal volvió a amparar a la comunidad indígena del municipio de Malinaltepec, dejando sin efectos legales la declaratoria de la SE sobre el territorio del pueblo Júba Wajiín. Esta lucha legal de siete años contra gobierno federal y empresas mineras, representa un sacrificio de la comunidad Me’phaa, que estuvo respaldada por el Consejo Regional de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio (CRAADT) de La Montaña y Costa Chica, ante la amenaza que representa la minería a cielo abierto, señaló Tlachinollan. Además, los abogados consideran que el caso Júba Wajiín, impulsa a los pueblos indígenas a mantenerse unidos en la defensa de su identidad, su territorio y los recursos naturales.