Trump, sus generales y el narco en México   

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el desorden que domina en la Casa Blanca por las veleidades de Donald Trump, entre las que tiene marginado a su secretario de Estado, México está a expensas de un mitómano compulsivo que ha encontrado terreno fértil en la docilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La transcripción que reveló el jueves 3 el diario The Washington Post sobre la plática que ambos tuvieron el 27 de enero pasado, cuando Trump apenas llevaba una semana en la Casa Blanca, muestra sin ambages el talante del poderoso millonario hacia México y la defensa retórica por parte de presidente mexicano.

En su momento sólo se conoció que Trump estaba dispuesto a enviar tropas para enfrentar a los bad hombres de los cárteles de la droga en México.

En realidad, fue más que explícito: “Escucha, le dijo a Peña, yo sé cómo son estos hombres. Nuestros militares los van a noquear como nunca lo pensaste. Vamos a trabajar para ayudarte a noquearlos porque tu país no quiere eso”.

Se refirió a los “hombres duros” de la delincuencia organizada y, de frente, le dijo a su interlocutor: “Tenemos la voluntad de ayudarte con esa gran liga… Ellos tienen que ser noqueados y ustedes no han hecho un buen trabajo”.

Así fijó el ánimo de su gobierno frente a la Iniciativa Mérida, que durante una década había marcado la colaboración antinarco entre los dos países.

Centrada en la asistencia técnica y económica para sostener la estrategia de descabezamiento de los cárteles, esa estrategia fue contraproducente para la violencia en México, pero de gran beneficio para Estados Unidos, pues logró una presencia sin precedentes para operar en este país.

Lo que Trump y sus hombres cercanos favorecen es una política de mayor participación de los militares mexicanos en el combate al narco, tal y como ocurrió con el Plan Colombia, antecedente de la Iniciativa Mérida.

El principal responsable de esa tarea fue el general John Kelly, como jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos y quien ahora, como militar retirado del Cuerpo de Marines, es el jefe de gabinete de Trump.

Promotor de una mayor intervención armada en contra de los cárteles mexicanos, Kelly fue al inicio del gobierno de Trump secretario de Seguridad Interior, desde donde estaba operando la construcción del muro en la frontera común.

Trump tiene a otros dos militares en puestos clave que tocan la relación con México. Su asesor en Seguridad Nacional, el general también de la Marina HR McMaster, cuya oficina también tiene al narcotráfico como parte de las amenazas para la seguridad estadunidense.

La misma visión comparte el Pentágono, en donde Trump puso al general James Mattis. Otro militar retirado del Cuerpo de Marines. Conocido con el sobrenombre de “perro rabioso”, participó en operaciones armadas en Medio Oriente, el norte de África y Asia Central, incluidas la Guerra del Golfo, la invasión a Iraq y la guerra en Afganistán.

Al mismo tiempo, Trump mantiene congelado al secretario de Estado, Rex Tillerson, quien debe conducir la política exterior de su país y a quien reporta la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson.

Tillerson debía venir a México en junio pasado, pero en medio de las disputas en la Casa Blanca, canceló su viaje; no obstante ser uno de los países donde Estados Unidos tiene mayor personal en el mundo.

Una red de agencias opera la relación del día a día con México, pero ante el desorden en la Casa Blanca, expresada en renuncias y despidos de primer nivel, vale la pena preguntarse cómo Trump y sus marines pretenden operar en su frontera sur.

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Llegó a este espacio información en el sentido de que la abogada Marina Aguirre Villanueva, del Instituto de Defensoría del Estado, conocida por demostrar las fallas y abusos del ministerio público local en el nuevo sistema de justicia penal, fue agredida la mañana del lunes desde un vehículo en marcha cuando conducía sobre el libramiento que va al Centro de Readaptación Social, conocido como Mil Cumbres.

Le arrojaron botes de cervezas cerrados para hacerle perder el control sobre esa vía rápida. Un presunto atentado que ahora está en manos de la Procuraduría estatal a la que pertenece el Instituto de Defensoría; lo mismo que el ministerio público.

@jorgecarrascoa

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