CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La juez 25 penal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Hermelinda Silva, sentenció a 520 años de cárcel a un hombre como responsable del delito de privación ilegal cometido el 26 mayo de 2013, en agravio de un menor de edad que se encontraba en el bar Heaven, ubicado en la Zona Rosa de esta capital. En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) informó que en la averiguación previa quedó asentado que el día de los hechos se realizó un supuesto operativo en el que llegaron varias camionetas con hombres armados que vestían de civil y llevaban la cara cubierta con paliacates, quienes privaron de su libertad a 13 personas, entre ellas el adolescente. La dependencia aclaró que el proceso del hoy sentenciado se inició previo a la plena entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA), por lo que se desarrolló con base en el sistema tradicional o mixto. El bar Heaven estaba ubicado en la calle Lancaster, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc. Conforme se fue desarrollando la investigación, se supo que los jóvenes “levantados” eran originarios del barrio de Tepito y que algunos de ellos eran hijos de líderes de la organización delictiva conocida como La Unión de Tepito que controla la venta de droga en la zona. Además, se descubrió que el secuestro múltiple fue en una supuesta venganza por la ejecución de un vendedor de droga en un bar de la colonia Condesa un fin de semana antes. Tras múltiples manifestaciones de la gente del Barrio Bravo, en agosto de ese año contra el entonces procurador Rodolfo Ríos Garza y el mismo jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, los cuerpos de las 13 personas fueron hallados en una fosa clandestina del Estado de México. El caso Heaven fue el primer escándalo en materia de seguridad y procuración de justicia que ocurrió en la administración de Mancera Espinosa al frente del gobierno capitalino. La juez que dictó la sentencia es la misma que lleva el caso de los tres detenidos por el multihomicidio de la colonia Narvarte, en el que a dos años de los hechos, sólo una persona ha sido condenada, aunque su defensa legal apeló la decisión bajo el argumento de que la sentencia no tiene pruebas directas en su contra.