CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La problemática de seguridad pública que vive el país demanda de los jueces mayores esfuerzos en la tarea de juzgar, que bajo ningún concepto puede ser usada como pretexto para olvidar el respeto a los derechos que el propio Constituyente ha reconocido a favor de quien se imputa un delito o a quien lo sufre, la víctima. Así lo señaló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, durante la ceremonia de inauguración del Congreso Nacional “La justicia que México necesita: mitos y realidades del Nuevo Sistema Acusatorio”, realizado en el Salón Belisario Domínguez del Senado de la República. “Los jueces son protectores en primera instancia de los derechos de todos, sin adjetivos, ni de los delincuentes, ni de las víctimas, sino de todos, incluyéndolos a todos”, agregó. De acuerdo con el presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), mejorar las condiciones de seguridad del país no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación (PJF), “nosotros cumplimos juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución, y esa labor no la vamos ni podemos abandonar por cualquier crítica”. El ministro presidente de la SCJN señaló que el PJF ha asumido sus obligaciones en el marco del Nuevo Sistema y, sobre todo, de nuestro compromiso por seguir adelante. En la implementación y consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, añadió, la justicia federal ha cumplido cabalmente con la parte que le toca. Como objetivo final, dijo, los jueces buscan la protección de los derechos, sancionando a quien se ha probado su culpabilidad mediante el proceso legal correspondiente, el debido proceso, no antes. Destacó que el sistema acusatorio no es un sistema de prisiones o libertades, es un sistema sustancialmente de protección de derechos fundamentales. “Todos somos respetuosos de las visiones críticas, pues es evidente que aún quedan aspectos por mejorar y es preciso y urgente hacer, como se está haciendo ahora con esta convocatoria, un diagnóstico minucioso que, en su caso, permita identificar las áreas de oportunidad, pero el compromiso es consolidar las instituciones que garanticen que se repare el daño a la víctima y que se castigue solo al que sea hallado culpable en el debido proceso legal, sobre principios ineludibles, como el principio de presunción de inocencia”, puntualizó. De igual manera, ratificó el compromiso y refrendó que el PJF ha continuado con las acciones de consolidación que aseguren la calidad en la oferta de justicia en materia federal, desde estos momentos iniciales y con miras a mantenerla e incrementarla a la par del esperable aumento, tanto en la cantidad de judicializaciones, como con la complejidad de las problemáticas jurídicas que se plantean. Hizo hincapié que en esta etapa, en donde ya existen Centros de Justicia Penal Federal que operan de forma cotidiana en los diversos contextos de nuestra pluralidad nacional, la Política de Seguimiento al Crecimiento y Desarrollo del Nuevo Sistema de Justicia Penal se constituye como un tema estratégico para el PJF, y concretamente para el CJF. Esta política, añadió, está enfocada a la atención pronta y expedita de los usuarios del sistema, garantizando los principios del procedimiento y fortaleciendo la transparencia y certidumbre en la impartición de justicia. Resaltó que en este marco de consolidación ya operan 39 Centros de Justicia Penal Federal distribuidos en todas las entidades federativas e incluso en las Islas Marías. Y remató: A los jueces federales “no nos toca más que cumplir y acatar las obligaciones que nos impone la Constitución y la ley, por la protección de los derechos de todos, de la sociedad, de los inculpados, en especial de las víctimas y en beneficio de México”.