CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gasto en materia de seguridad aumentó 61% de 2008 a 2015, sin embargo, los niveles de violencia en el país mantienen una ruta ascendente y, peor aún, el ejercicio de los recursos ha sido poco transparente, señaló el Laboratorio de Políticas Públicas Ethos. Al dar a conocer los resultados del reporte “Descifrando el gasto público en seguridad”, la coordinadora de la organización ciudadana, Liliana Alvarado, destacó que 2008 –luego de iniciada la guerra contra el narcotráfico– se invirtieron 27 mil 259 millones de pesos, y siete años después, en 2015, el gasto ascendió a 43 mil 957 millones de pesos. En conferencia de prensa, Alvarado precisó que la mayor parte del dinero se destinó a la Policía Federal y al pago de salarios de elementos de esa corporación. Detalló que la fuerte inyección de recursos se reflejó en el crecimiento de la nómina policiaca: 275% entre 2006 y 2015, y los salarios alcanzaron un rango de 15 mil 817 pesos a 20 mil 552 pesos mensuales. Según la coordinadora de Ethos, el crecimiento de la fuerza policiaca y el aumento de los salarios en ese periodo no tuvieron el efecto esperado, pues los índices de inseguridad se mantuvieron al alza, con 15.7 homicidios por cada 100 mil habitantes en promedio, lo que lo coloca a México como “uno de los más violentos del mundo”. A su juicio, los gobiernos del expresidente Felipe Calderón, y ahora de Enrique Peña Nieto, no pudieron regresar a los niveles de paz que tenía el país antes del año 2000. Señaló que, con base en los resultados del estudio, los estados de Colima, Guerrero y Sinaloa resultaron los más violentos en 2016, con 81.6, 61.7 y 38.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente. En contraparte, las entidades de Yucatán, Aguascalientes y Nayarit se ubicaron como los más “pacíficos”. No obstante, informó que las cifras sólo representan “la punta de un iceberg”, puesto que sólo uno de cada 10 delitos se denuncia, “ya sea por desconfianza en las instituciones o porque se considera una pérdida de tiempo. Aun así –apuntó–, esta cifra negra es la más alta del continente”. Otro problema que detectó Ethos es la falta de transparencia del gasto en materia de prevención del delito. Alvarado explicó que luego de que el Programa Nacional de Prevención del Delito dejó de recibir recursos, las políticas de prevención quedaron a cargo de las secretarías federales, pero no está claro en qué consisten, ni el impacto que tienen, además de que hay evidencia de que muchas actividades sólo se “reetiquetaron”. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, que concentra el 53% de ese gasto, indicó que las escuelas de tiempo completo o el Programa Nacional de Becas (Pronabes) formaban parte de las políticas de prevención, los mismo que los programas para disminuir la obesidad y la diabetes, en la Secretaría de Salud. “El análisis muestra que hay algunas actividades cuya relación con la prevención del delito no son claras, así como tampoco se dilucida si fueron pensadas y diseñadas para prevenir el delito o sólo se trata de actividades que realizaban y que sólo fueron reetiquetadas”. Tras dar a conocer los resultados del estudio, Ethos recomendó asignar y ejercer el gasto “de manera inteligente”, como producto de un ejercicio de planeación, e integrar la política preventiva como parte central de la estrategia en seguridad nacional.