CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las amenazas e intimidaciones se han multiplicado contra la familia Lara Navarrete, originarios de Mecatlán, en el municipio de Yahualica, Hidalgo, tras denunciar públicamente el despojo del que fueron objeto y la persecución que la obligó a abandonar su casa y propiedades por un conflicto con familiares del actual presidente municipal, Eustorgio Hernández Morales, del Partido Encuentro Social (PES). La familia acudió a diversas agencias del Ministerio Público, juzgados penales y tribunales agrarios, donde recibieron sentencias favorables después de demostrar que fueron injustamente despojados de sus bienes y obligados a rentar una casa en el vecino municipio de Huejutla. La justicia determinó restituirle a Celedonio Lara todos sus derechos y bienes como integrante del ejido de Mecatlán, además de que se libraron órdenes de aprehensión contra algunos de los responsables de los atropellos contra la familia, mismos que comenzaron en el 2009, según publicó Apro en noviembre del año pasado. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las resoluciones se ha podido ejecutar, por lo que han solicitado la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), e incluso de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). La familia acusa a instancias como el Ministerio Público de Huejutla, el juez de primera instancia en Jaltocan, la Policía Municipal, de negarles el acceso a la justicia. Como ejemplo, en el Ministerio Público su expediente -con el número 795/1/2009- ha pasado ya por tres agentes distintos. Javier Pérez Ramírez lo mantuvo prácticamente congelado durante años, mientras que Gumersindo Islas Badillo lo consignó ante el juez sólo por el delito de despojo y dejó fuera la acusación de robo calificado por la que también se había iniciado la averiguación. Cuando dos técnicos del Tribunal Agrario federal con sede en Tampico –una actuaria y un topógrafo- pretendieron realizar algunas diligencias judiciales en el predio de la familia dentro del proceso 128/2010/43, fueron retenidos ilegalmente por un grupo de personas encabezadas por Celerino Sánchez Martínez, Sixto Navarrete San Juan, Leobardo Hernández Escudero, Apolinar Alvarado, José Gallardo Gutiérrez, Tomás Hernández Morales, Fortino Alvarado Sánchez, Emiliano Herrera Navarrete, Eliseo Coronel Gutiérrez, Marcelo Lara Canales, Arnulfo Lara Pérez, Anastasio San Juan San Juan, Martha García Pineda, Natalia Navarrete Pacheco y Eulogio Castillo. Leobardo Hernández es padre del presidente municipal, y Tomás Hernández, su hermano. Por estos hechos ambos funcionarios del tribunal interpusieron una denuncia penal. El 12 de diciembre 2016 hubo una orden de ejecución por parte del Tribunal Agrario federal con sede en Tampico, Tamaulipas; se solicitó presencia de la policía municipal, estatal y federal, pero estas dos últimas no enviaron personal y fue imposible cumplir con la ejecución. Ante las gestiones realizadas por algunos de los miembros de la familia con funcionarios federales, el asunto llegó a manos del delegado de la Segob en Hidalgo, Homero Galeana, a quien los afectados han insistido en que quieren ser restituidos de sus propiedades –a pesar de que su casa fue casi destruida- y los responsables castigados. El pasado 1 de enero, cuando la familia visitaba el panteón local -refirió Emilio Lara en conversación telefónica con Apro- el propio presidente municipal salió de su domicilio “y nos amenazó de muerte; hubo una persecución a nuestro auto y nos vimos obligados a salir huyendo”. En marzo pasado, el Ministerio Público ordenó medidas cautelares para los integrantes de la familia ante las amenazas en su contra, pero esta orden sólo tuvo efecto durante dos meses. “Se presentó una denuncia ante Derechos Humanos con sede en Huejutla en contra del presidente municipal Eustorgio Hernández Morales, el secretario municipal y juez conciliador por obstruir a la justicia. El alcalde no nos atiende, se ha negado a extender documentación necesaria para la familia en estos procesos”, señaló uno de los integrantes de la familia Lara. Los afectados han tenido que denunciar penalmente la destrucción de su casa y la tala ilegal de una zona arbolada con producción también de su propiedad. “Estamos desesperados; la familia se ha disgregado para buscar el sustento. Si no podemos regresar al poblado, que se pague el daño que se ha ocasionado a nuestra familia”, es su exigencia.