CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cinco años de su entrada en vigor, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), gracias al cual más de 800 mil jóvenes Dreamers -muchos de ellos de padres mexicanos- regularizaron por periodos de dos años su presencia en Estados Unidos, se encuentra en peligro. El programa sufre ataques legales de gobiernos estatales conservadores y sectores antimigrantes de la sociedad estadunidense, mientras la Unión para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) se alarmó hoy de que la administración del presidente Donald Trump podría abstenerse de defender el programa ante las cortes. Según la organización, el abandono del programa “rompería la promesa que nuestro gobierno hizo a los jóvenes migrantes hace cinco años: si salían adelante, pasaban los exámenes de antecedentes criminales y cumplían con otros criterios, tendrían la autorización de vivir y trabajar de manera abierta en el país”. Durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, Trump se comprometió a ampliar la política de deportación de los migrantes en situación irregular en Estados Unidos, principalmente los mexicanos. Si bien permaneció ambiguo sobre la suerte de los beneficiarios del programa DACA, el pasado 15 de junio emitió un memorándum que garantizó la permanencia del programa. Apenas dos semanas después -el pasado 29 de junio-, un grupo de 10 estados conservadores contraatacó: encabezado por el gobierno de Texas exigió, en una carta dirigida al procurador general Jeff Session, la cancelación a más tardar el próximo 5 de septiembre del memorándum que fundó el DACA, emitido por el expresidente Barack Obama el 15 de junio de 2012. Pasada esta fecha, el grupo amagó con reactivar y ampliar una demanda presentada contra el programa en una Corte Federal ubicada en Brownsville, Texas. A través de esta demanda, los estados conservadores lograron cancelar otro memorándum que elaboró Obama el 20 de noviembre de 2014 y que contemplaba la regularización de más de cuatro millones de jóvenes y sus padres. De acuerdo con la ACLU, los estados conservadores encontraron en Sessions un aliado: durante una audiencia en el Senado, el procurador nombrado por Trump declaró que, en su opinión, el DACA era “muy cuestionable constitucionalmente”. Además, la organización recordó que John Kelly -el exsecretario de Seguridad Nacional- insinuó en repetidas ocasiones que la administración de Trump no defendería el programa ante la justicia. “Desde su creación hace cinco años, (el DACA) permitió a cerca de 800 mil jóvenes quienes llegaron a este país como niños de ir a la escuela, apoyar a sus familias, comprar viviendas, participar en sus comunidades y seguir sus sueños”, insistió la ACLU. Ayer, un grupo de 105 académicos de renombre envió una carta a Trump en la que defendió la base legal y constitucional del programa y le advirtió que “las elecciones sobre su futuro constituirían una decisión política, no legal”.