MONTERREY, NL (apro).- La Comisión Estatal Electoral (CEE) desconoció la ley propuesta por la mayoría de PRI y PAN y aprobada en el Congreso de Nuevo León, y determinó que fuera la anterior, aún vigente, la que se empleará para el proceso del 2018 cuando serán elegidos alcaldes y diputados locales. De esta forma, el árbitro de los comicios hizo que prevaleciera la decisión del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, que se manifestó contra las modificaciones que habían propuesto los partidos, con articulados que incluían, entre otras enmiendas, un cambio de diputados de representación proporcional para pasar a la lista de plurinominales. La ley propuesta por las mayorías dejaba sin representación proporcional a las candidaturas independientes en el congreso y demandaba equidad de género en las elecciones municipales, pero únicamente en la conformación de las planillas y no de los candidatos a alcalde de todos los ayuntamientos. Los presidentes municipales que busquen la reelección, deberán separarse del cargo si buscan hacer campaña, se establecía. Tanto el PRI como el PAN se dijeron hoy contrarios a esta determinación y anunciaron que esperarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre el tema, pues creen que la razón les asiste. En un comunicado difundido este martes, la CEE dio a conocer que, por mayoría, el pleno aprobó establecer el 6 de octubre del 2017, como la fecha en que iniciará el proceso electoral, con la celebración de la primera sesión del Consejo General del organismo, para organizar los comicios del año entrante. El pasado 29 de junio, los diputados locales aprobaron en el Congreso estatal la reforma a la Ley Electoral, que fue publicada el 10 de julio en el Periódico Oficial por El Bronco, dos días después de la fecha límite de los 90 días previos que la ley establece para el arranque de las actividades comiciales. El gobierno de Nuevo León señaló entonces, que la propuesta del PRI y el PAN quedaba sin efecto, pues la extemporaneidad de la publicación desechaba su vigencia, aunque los partidos promoventes afirmaron que en la misma ley incluyeron dos artículos transitorios en los que se establecía que entraba en vigor a partir de su aprobación en el pleno y no cuando fueran impresas en el diario de gobierno. Sin embargo, hoy la Comisión Estatal informó que efectuó un análisis para determinar la legislación electoral aplicable y encontró que se usará la publicada en fecha del 8 de julio del 2014, válida para los comicios del 2015 y también para los del 2018. “La CEE concluyó que la norma aplicable para dicho asunto es la establecida en los artículos 91 y 92 de la Ley Electoral para el Estado, que señala que dicha sesión deberá tener verificativo ‘en la primera semana del mes de octubre del año anterior al de las elecciones ordinarias’. El proyecto de acuerdo de la CEE fue aprobado por mayoría, con el anexo de tres votos razonados”, sentenció el órgano electoral. Por su parte, el coordinador de la fracción del PRI en la legislatura nuevoleonesa, Marco Antonio González, se manifestó contra esta determinación y señaló que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien determine quién tiene la razón en la disputa. “Para nosotros, la Ley Electoral es la del 29 de junio, estamos esperando lo que diga la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Federal Electoral en la primera semana de septiembre. Yo me esperaría hasta la primera semana de septiembre, porque la finalmente la decisión de la Comisión Estatal Electoral no tiene el mismo peso que la Suprema Corte de Justicia o el Trife”, dijo el priista. Por su parte, Hernán Salinas, legislador local panista, consideró que, al desconocer la legislación aprobada en el Congreso nuevoleonés, la CEE se toma atribuciones que no le corresponden, pues pretende ejercer un “control de constitucionalidad” cuando, en realidad, es un órgano administrativo que no tiene esas competencias. “Con el argumento que hoy se vota y que ya es público, lo que está haciendo la Comisión es presentar argumentos para desconocer la constitucionalidad de la reforma. Pero se le olvida a la comisión que, como cualquier autoridad administrativa, su potestad es cumplir y hacer cumplir la norma que emite el poder legislativo”, dijo. En un comunicado, la bancada independiente, que encabeza Karina Barrón, respaldó la decisión tomada por el árbitro electoral, pues la que aprobaron los partidos era inequitativa con las mujeres y afectaba a los candidatos sin bandera.