CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenó el asesinato del periodista Luciano Rivera, director de la revista Dictamen y reportero de CNR TV, y demandó al Estado mexicano investigar el crimen con la debida diligencia y esclarecer su posible relación con la actividad periodística. En un comunicado, el órgano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió una indagatoria “completa, efectiva e imparcial” del asesinato ocurrido el 1 de agosto en Playas de Rosarito, Baja California. Asimismo, pidió esclarecer sus móviles y determinar judicialmente la relación que pudiera tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. “Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación”, puntualizó. De igual manera, la Relatoría Especial recordó al Estado que sobre la impunidad de los crímenes relacionados con la libertad de expresión, “es fundamental agotar la línea de investigación relativa al ejercicio de la profesión en casos de delitos cometidos contra periodistas, así como proveer con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas de la investigación de este tipo de asuntos”. Destacó que el mismo día del crimen, la subprocuradora de Baja California, Patricia Ortega, declaró a la prensa local que no había indicios de que el asesinato de Rivera tuviera relación con su labor periodística. Sin embargo, apuntó, antes de su asesinato el reportero de CNR TV publicó denuncias contra la policía local, investigaciones sobre hechos de violencia eventualmente relacionados con el crimen organizado y casos enlazados con la seguridad pública de Playas de Rosarito. En su comunicado, la Relatoría Especial resaltó que tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al “efecto amedrentador” que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación, así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador sólo podrá evitarse, según la Comisión Interamericana, "mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno", apuntó. Y subrayó que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".