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Observatorio Ciudadano pide ampliar plazo para implementar la reforma laboral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los representantes del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral plantearon la ampliación del plazo establecido para la reglamentación del 123 constitucional, artículo que se pretende reformar en febrero próximo, con el fin “de generar el diálogo social y terminar con la opacidad que ha caracterizado hasta ahora el proceso.

“Requerimos al gobierno mexicano para que solicite la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo para el diseño de la legislación laboral secundaria, evitando así continuar con un proceso clandestino, sin transparencia ni garantías de respeto a los derechos de los trabajadores”, alertó el Observatorio.

“Tiempo, necesitamos tiempo, diálogo, necesitamos transparencia y autonomía. Por lo tanto, el tema presupuestal es fundamental y, como se sabe, no se han dado los recursos, lo cual augura una reforma negativa, sobre todo si la están diseñando con los que son parte del problema y no la solución: los empresarios y la CTM, quienes está defendiendo que no se mejoren los salarios”, fustigó el abogado laboralista Arturo Alcalde.

En rueda de prensa, acompañado del abogado Alfonso Bouzas y representantes de organizaciones sindicales nacionales y estadunidenses, como Benjamin Davis, de la AFL-CIO, Alcalde Justiniani comentó que los riesgos de regresar al tripartismo es que intervengan los patrones para continuar con los contratos de protección, que el gobierno controle los registros sindicales, todo ello una violación a los convenios internacionales 87 y 98.

Por eso, afirmó que están impulsando una lucha contra estos cambios, promoviendo la inconstitucionalidad de la creación de este organismo, todo ello “a través de amparos”, agregó.

“En el tripartismo, para ser concretos, nos referimos al órgano descentralizado autónomo que la Constitución señala, con una autonomía incluso más fuerte que la de la CNDH. Autonomía de gestión, autonomía administrativa, de su quehacer, es de una autonomía total”, alertó el laboralista.

El litigante dijo que lo anterior estaba contemplado desde el principio de la reforma laboral, pero “lo preocupante” fue que los empresarios “pidieron meter mano” a la reforma, y “le plantearon al gobierno que debían controlar los registros de los sindicatos y la firma de los contratos de protección”, pues al crear este órgano, con el argumento de que es “de vigilancia”, están controlando al gremio. “Esto es una vacilada”, indicó.

En este caso, explicó, el organismo tripartito está formado por el gobierno, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y los empresarios agrupados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y otras.

“Es contra natura. Con esto se acaba con la reforma laboral y lo convierte en algo peor de lo que teníamos. Entonces, ahora con ellos vamos a pedir un registro sindical para defendernos de ellos, o la titularidad de un contrato colectivo para defendernos de la CTM, o en contra de la firma de un contrato de protección que controlan los empresarios. Es realmente la noticia más negra que nos podamos imaginar y, por esa razón hay que impedirlo”, advirtió.

Alcalde Justiniani destacó que el tema de la reforma laboral está íntimamente ligado a la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), debido a que la CTM y la CROC exigieron que los sindicatos americanos se entrometan en la situación laboral de la clase trabajadora, como los salarios.

El coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Héctor de la Cueva, explicó que la renegociación del TLCAN y la reforma laboral son los dos grandes temas que quiere sacar el gobierno de manera exprés, a través del Legislativo, antes de las elecciones presidenciales del 2018 y “a espaldas de la gente”.

Respecto del tratado comercial, recordó que lo que se está discutiendo actualmente se dijo hace 22 años con las negociaciones del NAFTA, con los mismos actores.

“En efecto, cuando se empezó a negociar el Tratado de Libre Comercio y organizaciones mexicanas nos vinculamos con compañeros de Estados Unidos y las canadienses para defender intereses comunes, vino una campaña del gobierno y del sindicalismo corporativo, al decir que se están aliando a los que están en contra de ustedes porque no quieren empleo en México. Hoy también lo van a decir”, previó.

Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), condenó el “secretismo” del gobierno de Enrique Peña Nieto para avalar reformas privilegiando sus intereses.

“En secreto se renegocia el Tratado de Libre Comercio sin inclusión de los trabajadores. En secreto se intenta reformar la Ley Federal del Trabajo sin inclusión de los trabajadores. Es un ejemplo de la atrofia de la democracia de nuestro país”, deploró.

José Luis Téllez, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), criticó que el gobierno mexicano esté informando sobre estas reformas a los estadunidenses en lugar de a los mexicanos.

“Nos preocupa profundamente que quieran meter por la puerta de atrás nuevamente el tripartismo. Nos oponemos rotundamente. Ha sido un logro histórico de la clase obrera de este país sepultarlo. De ninguna manera vamos a permitir que regrese esa figura”, indicó.

Apoyo al Sitrajor

En la rueda de prensa, Montes de Oca y Téllez, entre otros, manifestaron su solidaridad con la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), Judith Calderón, y el secretario de Organización, Leonardo Mondragón, quienes fueron despedidos hace unos días tras su participación hace un mes en la huelga de ese diario.

En redes sociales circuló un pronunciamiento de abogados laboralistas y sindicatos para repudiar los despidos, acciones que calificaron “como injustificadas, arbitrarias y violatorias de la ley”.

Un verdadero “castigo” por la huelga realizada el 30 de junio, pese a que para su levantamiento se firmó un convenio de no represalias contra los sindicalizados que participaron en el movimiento de rechazo a la mutilación de su contrato colectivo.

“Más aún, condenamos la acción penal que dicho diario ha lanzado contra los mencionados dirigentes y, en el colmo, contra el hijo de la secretaria general del Sitrajor por el ‘delito’ de haber ejercido la huelga y de haberla apoyado (de lo cual nos declaramos también ‘culpables’)”, señalaron.

También lamentaron que La Jornada, que presume de ser un periódico democrático y progresista, atropelle los derechos de sus trabajadores, los criminalice y viole los principios fundamentales del derecho laboral internacional, “llevando al extremo lo peor de las prácticas patronales y del discurso neoliberal. Nada tiene que ver esto con defender la sobrevivencia de La Jornada, propósito que compartimos”, aclararon.

Igual hicieron un llamado a los directivos del diario a “corregir su rumbo”, reinstalar a los dirigentes sindicales despedidos, retirar las acusaciones penales y reabrir el diálogo con el Sitrajor.

Además, aprovecharon el pronunciamiento para expresar su solidaridad con los trabajadores de la hulera Tornell y de la Asociación de Sobrecargos de Aeromar, al tiempo que demandaron “una pronta solución a sus justas demandas”.

Entre las organizaciones que se sumaron al pronunciamiento destacan la UNT, Nueva Central de Trabajadores, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Sindicato Mexicano de Electricistas, Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM, Frente Auténtico del Trabajo, Asociación de Sobrecargos de México, Confederación de Jubilados, Sinactraho, Sutinaoe, STSAANUIES, Sinitinba, Stimhacs, Suntbanobras, SNDRSC, SNDTSC, STAUDG, Sitiems, Siprin, Sintrametlife, SUTUACM, Sndisc, Suntnafin, SDTPDF, Sstinvi, sección 9 de la CNTE y CUT, así como abogados y académicos y representantes de ONG.

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