CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El gasto público debe tener perspectiva de derechos humanos, para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales del país, consideró el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez. De manera particular, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció por el replanteamiento de las políticas económicas, para incidir en la reducción de la pobreza, exclusión y desigualdad. Al participar en la mesa “Legalidad y Derechos Humanos”, dentro del Foro “Prioridades para un Programa de Gobierno”, reconoció que México enfrenta una coyuntura crítica en materia de derechos humanos y en el ámbito de la legalidad, “Existen altos niveles de impunidad, inseguridad, violencia y corrupción, mientras la población no tiene acceso real y efectivo a la justicia, tiene bajos niveles educativos, fuertes carencias sociales y gran número de personas viven en condición de pobreza”, refiere un comunicado de la CNDH. González Pérez apuntó que la violencia lleva implícita la negación de los derechos humanos, así como la falta de cumplimiento y aplicación de la ley, y junto con la impunidad y corrupción, han ocasionado que se altere la convivencia de personas. “México requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias o que generen más violencia”, atajó. “No debemos incurrir en acciones que vulneren o pongan en riesgo el respeto a la dignidad humana y atenten contra los derechos fundamentales. Violencia y descomposición social, sin políticas públicas consistentes que las atajen, difícilmente podrán reducir las desigualdades, la falta de oportunidades y la exclusión vigentes o propiciar el fortalecimiento del Estado de Derecho”. En este sentido, propuso fortalecer la actividad educativa como herramienta de prevención de violaciones a derechos humanos y de afianzamiento de una cultura de la legalidad en el país. En el Foro estuvieron presentes Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, y Ana Lorena Delgadillo, directora General de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. Las participaciones de los expositores fueron comentadas por María Elena Morera, de Causa en Común; Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas; Sergio Aguayo, de El Colegio de México; Gustavo Madero, funcionario del Gobierno del Estado de Chihuahua, Jorge Fernández Souza, Lilian Niembro, Luis Gabriel Castro y Elio Villaseñor.