BOGOTÁ.- El pasado domingo 13, mientras México conocía a través de Proceso las denuncias que involucran al exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, en Ecuador, el exfiscal Galo Chiriboga era “retenido” por la Fiscalía en el aeropuerto de Quito para responder por una acusación que lo liga a un caso de corrupción en la petrolera estatal Petroecuador. Un día después, en Colombia, una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) llevó a la Fiscalía General a iniciar una causa contra los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, por recibir sobornos a cambio de fallos a favor de políticos y congresistas procesados por ese tribunal. A Emilio Lozoya, un exfuncionario de Odebrechet lo acusa de recibir 10 millones de dólares para otorgar contratos a esa constructora. Los expresidentes del máximo tribunal colombiano cobraban hasta un millón de dólares por cada juicio en el que metían mano. Y el exfiscal de Ecuador Galo Chiriboga, según el exministro ecuatoriano de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli –también procesado—, habría recibido un portafolio repleto de dólares. Estos procesos por corrupción tienen en común que comprometen a funcionarios de los tres poderes del Estado –el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial— y a connotados empresarios; que los desfalcos a las arcas públicas suman muchos millones de dólares; y que no se trata de investigaciones realizadas por los aparatos nacionales de justicia, sino que vienen de fuera. De hecho, las fiscalías nacionales –lo mismo en México que en Colombia-- se han visto obligadas a actuar por la contundencia de las evidencias recopiladas en el exterior. En el caso de Odebrecht, que salpica a una decena de países latinoamericanos, la investigación la hicieron la Procuraduría de Brasil y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Procuraduría General mexicana fue, al menos, omisa. Mientras sus pares de Perú, Colombia, República Dominicana, Argentina, Ecuador y Panamá iniciaron procesos penales contra varios presuntos implicados en el entramado de sobornos, en México, el procurador Raúl Cervantes, sólo reaccionó cuando Proceso divulgó los testimonios que incriminan a Lozoya. Algo similar ocurrió en Colombia con los tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia que favorecían a políticos y congresistas investigados por ese tribunal. Se trata de una investigación de la DEA, no de la fiscalía colombiana. Y este organismo judicial actuó luego de que el domingo 13 el columnista de la revista Semana, Daniel Coronell, develó el caso. Los hallazgos de la DEA surgieron en el marco de una investigación contra el fiscal anticorrupción de Colombia Luis Moreno, quien resultó un corrupto que, a cambio de sobornos, hacía favores a políticos en problemas con la justicia con ayuda de sus amigos de la Corte Suprema. Moreno había sido designado el año pasado en ese cargo por el fiscal general colombiano Néstor Humberto Martínez, quien por su pasado ligado a grandes empresas, a la administración pública y a Cambio Radical, un partido político de gran peso en Colombia, con frecuencia se topa con conflictos de intereses en las causas que lleva la Fiscalía. En el asunto de Odebrechet, por ejemplo, resultó que la constructora local Corficolombiana, del poderoso Grupo Aval, fue socia de la firma brasileña y, como tal, participó en los sobornos a funcionarios para obtener contratos de obra pública. El fiscal Martínez ha sido abogado del Grupo Aval y de su presidente, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el segundo hombre más rico del país. Ese antecedente carecería de importancia de no ser porque de Corficolombiana salieron 6.5 millones de dólares para sobornar al exviceministro de Transporte, Gabriel Garcia Morales, a cambio de que este adjudicara a esa empresa y a su socia brasileña, Odebrecht, la construcción de una autopista. Pero el fiscal Martínez sólo llegó hasta el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, quien está bajo proceso. Sarmiento Angulo ni siquiera ha sido mencionado por el fiscal a pesar de insistentes pedidos del senador opositor Jorge Robledo para que el empresario sea investigado. La postura de Martínez parece partir del poco creíble supuesto de que José Elías Melo dispuso por su cuenta de 6.5 millones de dólares para pagar un soborno, sin que su jefe y propietario de la empresa, Luis Carlos Sarmiento Angulo, lo supiera. Este tipo de actuaciones de los encargados de procurar e impartir justicia en América Latina son las que sustentan la generalizada percepción ciudadana de que, además de corrupción, en la región prevalece un sistema de complicidades, intereses y manejo discrecional de la justicia que propicia otro lastre: la impunidad. Es un hecho que la corrupción no hubiera alcanzado estos niveles en nuestros países si no contara con el cobijo de la impunidad. No se sabe, por ejemplo, por qué el procurador general mexicano, Raúl Cervantes, tardó tres meses en citar a declarar a Lozoya –según reveló el miércoles 16 el reportero de Proceso Jorge Carrasco Araizaga-- para que respondiera por las acusaciones en su contra, entre ellas, que comenzó a recibir sobornos de Odebrecht durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en la que era el encargado de los temas internacionales. Raúl Cervantes, el procurador mexicano, es un cercano aliado del presidente Enrique Peña Nieto. Y el fiscal general colombiano, Néstor Humberto Martínez, no sólo ha sido abogado de los más poderosos grupos empresariales del país sino que es una ficha del precandidato presidencial de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Cervantes y Martínez se encontraron el jueves 17 en Puebla durante la Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina. En esa cita, el procurador mexicano dijo que la cooperación entre las fiscalías de los países congregados en Puebla “ha sido clave para descubrir, desarticular y sancionar esquemas de corrupción”. Se refería, desde luego, al caso Odebrecht. Pero México ni descubrió ese entramado de sobornos ni lo desarticuló y, mucho menos, ha sancionado a los responsables. En Venezuela, donde la cuestionada Asamblea Constituyente destituyó el 5 de agosto a la fiscal general Luisa Ortega, ocurre con Odebrecht algo muy parecido a lo que ocurre en México. El nuevo fiscal venezolano, Tarek William Saab, es un incondicional del presidente Nicolás Maduro y nunca ha expresado siquiera su interés de investigar a manos de quién fueron a parar los sobornos por 98 millones de dólares que, según la procuraduría brasileña, pagó Odebrecht en Venezuela. El problema para la cúpula madurista que gobierna Venezuela es que la exfiscal Luisa Ortega, que desde su destitución se convirtió en una perseguida política del régimen, huyó el viernes pasado a Colombia. Desde Colombia, o desde otro país, la destituida fiscal comenzará a hacer públicos sus archivos no sólo sobre Odebrecht y otros casos de corrupción, sino también los de los vínculos del narcotráfico con altos funcionarios y militares leales a Maduro. El mismo viernes, Ortega estableció una comunicación telefónica con la Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina que se realizó en Puebla. Ortega dijo a sus excolegas que la persecución en su contra es por la investigación que desarrollaba sobre el caso Odebrecht. "Tenemos el detalle de toda la cooperación, montos y personajes que se enriquecieron y esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno", aseguró. Según estimaciones del exministro chavista Héctor Navarro, el saqueo de las finanzas públicas durante los años de bonanza petrolera en Venezuela (2004-2014) llegó a unos 300 mil millones de dólares. Nadie ha sido llamado a cuentas por la justicia venezolana por ese desfalco monumental ni por los casos de narcotráfico que han documentado agencias extranjeras y que involucran a altos funcionarios y a militares. En Brasil y en Perú parecen funcionar un poco diferentes las cosas. La Procuraduría brasileña y la Fiscalía peruana gozan de una autonomía que les ha permitido actuar con más celeridad y eficacia frente a la red de sobornos de Odebrecht y otros casos de corrupción. En Brasil, los procesos penales llegan hasta los expresidentes Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff y al actual mandatario, Michel Temer. En Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, están en prisión preventiva como presuntos responsables de recibir sobornos de Odebrecht; el exmandatario Alejandro Toledo es un prófugo de la justicia, y el también expresidente Alan García está bajo investigación, igual que la excandidata presidencial Keiko Fujimori. En Ecuador, la investigación sobre los sobornos de la constructora brasileña llegan hasta el actual vicepresidente Jorge Glas, a quien el exdirector de Odebrecht en ese país, José Conceição Filho, acusa de haber recibido al menos 14.1 millones de dólares a cambio de contratos con el gobierno. El 3 de agosto, el presidente ecuatoriano Lenin Moreno retiró a Glas –un incondicional del expresidente Rafael Correa-- todas sus funciones. No sólo por esa denuncia sino como parte de su distanciamiento con su antecesor y copartidario. La gran mayoría de países latinoamericanos tienen problemas severos de corrupción y de impunidad, dos fenómenos que siempre están asociados. Pero hay naciones que al menos dan pasos claros para sancionar estas prácticas. México no está entre ellas.