MONTERREY, NL (apro).- La Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León investiga las irregularidades que hubo en la construcción de la Torre Administrativa, licitada en el 2007, en tiempos de Natividad González Parás, y construida por la empresa brasileña Andrade Gutiérrez, subsidiaria de la firma Odebrecht, involucrada en un escándalo internacional de sobornos. Sin revelar detalles, el subprocurador, Ernesto Canales Santos, mencionó que desde que llegó a la Fiscalía –en el presente sexenio de Jaime Rodríguez–, se abrió una investigación en varios frentes por la corrupción de anteriores administraciones y las indagatorias llevaron al inmueble que actualmente es usado por oficinas de gobierno. Aunque no lo dijo, las irregularidades encontradas en la obra podrían hacer necesario llamar a declarar al priista González Parás, gobernador de 2003-2009 y quien, en su tiempo, fue señalado por gestionar financiamiento a para la torre que, según dijo, no le costaría al erario “ni un solo peso” (Proceso 1880). “Estamos en la etapa de investigación. Desde el primer día fue una de las denuncias que presentamos. La Torre Administrativa tuvo dos etapas, una de construcción y la de equipamiento. Tan importante una como la otra. La primera fue en el sexenio de Natividad González y la segunda, ya con Rodrigo Medina”, explicó el funcionario en entrevista telefónica. El zar anticorrupción precisó que, en esa primera parte del proyecto, que comenzó a ser erigido en el 2007, en terrenos de Fundidora de esta capital, la licitación fue ganada por la constructora Andrade Gutiérrez, asociada del consorcio que, de acuerdo a investigaciones de prensa, habría pagado millonarias cantidades como soborno al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. “En la primera etapa, ganó la licitación una empresa que hace equipo con Odebrecht en Brasil. Y por lo menos tenemos que asegurarnos de que este no sea otro caso de corrupción de la empresa Odebrecht. Y en eso estamos”, mencionó. Otra de las líneas que sigue la investigación de la Subprocuraduría es para esclarecer por qué el gobierno de Rodrigo Medina, sucesor de González Parás, determinó que la empresa Andrade Gutiérrez fuera excluida de los trabajos de equipamiento, cuando quedó concluida la edificación ubicada en la colonia Obrera, de Monterrey. La Torre Administrativa, que en su momento fue considerada un “monumento a la ineptitud” y “cascarón VIP”, fue anunciada por el gobernador José Natividad González Parás, quien aseguró, a través de la Tesorería Estatal, que la obra no costaría al erario y que sería inaugurada en el 2009. Rubén Martínez Dondé, tesorero del entonces gobernador, dijo, en su momento, que el estado pagaría a Andrade Gutiérrez anualidades de 109 millones, por 24 años hasta aportar un total de dos mil 600 millones. El funcionario dijo que cada año el dinero saldría de los siguientes rubros: 57 millones por ahorros en renta de oficinas; 24 millones por ahorro por pago de servicios y 28 millones de ingresos del estacionamiento contiguo del Parque Fundidora. Al final, la obra tuvo un costo enorme para las arcas estatales: hasta donde se sabe, se aportaron 900 millones de pesos a su edificación, más otros 500 para su equipamiento. Incluso, se anunció que, cuando se pagara, el inmueble pasaría a formar parte del patrimonio estatal. El 11 de enero del 2012, el consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (Cinlac) publicó un desplegado a plana completa en los diarios locales en los que denunciaba la opacidad del gobierno de Rodrigo Medina, por no proporcionar información que había pedido sobre los gastos que generó la torre. Los directivos del organismo calcularon que los más de 900 millones de pesos pagados desde entre el 2009 y el 2012, más unos 300 millones que le inyectó el estado a través de deuda, pudieron haber saldado ya todo el inmueble que, de acuerdo con sus números, tenía un costo estimado de mil 100 millones de pesos, casi la mitad de lo que deberá pagarle el erario a la firma brasileña. El inmueble fue inaugurado en diciembre de ese año, pero hasta que Rodrigo Medina dejó la administración, en octubre del 2015, se le seguían invirtiendo millonarias cantidades en mantenimiento e instalaciones.