CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las invitaciones extendidas a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Secretaría de Gobernación (Segob) no tuvieron efecto: hoy, ningún representante del gobierno federal acudió al Foro Internacional sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI). Cada año, miles de mexicanos se ven obligados a abandonar sus casas, huyendo de la violencia, de la instalación de megaproyectos en sus territorios o de desastres naturales y, pese a la magnitud del fenómeno que se agravó de manera crítica en el país a partir del año 2010, el Estado mexicano aún no reconoce su existencia de manera oficial. Según Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), dentro del “gran catálogo de problemas de derechos humanos” en México, el desplazamiento interno forzado “no ha sido lo suficientemente visibilizado”. Esta es la razón por la cual no existe ni registro sobre víctimas ni diagnóstico nacional, y por ello los datos varían mucho según la fuente. Así, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estimó que más de 35 mil mexicanos eran víctimas de desplazamiento interno forzado el año pasado –Luis Raúl González Pérez, su titular, precisó hoy que se trataba de un “botón de muestra”--, mientras que el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno considera que 311 mil mexicanos se encuentran en esta condición. Según la CNDH, los mexicanos que huyen de sus casas buscan en un primer lugar salvar sus vidas del clima de violencia provocado por la lucha armada entre grupos criminales y autoridades. Pero no sólo esto: comunidades enteras también tienen que abandonar sus casas, despojadas de sus territorios por “megaproyectos” concesionados por los gobiernos a empresas. “Muchos proyectos se siguen haciendo sin consultar a las comunidades, generalmente indígenas, o con consultas deficientes”, señaló Jarab. Durante la ceremonia de arranque del foro, organizado de manera conjunta por el Senado, la CNDH y la ONUDH, González Pérez informó que la institución a su cargo tiene preparado un anteproyecto de ley sobre el desplazamiento interno forzado, que presentará al Congreso “a la brevedad”. La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del recinto legislativo, subrayó que existen reticencias a admitir la presencia del fenómeno, al que definió como “uno de los problemas más grave que tenemos en México”. La legisladora panista recordó que, en la reforma de la Ley de Víctimas aprobada en noviembre pasado, se eliminó el término de “forzado” en el apartado sobre el desplazamiento interno. “No debe de haber temor a la palabra forzada”, abundó González después de la ceremonia, quien reconoció que “el tema delicado es el de la violencia”. Tras subrayar que el tema del desplazamiento interno forzado compete a los gobiernos nacionales, el funcionario deploró que “la ausencia de una política pública integral de reconocimiento es una barrera al acceso a los derechos humanos”. Añadió que la “inseguridad y la impunidad abonan al desplazamiento interno forzado”.