PUEBLA, Pue. (apro).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para pedir al gobierno que encabeza el panista Gali Fayad que emita un informe sobre la operación y mantenimiento del Museo Internacional Barroco (MIB), en el cual se presumen sobrecostos, pagos indebidos e injustificados, y hasta incumplimiento de su objetivo cultural. Al dictaminar una iniciativa presentada por los senadores priistas, la primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales exige además que, en caso de existir irregularidades en esta obra realizada en el anterior gobierno de Rafael Moreno Valle, se deslinden “las responsabilidades pertinentes”. Los senadores priistas señalan que, por los montos de más de 26 millones de pesos mensuales que paga el gobierno poblano al consorcio que obtuvo el contrato de construcción y operación, más 2 millones de pesos que gasta al mes por servicios de mantenimiento y limpieza, el MIB es uno de los museos “más caros del mundo”. Además, advierten que estos pagos se tendrán que cubrir durante 23 años y tres meses, ya que la obra la hizo el gobierno de Moreno Valle bajo el esquema de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), con lo cual se pagarán por este espacio más de 7 mil 200 millones de pesos, sin contar lo que se gaste en mantenimiento y limpieza. Con base en esto último, los senadores indican que existe “una gran opacidad” en relación con las licitaciones realizadas para la contratación de los servicios básicos y para el desarrollo de actividades programadas por el museo. Se indica que sólo se conocen algunos de los gastos que realiza el gobierno estatal por pago de servicios, que sumados a los 26 millones de pesos que tiene que pagar mensualmente por el PPS, no se justifican con el número de visitantes, actividades realizadas y exposiciones programadas para los próximos meses. Los legisladores observan que las cantidades comprometidas en este museo constituyen una de las partes más importantes de la deuda estatal, lo cual vulnera las arcas poblanas y limita la capacidad crediticia para los próximos años, “es decir, se compromete la realización de más obras con mayor impacto social en beneficio de la población”. Aparte hacen referencia a que dependencias del gobierno estatal, como la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, se responsabilizan mutuamente como los que tendrían que estar a cargo de los trabajos de limpieza y mantenimiento, sin que quede claro a quién corresponden esas funciones. Los legisladores recuerdan que para la museografía de este nuevo espacio se recurrió al “saqueo” de otros establecimientos poblanos, como el Museo Bello, la Casa del Alfeñique y la Catedral de Puebla, además de que se pidieron colecciones prestadas del Museo Franz Mayer y alquilaron obras al Museo de Liechtenstein. Igual refieren que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el Informe de la Cuenta Pública 2015, detectó inconsistencias normativas en el proceso de contratación de múltiples empresas, faltas administrativas y sobrecostos en el ejercicio de recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, del cual se aportaron a esa obra 500 millones de pesos a fondo perdido. Se agrega que al hacer la revisión del contrato que firmó el gobierno de Puebla con las empresas La Peninsular Compañía Constructora, Operadora y Administradora Técnica, Promotora de Cultura Yaxche y Concretos y Obra del Pacífico, la ASF encontró anomalías en la contraprestación pactada, pues excedía el monto que se planteó al inicio de la obra. En el dictamen se hace referencia a que el Museo Internacional Barroco es una de las obras en la que más se ha reservado y se ha limitado el derecho de acceso a la información pública que permitiría conocer el uso y destino de los presupuestos asignados. mav